Fiscalía estima posibles penas de 12 y 19 años para asesores en la sombra

El Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder inició ayer la sustentación de su pedido para que se dicten 36 meses de prisión preventiva contra cuatro integrantes del presunto Gabinete en la sombra del presidente Pedro Castillo.

La solicitud es contra el exasesor de la presidencia Biberto Castillo, el empresario Abel Cabrera, el exasesor del Ministerio de Vivienda Salatiel Marrufo y Alejandro Sánchez, dueño de la casa del jirón Sarratea.

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De acuerdo con el requerimiento del Ministerio Público (MP), al que accedió El Comercio, ellos se enfrentan a posibles penas mínimas de 12 y 19 años de prisión si llegan a ser condenados por los delitos que les atribuyen.

La audiencia se postergó de las 10 a.m. a las 4 p.m.

La fiscalía hizo este análisis –conocido como prognosis de pena– debido a que uno de los requisitos para dictar una prisión preventiva es que la posible pena sea superior a los cuatro años. Así, para Sánchez y Cabrera se calculan 19 años por organización criminal, tráfico de influencias y colusión; mientras que para Marrufo y Castillo se estiman al menos 12 años por los mismos ilícitos.

La evaluación del pedido de prisión está a cargo del juez Víctor Zúñiga, del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada. El magistrado previamente dictó detención preliminar contra estos mismos investigados, también llamados asesores en la sombra. De ellos, Sánchez no pudo ser detenido y sigue prófugo.

La audiencia de ayer comenzó a las 4 p.m. Hasta el juzgado fueron trasladados los tres investigados detenidos. También asistieron sus abogados, la fiscal Kelinda Janampa y su adjunto Edinson Henry Villanueva.

Así fue la exposición fiscal

El fiscal Villanueva fue el encargado de sustentar el pedido. Este se centró en los tres investigados presentes en la audiencia, mientras que lo referido al prófugo Sánchez se dejó para más adelante.

Villanueva detalló que el Gabinete en la sombra se enmarca dentro de la presunta red criminal que encabezaría Pedro Castillo en el gobierno, caso por el que el mandatario fue denunciado constitucionalmente por la fiscal de la Nación.

En ese esquema, dijo que el Gabinete en la sombra se ubica en un punto medio entre Castillo y la “primera línea”, que formarían los exministros Juan Silva y Geiner Alvarado. En específico, a Cabrera se le señala como financista y coordinador; a Marrufo integrante y coordinador; y a Biberto Castillo, como integrante y operador.

Además, se les imputa un supuesto plan criminal de cinco etapas. La primera se remonta a la campaña de segunda vuelta de Pedro Castillo, a la cual Cabrera “habría inyectado S/500 mil” de origen desconocido” y con “un fin ulterior lucrativo”, según un colaborador eficaz.

Además, los reportes de la ONPE dan cuenta de “aportes en especias” de S/23.000 de Cabrera y S/32.500 de Marrufo. “Este dinero era con el propósito de copar puestos claves en la administración pública para influir en designaciones de ministros y servidores públicos, para perpetrar los presuntos actos colusorios”, manifestó.

La segunda etapa, para el MP, consistió en el copamiento de puestos claves. “Influyeron en la toma de decisiones de estos puestos laborales con fines de obtener ganancias ilícitas producto de actos de corrupción”, dijo. Además, citó como ejemplos los nombramientos de Alvarado y Marrufo en Vivienda.

En la tercera fase, se habló de “actos colusorios en contrataciones públicas” y se puso énfasis en las visitas de los investigados a entidades públicas y su presunto interés en las obras del Decreto de Urgencia 102-2021.

Sobre la cuarta etapa, se habló de la presunta “captación” de los congresistas apodados ‘Los Niños’ para asegurarse votos contra una vacancia presidencial. La quinta se refiere al presunto establecimiento de “redes de protección” para investigados vinculados al Ejecutivo, la desaparición de indicios e intimidación de las entidades a cargo de las indagaciones. Todo esto a partir de la salida de Bruno Pacheco como secretario de la presidencia en noviembre del 2021.

En esta etapa, de acuerdo con la fiscalía, se habrían dado actos como los encubrimientos a Pacheco y Fray Vásquez, y acciones contra la fiscal de la Nación y el equipo especial de la policía.

Al detallar los presuntos roles de los investigados, el fiscal indicó que a Biberto Castillo se le atribuye haber “influido ilícitamente” en las designaciones de Vicente Tiburcio y Luis Vera Llerena como jefes de la PNP. Esto con conocimiento del presidente, según el MP. “Habrían sido, de una forma, captados y al no alinearse a los intereses de la presunta organización criminal, fueron destituidos en el cargo”, dijo.

En otro momento, leyó la declaración del colaborador eficaz 04-2022, según el cual el abogado Carlos Jaico fue nombrado secretario general de la presidencia por recomendación de Sánchez.

La audiencia de este sábado duró cinco horas y se reanuda este domingo desde las 10 a.m. Se espera que la fiscalía continúe su sustentación y que luego sea el turno de los abogados. Ambas partes todavía deben abordar la existencia de un peligro de fuga y de obstaculización a la justicia.