Pedro Castillo: Fiscalía pide cuatro años de prisión para exministro Juan Carrasco, los detalles y la respuesta del acusado

Se trata de la segunda acusación que formula el Ministerio Público contra un exministro del gobierno de Pedro Castillo. La primera fue la del caso del golpe de Estado, donde además del expresidente figuran como acusados cuatro exintegrantes del gabinete: Aníbal Torres, Betssy Chávez, Willy Huerta y Roberto Sánchez.

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El requerimiento fue presentado por el fiscal supremo provisional Alcides Chinchay, de la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Anticorrupción, luego de una investigación formalizada en agosto del 2023. Previamente, en junio del 2023, el Congreso aprobó una denuncia constitucional para revocar la inmunidad que tenía Juan Carrasco por haber sido ministro del Interior cuando ocurrieron los hechos.

Según consta en documentos judiciales a los que accedió El Comercio, la acusación se presentó en diciembre pasado ante el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema. El pasado 3 de enero, ese juzgado, a cargo del magistrado Juan Carlos Checkley, notificó la acusación a la defensa del exministro y a la Procuraduría General del Estado. Es decir, la acusación ya es de conocimiento de todos los involucrados.

Con ello, el juez Checkley deberá convocar en las próximas semanas a las audiencias de control de acusación, para determinar si el caso avanza a juicio oral. De ser así, el caso pasará a la Sala Penal Especial de la Corte Suprema, que sería la encargada juzgar si Juan Carrasco es responsable de los delitos por los que se le acusa.

Este Diario accedió a la acusación contra Juan Carrasco Millones, un documento de 108 páginas. Allí se detalla la imputacion por los delitos de aceptación ilegal del cargo y falsedad genérica, además de la pena solicitada. También se ofrece una lista de testigos y pruebas documentales para el futuro juicio, en caso el proceso llegue hasta esa etapa.

Juan Carrasco fue nombrado fiscal contra el crimen organizado de Chiclayo en el 2015. En los años siguientes, se hizo conocido por casos sonados a nivel regional y nacional. Entre estos estuvieron el de ‘Los Limpios de la Corrupción’ y el de ‘Los Wachiturros de Tumán’, por el que Edwin Oviedo, expresidente de la Federación Peruana de Fútbol, estuvo bajo prisión preventiva entre el 2018 y 2020.

Por este caso, en el 2019, Juan Carrasco presentó una acusación contra Edwin Oviedo en ese proceso. Sin embargo, antes de que inicie ese juicio, en julio del 2021, el fiscal dejó el Ministerio Público y los casos que estaban a su cargo tras ser convocado por Pedro Castillo para integrar su primer gabinete.

Tres años después, el caso ‘Wachiturros de Tumán’ derivó en la absolución de Edwin Oviedo. En tanto, Juan Carrasco, además de enfrentar esta acusación fiscal, se dedica a la política: su aspiración para el 2026 es ser candidato al Gobierno Regional de Lambayeque por Avanza País, partido en el que milita desde el año pasado.

El primer contacto oficial de Juan Carrasco con la política fue en aquel julio del 2021. Según el extremo de la acusación vinculada al delito de aceptación ilegal del cargo, el 26 de ese mes, el entonces fiscal envió un oficio a la Coordinación de las Fiscalía Contra el Crimen Organizado para pedir una licencia de su cargo “por motivos personales”. Al día siguiente, envió otro documento para precisar que su licencia debía ser por 90 días: del 28 de julio al 26 de octubre.

En esa misma jornada, el Ministerio Público le concedió la licencia sin goce de haber por ese plazo. No obstante, la acusación señala que ello no implicaba que deje ser fiscal provincial titular. “Continuaba bajo las prohibiciones constitucionales y legales aplicables a todos los jueces y fiscales, sin distinción”. Una de esas prohibiciones es que ser fiscal es “incompatible con cualquier otra actividad pública o privada. con excepción de la docencia universitaria”.

“El imputado Juan Manuel Carrasco Millones se encontraba impedido, por razón de su cargo como fiscal provincial titular (...) para asumir otros cargos públicos (a excepción de la docencia)”, indica el requerimiento. “Tal situación constistía, en el caso particular de Carrasco Millones, un impedimento de carácter constitucional y legal para aceptar y ejercer el cargo de ministro de Estado”.

También se señala que los mismos ministros, según la Constitución, “no pueden ejercer otra función pública, excepto la legislativa”.

Por otro lado, también de le acusa de falsedad genérica porque su solicitud de licencia “en realidad habría tenido por objeto que se suspendan sus funciones como fiscal provincial titular a fin de poder ejercer el cargo de ministro”. “Habría consignado dolosamente información que no se ajustaba a la realidad, alterando de esta forma la verdad, con la sola intención de ejercer un cargo público para el cual no estaba habilitado”.

Pese a ello, Juan Carrasco juró el 29 de julio del 2021 como ministro del Interior del primer gabinete de Pedro Castillo. Su designación fue firmada por el entonces presidente y por el titular del Consejo de Ministros, Guido Bellido. La fiscalía también ha presentado denuncias constitucionales contra ambos por estos hechos, las cuales todavía están en trámite a nivel del Congreso.

“Al haber aceptado el investigado el cargo de ministro de estado en el despacho del Interior cuando todavía tenía la condición de magistrado titular, este habría quebrantado el mandato de exclusividad en el ejercicio de la función fiscal”, dice la acusación. “Asimismo, habría vulnerado la prohibición para los ministros de Estado prevista en el artículo 126 de la Constitución Política del Perú”.

El Ministerio Público señala que la juramentación de Juan Carrasco motivó que el órgano disciplinario de la fiscalía le inicie una investigación al día siguiente. Además, indican que recién presentó su carta de renuncia como fiscal el 2 de agosto, luego de cuatro días en el cargo.

Allí también se le acusa de falsedad genérica por presuntamente haber” alterado intencionalmente la verdad en su carta de renuncia”. Esto debido a que el documento llevaba fecha del 28 de julio del 2021, cuando “en realidad habría sido elaborada el 02AG02021, fecha en la que legalizó su firma ante el notario público”. La intención “habría sido la de evitar la incompatibilidad que tenía como fiscal provincial titular para asumir el cargo de ministro”.

Así, para la fiscalía, Juan Carrasco habría sido fiscal y ministro al mismo tiempo, habiendo falseado información sobre los motivos por los que pidió licencia para su cargo y la fecha de su posterior carta de renuncia al Ministerio Público.

La dimisión recién fue aceptada por la Junta de Fiscales Supremas el 3 de septiembre de ese año, pero haciéndose efectiva desde el 2 de agosto.

Pedro Castillo removió a Juan Carrasco como ministro del Interior el 6 de octubre. El 25 de ese mes, la Junta Nacional de Justicia canceló oficialmente su título como fiscal. De acuerdo con la acusación, ese fue el momento en que “oficialmente concluyó su nombramiento de fiscal titular y las prohibiciones legales inherentes a dicho cargo”.

Carrasco volvió al gabinete castillista el 17 de noviembre del 2021, como ministro de Defensa. Ocupó ese cargo hasta el 1 febrero del 2022, con la caída del gabinete liderado por Mirtha Vásquez. Aun así, ese mismo mes fue nombrado viceministro de Justicia, puesto que ocupó hasta abril del 2022.

Ese año se afilió al partido Juntos por el Perú con miras a postular al Gobierno Regional de Lambayeque, pero su candidatura fue desestimada por las autoridades electorales. En el 2024, impulsó sin éxito la creación del partido Justicia Perú, antes de afiliarse a Avanza País de cara a las próximas elecciones regionales.

En tanto, el proceso penal contra Juan Carrasco siguió su curso. De los delitos que componen la acusación, los 4 años de prisión solicitado son solo por falsedad genérica, ya que al momento de los hechos (2021), el delito de aceptación ilegal del cargo no se sancionaba con pena privativa de la libertad, sino solo con multas.

En suma, la fiscalía pide para el exministro 4 años de pena privativa de la libertad, 2 años y 8 meses de inhabilitación y el pago de S/ 9,332.80 de “días multa”. Adicionalmente, la Procuraduría General del Estado podrá presentar durante el control de acusación su solicitud de pago de una reparación civil.

En diálogo con El Comercio, Juan Carrasco rechazó la acusación. A su criterio, es fruto de una actuación politizada de la fiscalía, ya que no cometió ningún delito al aceptar el cargo ni falsificó la información en los documentos presentados para su licencia ni para su renuncia. “Es una persecución política. La fiscalía, el Poder Judicial se están presentado para eso”, dijo.

“No existe delito. Para la aceptación indebida del cargo, no tendría que cumplir con los requisitos para ser ministros. En esa época, eran tener más de 25 años, ser peruano de nacimiento y no estar inhabilitado. Esos requisitos los cumplo. La fiscalía politizada se inventa un nuevo requisito: que debía renunciar a ser fiscal, lo cual no se establece en ninguna norma”.

En lo referido a la acusación por falsedad genérica, dijo que su carta de renuncia sí fue elaborada el 28 de julio, pero tiene fecha del lunes 2 de agosto porque ese fue el primer día hábil en que recién se pudo presentar formalmente al Ministerio Público. Según dijo, no se quiso engañar o introducir información falsa ante el Ministerio Público.

“No se sorprendió a la administración pública, mi resolución sale con fecha 2 de agosto. Antes de presentar (mi carta de renuncia), yo la legalicé ante un notario público, que consignó la fecha del lunes 2″, sostuvo. “No hay forma de que pueda ser delito”.

En cuanto a su pedido de licencia previo a su renuncia, aseguró que el “motivo personal” que dio era la posibilidad de asumir como ministro. “No se sabía si iba a proceder o no. Era el 26 de julio, aún no sabía si iba ser designado o no, existía una posibilidad”, afirmó.

“La certeza que tengo es que me quieren inhabilitar porque soy político y todavía tengo bastante aceptación a nivel de la región Lambayeque. Estoy postulando al gobierno regional y ese es el objetivo de los que manejan ahora el sistema de justicia”, concluyó.

Jorge Zúñiga, abogado de Juan Carrasco, señaló a este Diario que han presentado un recurso de excepción de juicio, según el cual este caso no debería ser procesado a nivel de la Corte Suprema debido a que los hechos por los que se le acusa se habrían cometido antes de ser ministro, sino cuando aún era fiscal provincial. El propio acusado consideró que el caso debe ser visto por un juzgado de Lambayeque.

“Los hechos que son objeto de imputación obedecen a una cuestión de naturaleza puramente política, que debería haberse quedado en el tenor político”, explicó el abogado. “La excepción de naturaleza de juicio pretende que el caso salga de la Corte Suprema y lo conozca un juez común”.

En diciembre, ese recurso fue rechazado en primera instancia por el juez Checkley. Sin embargo, la defensa de Juan Carrasco ha apelado y apuna a que le den la razón en la segunda instancia, a cargo de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, que encabeza el juez César San Martín.