El Ministerio Público abrió una investigación preliminar contra el fiscal superior Rafael Vela, coordinador del equipo especial para el caso Lava Jato; la procuradora pública ad hoc Silvana Carrión y su antecesor, Jorge Ramírez Ramírez. Esto por los presuntos delitos de organización criminal, encubrimiento real y otros, por el Caso Odebrecht.
La investigación está a cargo del fiscal supremo provisional José Fernando Timarchi Meléndez, de la Fiscalía Suprema Especializada en delitos cometidos por Funcionarios Públicos.
Timarchi indagará si Vela, Carrión y Ramírez encubrieron a la constructora brasileña Odebrecht mediante el acuerdo de colaboración eficaz suscrito en el 2019.
La investigación responde a una denuncia interpuesta por los abogados José Luis Francia y Luis Alberto Pacheco Mandujano. El primero es defensor legal del empresario Gonzalo Monteverde, prófugo de la justicia por el Caso Odebrecht.
La denuncia de Francis y Pacheco también fue formulada contra la fiscal suprema Zoraida Ávalos, por su actuación como exfiscal de la Nación; y los fiscales provinciales José Domingo Pérez y Diana Canchihuamán Castañeda, miembros del equipo especial para el Caso Lava Jato.
Una fiscalía superior penal se encargaría de las indagaciones contra Pérez y Canchihuamán.
De acuerdo con la denuncia, “los fiscales y procuradores acordaron otorgarle a los funcionarios de Odebrecht inmunidad/impunidad procesal en los casos en que no admitieron responsabilidad”.
La denuncia también señala que los fiscales “habrían violado la normativa peruana” en los casos contra el expresidente Ollanta Humala; la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori; el empresario Gonzalo Monteverde y el denominado “Club de la Construcción”.
El fiscal supremo Timarchi estableció un plazo de 90 días para realizar la investigación preliminar.
Planea interrogar a Ramírez, Carrión y Vela el 14, 18 y 20 de febrero, respectivamente. En tanto, los denunciantes, Francia y Pacheco, darán su declaración testimonial el 11 de febrero.
Entre otras diligencias, el fiscal supremo solicitará una copia certificada del acuerdo de colaboración eficaz con Odebrecht, así como oficios, resoluciones y actas fiscales relacionadas con el caso.
El fiscal José Domingo Pérez se excusó de responder interrogantes de El Comercio debido a que no cuenta con autorización de la fiscal de la Nación, Delia Espinoza. No obstante, señaló mediante un mensaje: “Resulta paradójico que en la actual gestión del Ministerio Público los persecutores de la corrupción del Lava Jato; es decir, los fiscales y procuradores, se están convirtiendo en los perseguidos de los abogados que defienden a los investigados y acusados de la corrupción del Lava Jato”.
Vela también respondió a este Diario que no tiene permitido declarar, pero precisó: “Estoy evaluando hacerlo a pesar de la prohibición de la directiva de la Fiscalía de la Nación, porque sería parte de mi derecho a la defensa”.
Por último, Carrión nos remitió un texto en el que asegura que se trata de una denuncia “que tiene una evidente mala fe”.
La procuradora ad hoc destacó que la denuncia fue planteada por abogados de investigados que actualmente están prófugos de la justicia, en referencia a Gonzalo Monteverde y su esposa, María Isabel Carmona Bernasconi. “Se trata de dos investigados que tienen un interés directo y manifiesto en que el acuerdo con Odebrecht y todo lo que hay en torno a él sea cuestionado, ya que ello beneficia a sus patrocinados”, agregó.
Carrión dijo confiar en que las explicaciones que se brinden a la Fiscalía harán que la denuncia se archive pronto “porque no tiene ni pies ni cabeza”.
“Es una denuncia mal planteada en la que se debió buscar más información antes de hacerla. Es más, un delito que los señores han denunciado, como es el de prevaricato, ya fue rechazado de plano por la Fiscalía respecto a los procuradores. Un procurador no puede incurrir en prevaricato; ese delito solo alcanza a los jueces o fiscales. Entonces, confiamos en que la Fiscalía archivará pronto esta denuncia y no permitirá que el sistema de justicia se utilice para venganzas judiciales”, aseveró.
En diciembre pasado, el Tribunal Constitucional (TC) ordenó a la fiscalía hacer público el acuerdo de colaboración eficaz suscrito con Odebrecht, así como el acuerdo complementario de mayo del 2019. Estos fueron celebrados entre el Equipo Especial de Fiscales del Caso Lava Jato, Odebrecht y los colaboradores Jorge Barata, Ricardo Boleira, Renato Ribeiro y Antonio Nostre.
