En estos días, León asiste al Palacio Legislativo como miembro de la Comisión Permanente. (Foto: Renzo Salazar/ GEC)
En estos días, León asiste al Palacio Legislativo como miembro de la Comisión Permanente. (Foto: Renzo Salazar/ GEC)
Karla Ramírez Camarena

El documento lleva la firma de la fiscal de la Nación, . En sus primeras líneas, solicita: “Se imponga la medida restrictiva de impedimento de salida del país por el plazo de 36 meses a la investigada ”.

El requerimiento para la integrante de la Comisión Permanente fue recibido ayer en la tarde por la mesa de partes del Poder Judicial.

Justamente, el juez Supremo de Investigación Preparatoria, Hugo Núñez Julca, evaluará este viernes al mediodía el pedido contra León, quien es investigada por los presuntos delitos de cohecho pasivo propio, tráfico de influencias, peculado y organización criminal.

Ávalos tiene como fundamento principal un hecho que hasta el momento no se conocía: el 28 de enero, su despacho decidió que Luciana León pasara a la condición de investigada como presunta integrante de la organización criminal de La Victoria denominada , que habría encabezado el exalcalde del distrito Elías Cuba.

De acuerdo a la fiscalía, León –actualmente con la licencia suspendida en el Partido Aprista– habría sido el ‘brazo político-legal’ de la organización. Por sus gestiones, habría recibido entre S/15 mil y S/20 mil al mes.

—‘La intocable’—

Según la disposición 4 de la Fiscalía Suprema, firmada hace dos días por Ávalos, las investigaciones preliminares han generado “nuevos elementos de convicción que evidencian la presunta comisión de delitos [contra la administración pública-peculado doloso] atribuidos” a Luciana León “en el ejercicio de su función”.

El fiscal anticorrupción Reynaldo Abia empezó las indagaciones, que apuntan a exfuncionarios como el exalcalde Cuba, el empresario Alexander Peña o Betsy Matos, exasesora de Luciana León.

De acuerdo a la disposición de Ávalos, León habría hecho gestiones en al menos cuatro ministerios a favor de La Victoria. En específico, se citan bajo sospecha dos licitaciones públicas. La primera, correspondiente a obras de “Mejoramiento del entorno urbano del Jr. 03 de Febrero”, por casi S/6 millones.

La segunda licitación está referida al “Mejoramiento del entorno urbano del Jr. Hipólito Unanue”, que se logró gracias al financiamiento de la cartera de Transportes. El contrato fue por más de S/12 millones. Esta última obra fue ganada por el consorcio Hipólito Unanue I, integrada por Fussa Group S.A.C. La gerencia general de esta empresa estuvo a cargo de Juan Peña, hermano de Alexander Peña, supuesto financista de Los Intocables Ediles.

Los exministros de Vivienda Carlos Bruce, de Economía Alfredo Thorne, de Transportes Bruno Giuffra y de Defensa Jorge Nieto serán citados a declarar.

—Tres fantasmas—

Dentro de sus considerandos, la fiscal Ávalos decidió “comprender como nuevo hecho [contra Luciana León] el denominado caso de los ‘trabajadores fantasmas’ [...], entre ellos Ricardo Zeta Silva, Ana María Ayala Díaz y Albert Carranza Mosqueira”. Se sostiene que “el dinero correspondiente a sus haberes era entregado a León en sobres chicos amarillos con logo del Congreso”. Esta situación se habría dado desde el 2017.

En este contexto, la titular del Ministerio Público también interrogará a Hernán Morón Peña. Según informó este Diario, fue detenido por robo agravado en agosto del 2019 tras ser contratado como asistente de León.

El pedido de Ávalos para restringir la salida de la exvocera de la bancada aprista al extranjero se sustenta en que “la Corte Suprema de Justicia ha establecido que la prerrogativa de antejuicio político que gozan los altos funcionarios no impide la aplicación de medidas limitativas que restrinjan sus derechos”.

Al cierre de esta edición, Bryan Kabsther, abogado de Luciana León, no aceptó brindar declaraciones.