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Facundo Chinguel: de bases apristas a prisión por narcoindultos

Fiscalía asegura que en su gestión en Comisión de Indulto y Derecho de Gracia hubo conmutaciones masivas a narcotraficantes

Facundo Chinguel: de bases apristas a prisión por narcoindultos

Facundo Chinguel: de bases apristas a prisión por narcoindultos

“¡Soy inocente!”. Fue lo último que se le escuchó al abogado Miguel Facundo Chinguel antes de que fuera metido a la patrulla que lo llevó al penal San Jorge. Era el 27 de junio del 2013. Habían pasado dos meses desde que se denunciara que él era el cerebro detrás de los ‘narcoindultos’.

Su prisión representó un giro radical a su suerte. Durante el segundo gobierno de Alan García, ocupó tres cargos importantes: fue director de Serpost (2007-2011), presidente de la Comisión de Indulto y Derecho de Gracia (2008 y 2010) y secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Derechos Humanos (2008).

Dentro del Partido Aprista fue, a los 18 años, secretario general de las bases escolares; en 1985, líder de la Juventud Aprista; y, ya como abogado, vocal del Tribunal de Ética del partido.

En el 2006, fue candidato al Congreso por el Apra. Hoy Facundo está preso en el penal de Ancón II por los ‘narcoindultos’, acusado de montar una red criminal. Seguirá tras las rejas mientras dure su proceso.

Ayer el fiscal Walter Delgado reiteró el pedido de 17 años de cárcel para Facundo Chinguel. El representante del Ministerio Público sostuvo que él habría recibido entre US$15.000 y US$30.000 por otorgar los beneficios. Dijo que durante su administración se dieron indultos y conmutaciones masivas a delincuentes condenados por narcotráfico agravado: 886 casos.

Facundo y los 13 coprocesados por los ‘narcoindultos’ están acusados de los delitos de asociación ilícita y cohecho. Según la fiscalía, desde que el ex funcionario, preso en el penal de Piedras Gordas, asumió la presidencia de la comisión en enero del 2008, se gestaron los actos de corrupción.

El procurador anticorrupción Joel Segura solicitó a los jueces que se imponga a los imputados el pago de S/.100 millones de reparación por los perjuicios extrapatrimoniales causados al Estado al posibilitar la excarcelación masiva de narcotraficantes.

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