Fiscal Germán Juárez: “Nadine Heredia va a tener que cumplir su condena en un penal en el Perú. Es cuestión de tiempo”

“Varios me han dicho que les llama la atención. Es un búho con ojos de brujo, ahuyenta a los malos espíritus”, comenta, con una sonrisa, poco antes de comenzar con la entrevista. Fue un regalo que le hicieron sus colegas cuando era fiscal antidrogas en la selva y estaba por reubicarse en Lima para trabajar como fiscal provincial titular en las Fiscalías Especializadas contra el Lavado de Activos.

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Si el propósito del regalo fue “ahuyentar los malos espíritus”, parece haber surtido efecto.

En el 2015, a poco de comenzar como fiscal contra el lavado, se le asignó la investigación del caso de los presuntos aportes ilícitos al Partido Nacionalista. Por entonces, sus protagonistas formaban la pareja más poderosa del país: la primera dama Nadine Heredia y el presidente Ollanta Humala. Una década después y luego de esquivar múltiples vallas jurídicas e incluso políticas, el caso derivó en una condena, aunque con el “sinsabor” de que la esposa del exmandatario haya logrado huir del país gracias a un asilo.

Aún así, el fiscal considera que la sentencia es una reivindicación al trabajo del Equipo Especial Lava Jato y a la tesis que los aportes de origen ilícito a campañas electorales configuran el delito de lavado. Además, está convencido de que, tarde o temprano, los brazos de la justicia peruana alcanzarán a Nadine Heredia, quien por estos días vive en Sao Paulo, bajo la protección del gobierno de Lula da Silva.

-Usted ha estado a cargo del caso del Partido Nacionalista desde hace 10 años, una década entera de su vida y de su carrera. ¿Qué le deja haber logrado una sentencia condenatoria luego de todos estos años?

Ha sido una experiencia bastante provechosa. Sumó a la experiencia que tenía, como fiscal provincial antidrogas, sobre todo en construir estratégicamente un caso para poder litigar y ganarlo en juicio. Me ayudó a tener mayor experiencia y volcarla en todo el personal que viene trabajando conmigo. Pero más que todo, lo que rescato es el trabajo en equipo. Puedo decir que, si se trabajara así, en equipo, en los demás espacios del Ministerio Público, se podrían obtener muy buenos resultados. Somos ocho despachos fiscales en el Equipo Especial Lava Jato y siempre hemos mantenido comunicación interna respecto a la información que cada uno recibía, respecto a los casos que cada uno tiene, (hemos tenido) reuniones para definir estrategias. Nadie ha sido una isla. Todos hemos compartido información. A veces nos reuníamos para nosotros saber qué es lo que tenía cada despacho, quiénes habían declarado, qué es lo que habían dicho, para ver si tenía alguna relación con nuestra investigación, saber por dónde iba determinada defensa, para poder realizar una mejor estrategia, para preparar nuestra teoría del caso. Eso es importantísimo.

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-Al principio del caso, Ollanta Humala era presidente y Nadine Heredia era la persona más poderosa en su entorno. ¿Fue muy difícil sacar adelante el caso en ese momento?

Es verdad. Cuando llego al Subsistema de Lavado de Activos ya existía una investigación, pero en el fondo no la querían llevar. Es más: a un fiscal, cuyo nombre no recuerdo, le encargan la investigación y no la quiso aceptar. Es allí que el doctor Rafael Vela (por entonces coordinador de las Fiscalías contra el Lavado de Activos) me llama, me encarga el caso y lo asumo. Ollanta Humala era presidente y Nadine Heredia era primera dama: lógicamente, había recelo de poder investigar a personas que estaban en el poder. Para mí fue una experiencia nueva, nunca había tenido un caso de esa envergadura.

Comencé por lo más básico: tomar declaraciones de las personas consignadas como como aportantes ante la ONPE. Y cuando estas comenzaron a negar sus aportes, fui armando un caso. Eran sospechas iniciales de que había algo irregular, que se consolidan cuando se acumula con otra investigación a la señora Heredia sobre sus contratos y el dinero que había venido de Kaysamak (empresa venezolana). Ya se podía establecer que había dinero no debidamente justificado y dinero metido al circuito económico que se trataba de justificar con contratos ficticios. Se podía avizorar un caso, solo había que establecer las líneas de una actividad criminal previa. En eso se trabajó y se consolida cuando hay un acercamiento con Odebrecht para una colaboración eficaz. Jorge Barata habla por primera vez y señala que le habían dado US$ 3 millones a Ollanta Humala. Allí empieza el derrotero final, que sabía que iba a terminar con una acusación. Pero fue difícil porque Ollanta Humala era presidente y tenía su disposición a la policía. Era difícil encargarle las investigaciones a una unidad policial, sabiendo que se podía filtrar la estrategia fiscal. Y también tenía que cuidarme, porque sabía que querían buscarme algo negativo para hacer un escándalo y sacarme del caso. Fue una situación bastante difícil, porque prácticamente tuve que dejar de lado las reuniones sociales, cuidarme: de mi oficina a mi casa y de mi casa a mi oficina. Eso me tocó en lo personal, en lo familiar. Había que cuidar eso y hasta ahora lo hago.

-¿Era un caso que nadie quería tomar?

Era un caso en que, como se dice, las papas quemaban y no lo querían tomar, justamente porque se trataba de un político, un presidente. Tenía el respaldo del Partido Nacionalista a nivel nacional, tenía prensa que lo defendía, partidarios que lo defendían, congresistas que lo defendían. Era difícil realizar una investigación sabiendo lo que se te podía venir.

-Ahora que ya se leyó la sentencia completa y se les notificó, ¿qué pruebas fueron determinantes para que los jueces terminen dictando una condena por este caso?

En primer lugar, los testigos que ofrecimos y que negaron sus aportes en la campaña 2006 y 2011. Eso fue vital y (los jueces) lo remarcaron muy bien en la sentencia. La perito de la Unidad de Inteligencia Financiera también fue fundamental, porque estableció el dinero que vino de Kaysamak, las cuentas, los depósitos de manera estructurada a las cuentas de Nadine Heredia. Los testigos que declararon para establecer indicios de una actividad criminal previa: Martín Belaunde Lossio y su abogado Jorge Chang Soto; Juan Carlos Rivera Idrogo, quien manejó la pauta publicitaria de las campañas. Otro testigo, Chávez Alcántara, que estuvo en Venezuela, y habló sobre el contacto que les hizo con Hugo Chávez; las declaraciones de Eduardo Sobenes y Jorge Paredes sobre contractos ficticios.

Por otro lado, los testimonios que se leyeron de los exejecutivos de Odebrecht: Marcelo Odebrecht, Jorge Barata, Luiz Antonio Mameri y dos ejecutivos de la División de Operaciones Estructuradas. Fueron determinantes para establecer cómo vino el dinero, que vino de un pedido del Partido de los Trabajadores (de Brasil) y que vino de la División de Operaciones Estructuradas. Eso fue fundamental porque queda establecido porque queda establecido que ese dinero era ilícito.

-¿Y se pudo establecer adecuadamente el origen ilícito o la presunción del origen ilícito del dinero? Desde un sector jurídico, esa era el aspecto más criticado de la acusación.

Claro. Ha quedado zanjado porque el colegiado, con muy buen criterio, toma en cuenta la casación que ya había determinado que para establecer la actividad criminal previa (en el delito de lavado de activos) no se requiere de una certeza, que esté debidamente probado, sino que basta que existan indicios razonables de una actividad criminal previa, de manera genérica, sin que se llegue a establecer cómo o qué delito en específico se habría cometido y que habría generado los activos que se introducen al sistema económico.

El colegiado hace un razonamiento con las pruebas actuadas en el juicio y llega a establecer que había una actividad criminal previa, que había venido dinero ilícito para apoyar las campañas del 2006 y 2011 (…) Es así que ahora los abogados que salen en la prensa o que defienden en estos casos ya no van por ello, sino se están yendo a cómo podían los imputados tener conocimiento de que ese dinero era ilícito. Ahora ya no critican tanto la actividad criminal previa o que esto no es lavado (…) Creo que en la sentencia, se llega a establecer, a través de prueba indiciaria, que ese dinero que vino tanto de Venezuela como de Brasil era un dinero ilícito, a raíz de los diferentes testimonios.

-Para usted ya quedó zanjado que los aportes de campaña sí pueden ser lavado de activos.

Sí, quedó zanjado. Con esta sentencia, para mí, quedó oleado y sacramentado. En una sentencia casatoria previa esto ya se decía, una casación de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema. Ahí quedó bastante claro (…) Para mí, esta (la del caso del Partido Nacionalista) es una sentencia ejemplar, por cuanto se condena por primera vez a un candidato o a un expresidente por haber recibido dinero ilícito para una campaña electoral. Creo que ese puede ser el derrotero para las otras investigaciones que se vienen realizando de similar forma.

-Este caso tiene similitudes y conexiones con el Caso Cocteles. ¿Esto anticipa un resultado similar si ese caso también llega a una sentencia?

Esta sentencia ha dado las bases que se tendrán en cuenta para el Caso Cócteles, que es muy similar porque ahí también se ha establecido que vino dinero a través de Odebrecht para apoyar la candidatura de Keiko Fujimori. Y se ha establecido, con los mismos testigos, que ese dinero que venía a través de la División de personas era dinero ilícito. Desde ese punto de vista, el Caso Cócteles va a tener el mismo derrotero, con las peculiaridades y circunstancias que le corresponden a la actuación de cada persona. Lo mismo para todos los partidos que han recibido dinero ilícito (…) Es por eso que nos atacan, porque investigamos situaciones ilícitas en que está metidas partidos y políticos conocidos. Los fiscales no podemos ponernos de espaldas a una situación que amerita investigar a profundidad para ver si hubo dinero ilícito. Es necesario porque después, cuando llegan al gobierno, tienen que ‘devolver’ el favor recibido.

-¿Con la sentencia completa también quedó claro por qué se ordenó la ejecución de la pena inmediata?

No, porque no hay no hay necesidad de pronunciarse, no es parte de la investigación. Pero no es el primer caso en que este colegiado da una sentencia y la ejecuta inmediatamente. En el caso Bonos Soberanos también que también se dictó sentencia condenatoria, hubo un adelanto de fallo y quedó detenido Samuel Campusano. Eso se hace por las circunstancias del caso, la gravedad de los hechos y la gravedad de la pena. Porque si vas a esperar a que se notifique o a que se lea íntegramente, las personas fugan y no se presentan para la lectura de sentencia. Eso es por lógica y no está prohibido, de acuerdo con la a la norma procesal.

-¿Ya decidieron si van a apelar alguno de los extremos de la sentencia?

Lo estamos evaluando. En líneas generales, la sentencia está debidamente motivada con relación a que se ha llegado a establecer la responsabilidad penal; pero estamos evaluando por cada acusado. De repente, sí existe la posibilidad respecto a alguno de los acusados del que no se haya evaluado este correctamente las pruebas actuadas en el juicio. Podría ser el caso de Antonia Alarcón, por la adquisición de una casa, por la venta de un terreno, que para nosotros fue ficticia o sobrevalorada para comprar un departamento, después vender ese departamento y con esa venta nuevamente comprar una casa. Pero lo estamos evaluando. Si lo hacemos, sería solamente en determinados extremos o algún extremo de la sentencia, porque en líneas generales esta está arreglada la ley.

-Ahora bien, ¿resulta agridulce esta sentencia por el hecho de que Nadine Heredia, una de las principales acusadas, terminó huyendo de la justicia con un asilo

Sí, es un sinsabor que se escucha, sobre todo por parte de la población, en el sentido de que se habría sustraído la acción de la justicia; pero considero que tarde o temprano los brazos de la justicia van a llegar y esta persona va a tener que cumplir su condena en un establecimiento penitenciario en el Perú, es cuestión de tiempo, nada más. Ahora se encuentra protegida por un gobierno que, para mí, está vinculado con estos hechos que han sido materia de condena: el del Partido de los Trabajadores, que lidera el hoy presidente Lula da Silva, quien le ha tirado un salvavidas a la señora Nadine Heredia para que pueda escaparse, fugarse del país y esté allá, pasando sus días en libertad cuando debería estar acá, cumpliendo una condena por los actos ilícitos que cometió junto con su esposo.

Al menos uno de ellos está ya en un establecimiento penitenciario. Se que van a impugnar (la condena) y en segunda instancia se litigará nuevamente, pero estamos seguros que en segunda instancia se va a confirmar esa sentencia. Con lo relacionado a Nadine Heredia, queda una experiencia amarga en ese sentido, pero estoy seguro de que cuando acabe el gobierno de Lula da Silva, las circunstancias actuales van a tener que cambiar.

-¿Qué falló en el sistema judicial peruano para que finalmente Nadine Heredia pueda evadir la justicia como lo hizo? ¿O por el apoyo de un gobierno como el de Brasil esto era inevitable?

No, es que tanto en el Poder Judicial como el Ministerio Público actuamos de buena fe y de manera objetiva. Ella estaba con un mandato de prisión preventiva junto con Ollanta Humala, el Tribunal Constitucional lo revocó y afrontaron su proceso en libertad. Ella venía cumpliendo sus reglas de conducta y conectándose al a las audiencias. El día previo al adelanto de fallo, presentó un documento indicando que no podía conectarse porque estaba con descanso médico. La buena fe hizo que no se extremaran más allá las medidas. Lo que cabía, en todo caso, era pedir una prisión preventiva; pero no se daban las condiciones para esa solicitud, estaba ya con un impedimento de salida del país. Tampoco podía ordenarse su detención sin que se haya leído el fallo. Entonces, las condiciones favorecieron a que la señora, en unas horas, se fuera a la embajada de Brasil.

-¿Se aprovechó de la buena fe del sistema judicial?

Claro, porque nosotros actuamos este de buena fe. Esa buena fue traicionada por esta persona, lo que no hace más que evidenciar su accionar doloso para sustraerse y hacerse ver como una perseguida, lo que no es.

-Usted ha comentado que era inevitable que el gobierno dé el salvoconducto para que ella vaya al país que le dio el asilo, pero no sé si el gobierno peruano pudo hacer algo más, a nivel diplomático, para desmentir que ella sea una perseguida política…

Eso es lo que yo he criticado: la actitud genuflexa que ha tenido este gobierno de darle de una manera célere el salvoconducto para que ella pueda salir del del territorio peruano, sin hacer ninguna protesta. Con toda razón debieron haberla hecho, porque era de pleno conocimiento que ella no era una perseguida política. Debieron haber dejado bien en claro que, si bien otorgaban el salvoconducto, ella no era ninguna perseguida política, que había afrontado un debido proceso con derecho a la defensa durante los tres años que duró este juicio, pero no lo hicieron. Muy por el contrario: de manera permisiva, inmediatamente le dieron el salvoconducto, cosa que nunca se ha visto acá en nuestro país (…) La cancillería debió, al menos, pedir información al Poder Judicial para ver cuál era la situación jurídica de Nadine Heredia, porque ella tenía un impedimento de salida. Sin embargo, no lo hicieron. Allí están las cosas, estoy seguro de que la historia los va a juzgar.

-¿Se pudo advertir antes, durante el juicio, una interferencia en este proceso del gobierno de Brasil o del tribunal supremo, que tiene vínculos con el gobierno?

Claro que interfirieron. Ollanta Humala contrató a un abogado en Brasil para interponer un recurso para que los exdirectivos de Odebrecht no declaren (en el juicio), diciendo que había prueba ilícita, cosa que no se había decidido acá en Perú. Es así que se frustraron tres veces las declaraciones de estas personas. Por esos se prescindió de sus declaraciones. Quien intervino fue el juez supremo Dias Toffoli. Ahí era donde se entrampaban las asistencias judiciales. Lo que se dice es que este juez fue abogado de Lula da Silva cuando este estuvo investigado o procesado en Brasil. Es por eso que se dio esta situación de traerse abajo todas las investigaciones del Caso Lava Jato en Brasil, con este juez supremo.

-En una entrevista brindada a El Comercio, el senador y exjuez Sergio Moro dijo que la justicia peruana debería pedir la extradición porque el asilo se podría revertir luego de las elecciones presidenciales del 2026. ¿Lo van a hacer?

Sí se puede pedir la extradición. Eso implica un trámite a través de la Corte Suprema, a través de la Cancillería, pero como están la situación en Brasil, mientras siga el gobierno de Lula da Silva, esa extradición va a caer en saco roto. Pienso que es necesario saber previamente qué presidente a asumir en Brasil. Cualquiera que sea, menos Lula Silva, estoy seguro de que si se gatilla una extradición, sí va a proceder.

-Entonces, si piden la extradición, ¿va a ser luego las elecciones en Brasil?

O puede ser antes, que se vaya se vaya tramitando con tiempo. Pero como están las actuales circunstancias en Brasil, lo veo un poco difícil.

-Me decía que tarde o temprano el brazo de la justicia va a alcanzar. ¿Cuál es el camino para llegar a ese escenario?

A través de una extradición o de repente que otro gobierno llegue a Brasil y la expulse, diciendo que ella no es una no es una perseguida política ni le corresponde un asilo humanitario.

-De todas formas, ¿sienten que esta sentencia es una reivindicación para el trabajo del Equipo Especial Lava Jato?

La podría llamar un premio al esfuerzo. Hemos demostrado, que (este caso) no fue un gasto innecesario, como algunos trataron de hacer ver. (La sentencia) nos da la razón, nos reconforta respecto a que todo el trabajo que venimos haciendo no ha sido en vano. ¿Una reivindicación? Creo que sí, porque hemos sido vapuleados, criticados por periodistas, políticos, empresarios que pensaban de que esto era una persecución política y se ha llegado a demostrar que no es así. Se nos criticaba que no había acusaciones y hubo acusaciones; luego que no había sentencias y ahora hay cuatro sentencias condenatorias logradas por el equipo especial. Esto le da una respuesta a aquellos que decían que el equipo especial había fracasado. Muy por el contrario, el equipo especial viene teniendo éxito y los demás casos que ya están en juicio o en control de acusación van a tener el mismo derrotero: obtener sentencias condenatorias. Lo único que yo pido a la población es que crea en las instituciones. Estas sentencias no hacen más que decir que todos somos iguales ante la ley, sean políticos o empresarios, cualquier persona que cruce la línea y cometa un delito, creo que ya sabe lo que le espera.

-¿Qué otras acusaciones de su despacho están en juicio o en control judicial?

En el juicio del expresidente Martín Vizcarra ya estamos terminando las pruebas testimoniales. Estamos en peritajes, luego vendrán las pruebas documentales, después quizás la prueba nueva y los alegatos de clausura. Calculo que a mediados de junio podríamos estar acabando. Otro caso en juicio es el de Vía Evitamiento Cusco, donde es procesado el exgobernador Jorge Acurio Tito Todavía estamos en etapa de testimonios y, como es un caso complejo, no podría decir cuándo terminaría, pero creo que se estará dando una sentencia en este año. Otros es el del Club de la Construcción, donde ya hemos acusado y estamos esperando fecha para el control de acusación. También está el caso de César Villanueva, está en control de acusación por los proyectos Sisa Coñunbuqui.

-El caso de Vizcarra es el más avanzado, ¿siguen confiando en que terminará en una condena?

Considero que va a ser una sentencia condenatoria. Cuando nosotros formulamos una acusación es porque tenemos un caso concreto, tenemos los medios de pruebas que van a acreditar la responsabilidad penal. Por eso estamos seguros de que vamos a tener una condena a raíz de los medios de prueba que hemos ofrecido y que se están actuando en el juicio.

-Una de esas pruebas que se actuó en juicio hace poco fue esta pericia que revela que en los meses posteriores a las supuestas entregas de coimas, Vizcarra prácticamente no sacó dinero de sus cuentas de sueldo como gobernador. ¿Qué valor le dan ustedes a esa prueba?

Las peritos examinaron esas cuentas y establecieron que, sobre todo la cuenta donde le depositaban (su sueldo), no habían tenido movimiento. Lo que interpretamos es que, si esta persona no movía el dinero que le depositaban como producto de su trabajo, vivía de otras entradas de dinero, que eran las coimas que le venían dando en los proyectos de Lomas de Ilo y la ampliación del Hospital de Moquegua. Esto abunda como un indicio más respecto a lo que hemos establecido: que habría solicitado este dinero para otorgar la buena pro. Si no, ¿de qué vivía?

-Vizcarra y sus allegados vienen diciendo también que él es un perseguido político, lo cual suele ser la antesala par que un político pida asilo. ¿Le preocupa que pueda suceder con él lo mismo que con la señora Heredia?

Esa es una posibilidad que preocupa. Se van a tener que extremar las medidas de seguridad antes de la lectura de sentencia. Vamos a ver cuál será su conducta procesal al final del juicio para ver qué medidas pueda adoptar el Ministerio Público o solicitar alguna medida de aseguramiento para evitar una fuga, o que vaya a un consulado o una embajada para asilarse porque supuestamente es un perseguido político, lo cual no es. Él viene afrontando un proceso de manera transparente, limpia, donde existe el derecho a la defensa y un abogado lo que lo viene defendiendo. Se trata de un proceso ordinario, normal, no se puede hablar de una persecución política. Ahora los acusados que vienen afrontando juicios o procesos penales recurren a esta figura de la persecución política para poder buscar posteriormente un asilo; pero espero que en este caso no sea así.

-¿Se refiere a pedir su detención antes de la sentencia?

Hay medidas. No olvidemos que él ya tiene un impedimento de salida (…) Cuando se gatilla la medida más gravosa, una prisión preventiva, deben tenerse los presupuestos y uno de ellos es el peligro de fuga. Si se llega a advertir ese peligro de fuga, no le quedaría más remedio al Ministerio Público que pedir una prisión preventiva.

-El juzgado que dictará esa sentencia hace poco dictó otra por el Caso Odebrecht: le dio 35 años de prisión al empresario Rómulo Peñaranda, pero suspendió la ejecución de la pena hasta que se confirme en segunda instancia. ¿Podrían decidir lo mismo en una eventual condena a Vizcarra? ¿Declararlo culpable, pero que no vaya a prisión?

Puede ser, es una facultad que tiene el juzgado. Por lo general, se hace efectiva la pena cuando supera los seis u ocho años. En ese caso, creo que no se hizo efectiva por la edad que tiene el sentenciado. Tengo entendido que tenía ya 80 años, pienso que fue por la edad.

-En el caso de Vizcarra, si hay una condena y es mayor a los seis años, ¿debería ejecutarse de inmediato?

Yo voy a solicitarlo. Ya depende del colegiado si es que la hace efectiva o espera que sea confirmada por una instancia superior para que sea efectiva, es su potestad. Pero en este caso, el Ministerio Público lo va a pedir.

-Usted es el fiscal que investigó y acusó en el Caso Club de la Construcción. El señor Vizcarra suele decir que la acusación en contra de él es una venganza porque él fue el que denunció la existencia del club cuando era ministro. ¿Eso es verdad?

Gracias por esa pregunta, porque siempre me han dicho eso y siempre se lo escucho decir. Eso es una gran falsedad, porque el caso del Club de la Construcción nace a raíz de la colaboración de Odebrecht en el 2017. El colaborador Renato Ribeiro Bortoleti (exdirector de contratos de Odebrecht) es el que habla y dice de que había un club de la construcción, donde las empresas este se repartían las obras que salían a través de Provías. Es ahí que nace la investigación, no nace con la denuncia de Vizcarra. Él, cuando ya existía el caso, habrá salido a hablar, pero cuando fue ministro de Transportes no denunció al Club de la Construcción.

-¿No hubo una denuncia de la Procuraduría del MTC? O en todo caso, ¿lo que él haya denunciado no aportó a la investigación usted llevó?

No, no. Ya existía el caso. En ningún momento él hace una denuncia expresa o por escrito respecto al Club de la Construcción. No lo hay. Eso es falso. Lo digo en todas sus letras: es falso. Esta investigación nace a raíz de una denuncia, en su colaboración eficaz, de la empresa Odebrecht. Ahí nace. Así que lo que él dice el señor es falso.

-Y eso de que los colaboradores se están vengando de él porque él denunció el club también sería falso, ¿no?

No, más bien, ellos no querían denunciarlo porque tenían temor a que él tomara represalias siendo ministro. Ellos tenían acreencias el Ministerio de Transporte tenía que pagar por las obras que venían haciendo. Si ellos denunciaban esa situación, ¿cómo iba a quedar esos pagos que tenían que hacerles?. Es por eso que no denunciaban a Vizcarra. Posteriormente, cuando vieron que la situación iba avanzando más y que en cualquier momento ellos se iban a ver involucrados, no les quedó otra cosa que denunciar los hechos de manera clara, pero aportando información, documentación que acreditaba sus dichos. Entonces, lo que dice el señor Martín Vizcarra, en ese sentido, es falso.

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