‘Club de la Construcción’ y Ollanta Humala: las claves del caso que involucra a casi 30 acusados y 14 empresas

La presentación de esta acusación, la número 22 del equipo especial Lava Jato, fue anunciada durante una conferencia de prensa realizada este miércoles en la sede central del Ministerio Público. Participaron el exfiscal Víctor Cubas, vocero oficial del Ministerio Público; el fiscal superior Rafael Vela, coordinador del equipo especial; y los fiscales provinciales José Domingo Pérez y Germán Juárez, integrantes de ese grupo. Este último dirigió la investigación al Club de la Construcción y es el autor de su respectiva acusación.

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“Estoy en condiciones de informar que se ha culminado con la decisión del despacho del fiscal Germán Juárez Atoche de formalizar las pretensiones acusatorias del Ministerio Público en el caso denominado ‘Club de la Construcción’. Significa la vigésima segunda acusación [del Equipo Especial Lava Jato]”, informó Rafael Vela. “Ha formulado sus pretensiones acusatorias contra 29 personas naturales y 14 personas jurídicas (empresas)”, agregó.

El coordinador del equipo especial calificó este caso como de “alta complejidad”, con “evidencia significativa” y “emblemático por la naturaleza de lo que involucra”. “Se trata de un caso en que hubo un consorcio ilícito que desnaturalizó la actividad dentro de la construcción pública y desnaturalizó el derecho que todo ciudadano tiene de asociarse, dentro del respecto de lo que debería ser la ley”, comentó.

La investigación fiscal se remonta al 2017, en medio del estallido del caso Lava Jato en el Perú. Según ha informado este Diario en informes previos, el Ministerio Publico indagó un presunto cartel de empresas que sobornaban a funcionarios para conseguir las obras de infraestructura vial en las que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) convocaba a licitación.

El supuesto ‘club’ habría estado conformado por empresas nacionales y extranjeras que, en lugar de competir para adjudicarse las obras, habrían hecho pactos ilícitos para repartirlas entre sí. Por todo ello, la acusación del Ministerio Público es por los delitos de asociación ilícita para delinquir, colusión agravada, cohecho pasivo propio (recepción de sobornos), cohecho activo genérico (pago de sobornos) y lavado de dinero.

Si bien testimonios de exdirectivos de Odebrecht indicaron que este ‘club’ funcionaba desde inicios del siglo XXI e incluso desde los años noventa, el período indagado por la fiscalía fue el del 2011-2014. En la conferencia de este miércoles, el fiscal Germán Juárez detalló que su investigación abarcó un total de 30 procesos de selección para obras: 23 licitaciones públicas y siete concursos públicos.

Ante una pregunta de El Comercio, el fiscal indicó que su despacho finalmente concluyó esa investigación y que “en el transcurso del día está presentando esa acusación, que es bastante compleja”. “Podría decir que fue la investigación más difícil de llevar a cabo”, dijo el fiscal, que entre sus otros casos de Lava Jato tiene el de los presuntos aportes al Partido Nacionalista, las presuntas coimas a Martín Vizcarra y los presuntos sobornos de Odebrecht por la Vía Evitamiento Cusco, entre otros.

“Se trata de 29 personas naturales acusadas y 14 personas jurídicas. Se ha tenido que hacer investigaciones a 30 licitaciones. Las penas no bajan de 8 años. Van de 8 años hasta 15 años de pena privativa de la libertad”, detalló el representante del Ministerio Público.

Dos personajes considerados claves dentro de las pesquisas eran Carlos Eugenio García Alcázar y Rodolfo Prialé de la Peña, quienes fueron investigados por delitos como tráfico de influencias, asociación ilícita y lavado de dinero. El primero fue asesor del viceministerio de Transportes (agosto del 2011-julio del 2014), mientras que el segundo era señalado como intermediario con las constructoras y el MTC.

Mientras se desarrollaron estas investigaciones, distintas empresas y sus directivos admitieron haber cometido delitos y se sometieron a procesos de colaboración eficaz, los cuales ya resultaron en sentencias y órdenes para pagar reparaciones civiles al Estado peruano. Es decir, ya hay personas naturales y personas jurídicas condenadas por la justicia peruana en torno a estos hechos.

Entre las constructoras que se declararon culpables están Graña y Montero (hoy conocida como Aenza) y sus exdirectivos José Graña y Hernando Graña. También está Obrainsa, junto a sus directivos Elard Paul y Manuel Tejeda; e IICGSA, junto a exdirectivos como José Fernando Castillo Dibós. La confesión de la primera sirvió para sustentar la condena por corrupción del expresidente Alejandro Toledo; mientras que la delación de las otras dos forman parte de la acusación contra el exmandatario Martín Vizcarra.

Entre las otras empresas implicadas en el caso -según consta en documentos judiciales- están las brasileñas Odebrecht, OAS, Andrade Gutierrez y Queiroz Galvao, así como las peruanas Cosapi, Construcción y Administración S.A. (CASA), Malaga Hermanos S.A., Johe S.A., San Martín Contratistas Generales S.A., Mota-Engil Perú S.A. y Grupo Plaza S.A.

Dentro del avance de estas investigaciones, la fiscalía incluyó a Ollanta Humala y a su esposa, Nadine Heredia, como investigados. Culminadas las pesquisas, la fiscalía decidió acusar al expresidente y solicitar el archivo del caso en lo referido a la ex primera dama. Por el momento, es la única persona acusada por este caso cuyo nombre fue confirmado por el Ministerio Público y de quien se detalló la pena requerida.

El fiscal Germán Juárez explicó que Ollanta Humala es acusado por el delito de cohecho o soborno. “De acuerdo con la acusación que se ha formulado, la tesis del Ministerio Púbico es que esta persona, en el ejercicio de su cargo del más alto nivel [presidente], habría recibido dádivas o coimas que daban las empresas constructoras para mantener el status quo respecto de las licitaciones que se daban en Provías. Hay un colaborador eficaz que ha brindado información en ese sentido”

En cambio, en lo referido a Nadine Heredia, “durante la investigación que se llevó a cabo no se llegaron a establecer mayores elementos de convicción que un simple dicho. Es por eso que se está sobreyendo (archivando) en ese extremo”. De todas formas, la solicitud para que se archive la investigación hecha a Nadine Heredia aún debe ser evaluada y definida por un juez de investigación preparatoria durante el próximo control de acusación por este caso.

El fiscal Germán Juárez ya investigó y acusó a Ollanta Humala y Nadine Heredia dentro del Caso Lava Jato, pero por otros hechos: los presuntos aportes ilícitos del Gobierno de Venezuela y de Odebrecht a las campañas electorales del Partido Nacionalista del 2006 y 2011. Ese caso actualmente está en la fase final del juicio oral y se prevé que el Poder Judicial dicte sentencia contra la pareja durante marzo próximo.

Según informó El Comercio en febrero del 2020, durante la investigación de este caso, la fiscalía recogió la versión de que el expresidente y su esposa habrían recibido más de 16 millones de dólares de parte del ‘Club de la Construcción’. La imputación surgió, en efecto, de la declaración de un colaborador eficaz de código 04-2019, quien incluso manifestó que “en algunas oportunidades, Humala le entregaba a Nadine Heredia el maletín que contenía el dinero y le pedía que lo guarde

De acuerdo con lo informado por el entonces, la fiscalía sostuvo en un documento de formalización de investigación preparatoria que “en una reunión llevada a cabo en Palacio de Gobierno, José Paredes [hermano del exministro Carlos Paredes] le comunicó a Ollanta Humala Tasso lo conversado con [Carlos] García Alcázar [exfuncionario del MTC y presunto operador del ‘club de la construcción’]” sobre el 3% de soborno de cada obra ganada que estaban dispuestas a entregar las empresas del ‘club’ para repartirse los proyectos.

“Carlos García comentaba que los porcentajes para las partes involucradas como beneficio sería del 3% que se distribuirían entre los involucrados, de los cuales hasta 2% correspondería a Ollanta Humala, el saldo sería una comisión para José Paredes con su hermano Carlos Paredes”, decía el documento revelado por este Diario en febrero del 202′. “La comisión estimada de acuerdo a las obras licitadas, vinculada a la labor de intermediación que realizó José Paredes con Carlos García Alcázar y Ollanta Humala, osciló entre los 16 y 18 millones de dólares”.

Por entonces, el expresidente rechazó tajantemente la acusación y acusó al colaborador eficaz que lo sindicó de querer “lograr beneficios con falsa información”. “Rechazo cualquier acto de corrupción en el Club de la Construcción o en cualquier otra circunstancia. Un aspirante a colaborador habría admitido que él cometió un delito y ahora pretende lograr beneficios con falsa información. Más de lo mismo”, escribió en su cuenta de X (antes Twitter).

No obstante, en una posterior entrevista a RPP Noticias, admitió que José Paredes fue “muy amigo” suyo y fue “en varias oportunidades” a Palacio de Gobierno, recibiéndolo regularmente por la noche o casi a la medianoche.

El Comercio consultó a Juan Carlos Portugal, defensor de Ollanta Humala y Nadine Heredia en este caso, respecto a su posición frente a la acusación fiscal. El abogado replicó que la imputación contra el expresidente quedó “descartada” durante la indagación fiscal y afirmó que “mientras más se investigaba, más se venía desmoronando la imputación contra mis clientes”

“El año pasado, la fiscalía excluyó a ambos del delito de colusión agravada. Cerca de cuatro años de investigación y logramos cerrar esa imputación. Luego, por los mismos hechos, continuó investigando por el delito de cohecho a Nadine Heredia para finalmente sobreseerla, como el propio fiscal lo anunció”, indicó en comunicación con este Diario.

“En cuanto a Ollanta Humala, el caso se construyó sobre la base de un supuesto colaborador eficaz: este manifestó que mi cliente recibió dinero de los empresarios. Lo cierto es que los empresarios lo han negado. Dijo también que mi cliente recibió dinero por mantener el status quo en el presupuesto del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Durante la investigación esta afirmación ha sido descartada por los propios testigos de la fiscalía”.

Portugal también sostuvo que ningún funcionario del Ministerio de Economía o del Consejo de Ministros señaló “algún tipo de injerencia directa o indirecta de Ollanta Humala sobre el presupuesto de dicha cartera, y sí, por el contrario, del ex ministro Carlos Paredes. “El colaborador se prueba consigo mismo. El fiscal usa este argumento circular que lo conducirá al fracaso del caso”, aseguró.

Finalmente, indicó que aún no ha sido notificado formalmente con el requerimiento, pero cuando esto se haga tomarán “las acciones legales” permitidas frente a una acusación fiscal. Esto incluye observaciones formales, solicitud para archivar el caso y la presentación de testigos y pruebas de la defensa, en caso se llegue a un futuro juicio. “Estamos expectantes”, dijo.

Todo ello deberá evaluarse y resolverse en el futuro control de acusación, etapa en la que el Poder Judicial definirá si se cumplen los requisitos para que este caso vaya a juicio. Al respecto, el fiscal Rafael Vela también indicó que el “requerimiento acusatorio será evaluado en su oportunidad por el Poder Judicial” y que “deberá, por supuesto, superar todas las etapas de control correspondientes”.

"Deben continuar conociendo los casos hasta el final"

Fiscalía de la Nación descarta cambiar a integrantes del equipo especial Lava Jato

El vocero de la Fiscalía de la Nación, Víctor Cubas, sostuvo en la misma conferencia que los fiscales del equipo especial Lava Jato que vienen conociendo las investigaciones y acusaciones de estos casos deberán seguir al frente de los mismos hasta que estos se resuelvan con sentencias.

"Un fiscal actúa con plenitud de independencia y autonomía. Ese aspecto, que está garantizado por la Constitución, no ha sido vulnerado en ningún momento. Entonces, los fiscales que tienen a su cargo estas investigaciones, deben continuar conociéndolas hasta el final. Así está previsto en el Código Procesal Penal: se establece que el fiscal lleva a su caso desde el inicio y durante todo el desarrollo del proceso. Eso está garantizado en nuestra ley procesal", dijo Cubas frente a una consulta de El Comercio.

En otro momento, consultado por las investigaciones iniciadas o autorizados por la Fiscalía de la Nación en torno a los fiscales que integran el equipo especial, como Rafael Vela y José Domingo Pérez, Cubas dijo que "todo está en la línea de que el Ministerio Público es un organismo que pretende trabajar dentro del principio de transparencia y luego de ello, lograr el esclarecimiento del caso".

"Una investigación no necesariamente implica responsabilidad en relación a la persona investigada. Una investigación lo que va a permitir es el esclarecimiento debido de los hechos para que se tome la decisión que legalmente corresponda. No solo es el caso del doctor José Domingo Pérez, sino también de muchos otros fiscales, que por el ejercicio de la función que realizan, son pasibles de que les formule denuncias y se les abra la respectiva investigación", afirmó.

Víctor Cubas encabezó la conferencia de prensa en representación de la fiscal de la Nación, Delia Espinoza. La magistrada estuvo presente en la mesa al inicio de la conferencia de prensa, pero se retiró luego dar la bienvenida a la prensa y comentar que el objeto de la sesión era comunicar los logros y avances en los casos del equipo especial.