La Fiscalía de la Nación solicitó al Poder Judicial que dicte 36 meses de impedimento de salida del país contra el recién censurado ministro de Transportes y Comunicaciones, Geiner Alvarado López, quien es investigado en su calidad de presunto operador de una organización criminal que encabezaría el presidente Pedro Castillo Terrones.
La decisión del Ministerio Público se concretó el jueves pasado, minutos después de que el Congreso censurara a Alvarado, ya que como ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento –cartera que ocupó por un año– habría cometido actos irregulares a favor de la red criminal enquistada en el Ejecutivo, además de otros aspectos políticos.
La decisión de la fiscalía para solicitar la medida restrictiva se adoptó a fin de proteger la investigación tras la remoción de Alvarado del cargo ministerial.
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El exministro de Vivienda es investigado por el presunto delito de organización criminal, junto a Castillo, por supuestamente haber dispuesto que funcionarios y empresarios se beneficiaran con proyectos licitados en la Municipalidad de Anguía (Chota, Cajamarca), Chachapoyas (Amazonas) y otras.
Horas después, la Superintendencia Nacional de Migraciones emitió una alerta informativa sobre Alvarado en sus puestos de control migratorio y fronterizos, a pedido del presidente de la Comisión de Fiscalización del Congreso, Héctor Ventura. Esto, con el fin de estar atentos ante su posible salida del país. Dicha medida se aplica para puestos fronterizos, más no para vuelos nacionales.
En el documento que envió Ventura a Migraciones se fundamenta que Alvarado habría cometido actos ilícitos “contra la correcta administración de recursos en su gestión”.
El Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria programó para el miércoles 21 de setiembre la audiencia en la que evaluará la solicitud de la fiscalía contra Alvarado.
Pese a que Alvarado acudió hasta en cuatro oportunidades a la Fiscalía de la Nación para exponer su versión de los hechos, no pudo desvirtuar la hipótesis fiscal que lo sindica como uno de los principales integrantes de la organización criminal.
Según la investigación preliminar abierta en su contra, en su condición de ministro de Vivienda habría emitido el Decreto de Urgencia 102-2021, mediante el cual se definieron los proyectos que debían desarrollarse o ser financiados con presupuesto del Estado; entre los que se encontraban obras ilícitamente concertadas.
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Para ello, habrían utilizado empresas de fachada, como JJM Espino Ingeniería y Construcción S.A.C. y Destcon Ingenieros y Arquitectos S.A.C., de los hermanos Hugo y Anggi Espino Lucana, quienes se encuentran sometidos a un proceso especial de confesión sincera.
Entre las obras en las que se habría actuado de manera irregular, según la fiscalía, figura el proyecto de saneamiento en los caseríos de Succha, Chontas y La Palma, en Chadín (Cajamarca).
Si bien la Fiscalía de la Nación investiga a Castillo y Alvarado, por su condición de altos funcionarios, la primera dama Lilia Paredes, su hermana Yenifer Paredes, así como el alcalde de Anguía (Chota), José Medina son investigados por el Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder.
El abogado Percy Ipanaqué, defensor de Alvarado, anunció que se allanarán al requerimiento de impedimento de salida del país. “La posición de parte de la defensa del señor Alvarado es respetuosa de las potestades del Ministerio Público, que está requiriendo ante el juzgado un impedimento de salida, por lo que desde ya [Alvarado] anuncia que se va a allanar al pedido, pues no tiene la intención mínima de obstaculizar la investigación”, dijo.
Ipanaqué indicó que su defendido es el más interesado en que la verdad salga a luz. Agregó que Alvarado no le teme a la investigación.
Geiner Alvarado deberá acudir este viernes ante la Fiscalía de la Nación a fin de ampliar su declaración en la investigación en su contra.
Su abogado Percy Ipanaqué anunció que Alvarado concurrirá a la citación fiscal.
El presidente Pedro Castillo ya ha sido citado para declarar sobre esta investigación. Si bien acudió a la citación, no declaró.
“Deja de ser una pieza activa”
El penalista Carlos Caro considera que la censura al titular del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) es un “aliciente” para la fiscalía, pues “deja de ser una pieza activa de la presunta organización criminal que lideraría el presidente”.
“Los ministros no tienen ninguna protección más allá del antejuicio constitucional, pero en una investigación preliminar la fiscalía puede pedir el impedimento de salida del país, o incluso, como en el caso del exministro Juan Silva, la detención preliminar”, explicó.
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