Dina Boluarte y las claves de la nueva denuncia constitucional que la fiscalía presentó por presunto homicidio

Por tercera vez, la Fiscalía de la Nación denunció constitucionalmente a la presidenta Dina Boluarte ante el Congreso de la República. En esta ocasión por los presuntos delitos de homicidio calificado, lesiones graves y lesiones leves, por los fallecidos y heridos durante las protestas antigubernamentales registradas entre diciembre del 2022 y febrero del 2023.

La fiscalía precisó que la denuncia contra Boluarte como supuesta autora de delitos contra la vida, el cuerpo y la salud se da en el contexto de graves violaciones de los derechos humanos. Los hechos que se le imputan están vinculados a las manifestaciones ocurridas en nueve regiones: Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cusco, Junín, Ucayali, Puno, Lima y La Libertad.

El Ministerio Público señaló que en esas regiones se registraron 41 fallecidos por impacto de proyectiles de armas de fuego y tres por golpes con objetos contundentes. Además, 78 personas sufrieron lesiones graves o leves por proyectiles de armas de fuego, 27 por golpe con objeto contundente, seis por bomba lacrimógena y cinco por otros objetos.

Por los mismos hechos y presuntos delitos fueron denunciados constitucionalmente los expresidentes del Consejo de Ministros Alberto Otárola y Pedro Angulo, el exministro de Defensa Jorge Chávez Cresta y los exministros del Interior César Cervantes Cárdenas, Víctor Rojas Herrera y Vicente Romero Fernández.

En la denuncia constitucional, la Fiscalía de la Nación señaló que “existe ingente información que evidenciaría” que la presidenta y los otros implicados “se mantenían diariamente informados de los decesos y heridos a consecuencia del uso de armas letales y no letales por parte de las fuerzas del orden durante los enfrentamientos contra los manifestantes”.

El documento cuenta con 1888 páginas.

En noviembre del 2023, la Fiscalía de la Nación, entonces bajo el mando de Patricia Benavides, presentó su primera denuncia constitucional contra Boluarte, también por los presuntos delitos de homicidio calificado y lesiones graves, pero en agravio de solo cinco víctimas. Esa denuncia fue archivada recientemente por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso, cuyos integrantes argumentaron un presunto “sesgo” de Benavides, ya que la realizó tras la ejecución de la Operación Valkiria V.

Aunque el informe de calificación planteaba dar curso al proceso, la subcomisión lo rechazó con 14 votos en contra y solo cuatro a favor. Los votos en contra fueron de Fuerza Popular, Honor y Democracia, Bloque Magisterial, Perú Bicentenario, Podemos Perú y Alianza para el Progreso.

Luego, en mayo pasado, la Fiscalía de la Nación, ya dirigida por Juan Carlos Villena, presentó su segunda denuncia constitucional contra Boluarte, esta vez por el presunto delito de cohecho pasivo impropio, por el Caso Rolex. Según el Ministerio Público, la mandataria recibió, “en calidad de donación”, tres relojes Rolex valorizados en US$ 18.250, US$ 26.215 y US$ 20.217, un par de aretes argolla de oro con diamantes, de US$ 5.512; y una pulsera Bangle con 94 brillantes, de US$ 9.900, por parte del gobernador regional de Ayacucho, Wilfredo Oscorima.

La subcomisión aprobó continuar con el trámite de esa denuncia con 17 votos a favor. Solo los congresistas Jorge Montoya y José Cueto, de Honor y Democracia, votaron en contra.

Por los mismos hechos, Villena dispuso archivar la investigación contra Boluarte por supuesto delito de genocidio. Esto fue celebrado por el primer ministro Gustavo Adrianzén horas antes de conocerse que el fiscal de la Nación presentaría denuncia constitucional por presunto homicidio y lesiones.

“Poco a poco la justicia se abre paso. [...] Se archiva definitivamente el presunto delito de genocidio. Lo dijimos, esta denuncia fue siempre un despropósito”, señaló en la red social X.

En tanto, el abogado Joseph Campos, defensor legal de la presidenta, agregó en diálogo con El Comercio: “Es importante para nosotros que se haya esclarecido y archivado, aunque de manera tardía, la imputación de genocidio, que tiene tanta potencia dañosa a la legitimación democrática. Vemos el cierre tardío de una situación que ni siquiera debió haberse iniciado”.

Sobre la nueva denuncia por presunto homicidio y otros, Campos dijo esperar que sea “archivada” por la subcomisión, como ocurrió con la que presentó Benavides.

“Para nosotros nunca debió haberse iniciado esta investigación hasta que se establezca con claridad lo que pasó, caso por caso, en cada lugar donde desgraciadamente hubo pérdidas humanas. [...] En estos momentos, tal como está propuesta la denuncia contra la presidente de la República, se afecta el derecho a la defensa de los policías y militares; es inoportuna porque debió primero establecerse si hay responsabilidad de los policías, si usaron bien o mal sus armas. Eso lo debe investigar el Ministerio Público, que no ha hecho su tarea de manera correcta y rápida”, añadió.

El Ministerio Público informó que existen 303 carpetas fiscales en los distritos fiscales de las nueve regiones señaladas, en las que se investiga a 824 personas. Esto por hechos vinculados a los presuntos delitos de entorpecimiento al funcionamiento de los servicios públicos, atentado contra los medios de transporte público, violencia contra la autoridad, disturbios, daños a la propiedad pública y privada, homicidio y lesiones en agravio del Estado, miembros de la fuerzas del orden y otros ciudadanos.

La subcomisión deberá dar cuenta de la denuncia constitucional contra Boluarte y tendrá 10 días hábiles para calificarla; es decir, revisar si cumple con los criterios de forma.

Si declara procedente la denuncia, esta pasará a la Comisión Permanente en un plazo de 48 horas. Si también prospera en dicha instancia, se otorgará a la subcomisión un plazo máximo de 15 días hábiles para investigar y elaborar un informe final.

En esta etapa, la subcomisión nombrará a un congresista delegado del caso que se encargue de realizar las pesquisas. Además, notificará a Boluarte sobre el proceso para que formule sus descargos.

Luego viene la etapa de audiencias, en la que participan todos los involucrados: denunciante, denunciados, testigos y los integrantes de la subcomisión.

Posteriormente, el congresista delegado elabora el informe final que recomienda si se acusa o se archiva la denuncia. No obstante, el caso no avanzaría hasta la acusación constitucional. Esto porque el artículo 117 de la Constitución señala que la presidenta de la República solo puede ser acusada por traición a la patria, impedir las elecciones presidenciales, parlamentarias, regionales o municipales, disolver el Congreso sin causa, impedir el funcionamiento del Congreso o de las instituciones del sistema electoral.