La fiscalía investiga a exfuncionarios públicos del GORE Junín. (Fotos: Correo/Archivo/GORE Junín)
La fiscalía investiga a exfuncionarios públicos del GORE Junín. (Fotos: Correo/Archivo/GORE Junín)
Giovanna Castañeda Palomino

Conforme a los criterios de

Trust Project
Saber más

La Primera Fiscalía Supraprovincial Especializada en delitos de Lavado de Activos, a cargo del fiscal Richard Rojas Gómez, ha dispuesto iniciar diligencias preliminares, contra quienes resulten responsables, tras conocerse el caso llamado , que implica a dirigentes del partido , que lidera .

“Se tiene por noticia criminal -noticias periodísticas- la existencia de indicios de presunta comisión de ilícitos penales vinculados con presuntos aportes de origen ilícito a campañas políticas que podrían configurarse como lavado de activos, presuntamente por parte de una organización criminal en la que estarían inmersos dirigentes del partido político Perú Libre”, señala en su resolución emitida este miércoles 30 de junio.

De acuerdo con la fiscalía, han defraudado al Estado mediante actos de conversión y ocultamiento de activos “provenientes de actividades criminales”. Además, sindica como presuntos cabecillas a Vladimir Cerrón, fundador del partido, y al actual gobernador regional de Junín, Fernando Orihuela.

“Estarían obteniendo grandes ingresos económicos, los mismos que vendrían siendo destinados a las empresas conformadas y adquisición de bienes muebles e inmuebles en distintas zonas del país”, se indica. Para ello, sostienen que “estarían utilizando a terceras personas (familiares) en quienes se estaría ocultando parte de las propiedades adquiridas por los supuestos principales cabecillas (Vladimir Cerrón Rojas y Fernando Orihuela Rojas) de la organización criminal”.

En la disposición, como parte de los indicios, , sobre las escuchas telefónicas legales en las que la fiscalía anticorrupción ha descubierto la conformada por funcionarios del Gobierno Regional de Junín y dirigentes del partido Perú Libre, quienes a su vez son cercanos a Cerrón. En estas escuchas, se reveló que se dedicaban a cobrar cupos a cambio de puestos de trabajo, favores y expedición de licencias de conducir a terceros. Asimismo, resalta el fiscal, los dirigentes y funcionarios del GRJ coordinaban entre .

Además, indica que la fiscalía superior coordinadora de lavado de activos envió documentación de carácter reservado y confidencial, en el que se advierte la existencia de sospecha sobre hechos delictivos, así como de los involucrados. “Se desprende que existiría una presunta organización criminal dedicada a realizar actos delictivos vinculados a la administración pública dentro del GRJ, en las cuales se encontrarían involucrados funcionarios, servidores, proveedores y exfuncionarios, que valiéndose de sus facultades han venido obteniendo beneficios económicos para posteriormente realizar actos propios de Lavado de Activos”, agregó.

Entre los implicados en “Los dinámicos del Centro”, que han sido mencionados en la resolución del fiscal Rojas, se señala a Fernando Orihuela, Guillermo Munguía, Eduardo Reyes, Waldys Vilcapoma, , , entre otros. No obstante, esta nueva investigación es “contra quienes resulten responsables”.

La fiscalía precisa que con la documentación reservada enviada por la fiscalía coordinadora de lavado de activos, así como por la policía, pueden inferir que las personas vinculadas al GRJ, han conformado “una serie de empresas mediantes las cuales se ha buscado beneficiar a personas allegadas a los funcionarios y servidores de dicha administración estatal, esto a través de licitaciones públicas con la cual le daban apariencia de legalidad a su ilícito accionar”.

El representante del Ministerio Público ha ordenado una serie de 40 diligencias, entre ellas requirimientos a la Sunarp sobre las propiedades a nombre de los implicados en “Los dinámicos del Centro”, a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), así como pedidos a la fiscal Bonnie Bautista, quien está a cargo de esta investigación por presunta corrupción en el GRJ. El plazo de la investigación tendrá un plazo de 8 meses.

Como se recuerda, el 15 de junio la Diviac capturó a 27 de los 38 implicados con la organización criminal que se dedicaba al tráfico de brevetes en el Gobierno Regional de Junín. El miércoles pasado, la fiscal Bonnie Bautista, a cargo del proceso, requirió al Poder Judicial prisión preventiva por 36 meses para 20 de los investigados. Para el resto ha solicitado comparecencia con restricciones.

El pasado domingo, Alex Paredes, vocero de la bancada electa de , aseguró que si existe militantes o dirigentes de su agrupación vinculados con la organización criminal ‘Los dinámicos del centro’, que presuntamente montó una red de tráfico de licencias de conducir en el Gobierno Regional de Junín, deberían

También puedes leer: