La Junta de Fiscales Supremos expresó su “rotundo rechazo” a la reciente decisión del Poder Ejecutivo de promulgar la Ley 32326, que modifica la ley de extinción de dominio, por considerar que “afecta gravemente” los avances obtenidos hasta el momento en la materia.
A través de un pronunciamiento publicado en sus redes sociales, la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, señaló que el Ejecutivo no ha tomado en cuenta los sustentos, opiniones ni recomendaciones técnicas emitidas por el Ministerio Público y otras instituciones.
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“Con la modificación aprobada se deberá contar con una sentencia firme y consentida, luego de un proceso largo, pues demora mucho tiempo para que recién el Estado pueda iniciar el proceso de intervención en la propiedad o tenencia de activos ilícitamente obtenidos de quienes están siendo procesados por delitos de mucha gravedad, como son corrupción de funcionarios, lavado de activos, delitos contra el medio ambiente y la criminalidad organizada”, expresó.
“Lamentablemente se ha llegado a establecer con esta nueva ley que la acción de extinción de dominio prescribirá en cinco años, cuando antes era indefinido y aseguraba que patrimonios ilícitos no sigan en manos de personas al margen de la ley”, agregó.
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Espinoza también enfatizó que la ley fue promulgada sin respetar los compromisos internacionales asumidos por el Perú a través de las convenciones de Palermo y Mérida, así como los lineamientos establecidos por las Naciones Unidas en materia de extinción de dominio y recuperación de activos ilícitos a nivel internacional.
“Eso nos coloca a nivel mundial como un país en franco y claro retroceso en la lucha contra la criminalidad organizada, anulando la reputación, la buena imagen y el reconocimiento internacional que durante años habíamos logrado”, subrayó.
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“Lamentamos que el Poder Ejecutivo no haya considerado el contexto de elevada violencia e inseguridad que atraviesa nuestro país, perjudicando una vez más, con esta aprobación y promulgación, la lucha contra la corrupción y la criminalidad organizada que flagela nuestro país”, añadió.
En ese sentido, Delia Espinoza apuntó que con esta norma, de los 5.753 casos de extinción de dominio, se afectarán negativamente 2.374 casos.
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“Esto significa que 2.374 delincuentes y testaferros seguirán disfrutando impunemente de sus bienes, de sus ganancias, del dinero obtenido de sus actividades ilícitas, recapitalizando e invirtiendo nuevamente para fortalecer aún más sus organizaciones criminales”, aseveró.
La fiscal de la Nación también advirtió que otro de los “aspectos graves” que genera la promulgación de la nueva ley es que el sistema de administración de justicia “habrá trabajado en vano”, pues el Estado tendrá que devolver propiedades y dinero, y desbloquear cuentas embargadas vinculadas a personas vinculadas a corrupción de funcionarios, lavado de activos, delitos medioambientales y la criminalidad organizada dentro y fuera del territorio nacional.
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“Invocamos al Congreso de la República y al Poder Ejecutivo a recapacitar sobre esta nueva ley, a fin de evitar el retroceso en la lucha contra la corrupción, lavado de activos, el crimen organizado y delitos medioambientales, tal como ocurrió en su momento, y luego de una fuerte campaña impulsada desde el Ministerio Público, sobre la ley que había derogado la ley de detención preliminar judicial en casos de no flagrancia y que felizmente el Congreso decidió restituir, aunque luego de varios meses. En este caso esperamos que sea lo más rápido posible por el bien de la justicia”, acotó.
Finalmente, Delia Espinoza manifestó que desde el Ministerio Público se seguirá luchando contra el crimen en todas sus formas, incluso más allá de nuestras fronteras.
