Fiscalía de la Nación abre investigación a Ollanta Humala por Gasoducto del Sur Peruano

La fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, ha dispuesto iniciar diligencias preliminares contra el expresidente Ollanta Humala por la presunta comisión de colusión y asociación ilícita para delinquir por la licitación del Gasoducto Sur Peruano, el millonario proyecto que en su gobierno fue adjudicado a la empresa brasileña Odebrecht.

Mira: Fiscalía de la Nación abre investigación a Ollanta Humala por Gasoducto del Sur Peruano

“Se le atribuye la presunta comisión del delito de asociación ilícita para delinquir, al haber liderado conjuntamente con su cónyuge Nadine Heredia, la organización instalada en el Poder Ejecutivo durante el periodo de su gobierno (2011-2016), cuya finalidad ilícita habría sido la comisión de delitos contra la administración pública al favorecer y beneficiar a terceros en perjuicio de los intereses del Estado, en el marco de las contrataciones públicas; y se advertiría un favorecimiento ilegal y reiterado durante la gestión de su gobierno a favor del consorcio Gasoducto Sur Peruano S.A, conformado por Odebrecht”, señala Ávalos en su resolución, a la que accedió El Comercio.

Esta nueva pesquisa contra el exmandatario está basada en dos hechos. El primero está relacionado con el gasoducto andino del sur, el proyecto que en el 2008 fue otorgado a la empresa Kuntur Transportadora de Gas S.A.C., la que en el 2011 transfirió el 51% de sus acciones a la empresa brasileña Odebrecht.

Según la fiscalía, el gobierno de Humala, desde que asumió la presidencia, “tuvo un afán” por beneficiar a Odebrecht en esta concesión. En la resolución de Ávalos se precisan los hechos ocurridos en la gestión del entonces mandatario que favorecieron a la constructora hasta que, finalmente, el Estado devolvió a la empresa la carta fianza valorizada en US$66′705.106,20.

La fiscalía refiere la declaración del colaborador eficaz N° 004-2019. Este señaló que en junio del 2011 –antes de que Humala asumiera la presidencia– José Graña, exdirectivo de Graña y Montero, le preguntó a Jorge Barata “cómo iba a resolver el tema de la garantía de 67 millones”, porque había el riesgo de que la empresa peruana asumiera el 7,22% de la referida garantía. Barata respondió, según el colaborador, que “no se preocupara” porque estaban realizando un “aporte importante” a la campaña de Humala a pedido del expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva; y que la relación con él y Nadine Heredia era “muy buena, a tal punto que le habían asegurado que no se iba a ejecutar la garantía”.

El segundo hecho en que se basa el inicio de la investigación es la licitación del gasoducto sur peruano (GSP), que fue adjudicada al consorcio que conformaba Odebrecht en el 2014, durante su gobierno.

Según precisó Ávalos, a Humala se le imputa que sostuvo “desde inicios de su gobierno” un presunto acuerdo colusorio con Marcelo Bahía Odebrecht y Jorge Simoes Barata, para “favorecerles” en la licitación valorizada en más de US$7.000 millones.

La fiscalía indicó que la presunta colusión se gestó el 28 de marzo del 2012, en una reunión entre Humala, Barata, Odebrecht y Luis Mameri. Según el colaborador N° 004-2019, Barata le dijo a José Graña que Humala y Heredia le manifestaron “que se había decidido hacer una nueva licitación” del gasoducto y “que no se preocupara” porque el nuevo proyecto consideraba “casi la misma ruta” de Kuntur.

En la resolución se indica que la actuación de Humala “respondería” al aporte de US$3 millones que habría recibido para su campaña, según lo declarado por Marcelo Odebrecht y por el colaborador eficaz N° 004-2019.

La titular del Ministerio Público ha declarado la investigación como “compleja” y realizará las diligencias en un plazo de ocho meses. La pesquisa también es contra los exministros Milton Von Hesse La Serna (Vivienda), José David Gallardo Ku (Transportes y Comunicaciones) y Juan Manuel Benites (Agricultura) por presunta colusión agravada.

Según la tesis fiscal, las imputaciones contra los exministros están sustentadas en su participación en el Consejo Directivo de Proinversión y en las “sesiones no presenciales”, donde se acordaron aspectos fundamentales sobre la adjudicación del GSP.

Al respecto, en diálogo con este Diario, el exministro de Vivienda Milton Von Hesse indicó que no ha sido notificado sobre la decisión fiscal, pero esperará el llamado del Ministerio Público para declarar, “porque somos los más interesados en que todo esto se aclare”.

“Todas las decisiones que tomó el Consejo Directivo están absolutamente amparadas y ha habido a nivel de fuero civil, de segunda instancia, el juzgado falló a favor del Estado y contra uno de los concesionarios que alegó que el proceso había sido sesgado en contra de ellos”, señaló a El Comercio. Sobre las “sesiones no presenciales” de este grupo, comentó que “eran parte de la dinámica, como todos los directorios” y aseguró que “cumplieron todos los requisitos que mandaban las normas”.

En el mismo sentido, se pronunció el exministro de Agricultura Juan Manuel Benites. Según afirmó, las reuniones virtuales que sostuvieron se dieron con la mayor “transparencia”. También consideró que la tesis de la fiscalía es “respetable”, pero “no tiene ningún sentido desde el punto de vista legal”.

“Yo lo único que he hecho es cumplir con mi función como funcionario público en ese cargo. La participación en el Consejo Directivo era una obligación de acuerdo a ley, estaba obligado a estar el ministro de Agricultura, como ministro de Estado”, señaló a este Diario. Benites contó que tampoco ha sido notificado, pero aseguró colaborará con el Ministerio Público “para que se llegue al esclarecimiento de cualquier hecho”.

Te puede interesar

• Caso Gasoducto del Sur: fiscalía tiene agenda con las reuniones de José Graña, Jorge Barata y Nadine Heredia
• Kenji Fujimori seguirá siendo procesado por presunta compra de votos