PPK: los argumentos de la fiscalía contra la decisión que favorece Pedro Pablo Kuczynski

El equipo especial Lava Jato de la fiscalía presentó ante el Poder Judicial la apelación con la que buscan que el caso de Pedro Pablo Kuczynski (PPK) no retroceda a etapa de investigación. En caso el recurso tenga éxito, la acusación donde piden 35 años de condena para el expresidente por el caso Odebrecht volvería a estar vigente.

El juez Jorge Chávez Tamariz, de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada (CSNJPE), declaró fundada el último lunes una tutela de derechos presentada por PPK. Como consecuencia, ordenó que el proceso judicial vuelva a la fase de investigación -cerrada por la fiscalía el último 12 de mayo- para que se realicen una serie de actos adicionales de indagación.

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En consecuencia, la presentación de la acusación contra el expresidente, hecha luego del cierre de la investigación, quedó anulada. La fiscalía anuncio ese mismo día que iba a apelar la decisión y según conoció El Comercio, el escrito con dicho recurso fue presentado ante el despacho el mismo juez Chávez Tamariz el último jueves 25 de mayo por la tarde.

El escrito fue firmado por el fiscal provincial Walter Villanueva, quien trabaja junto al fiscal José Domingo Pérez, el encargado del caso del expresidente. Se trata de un documento de 20 páginas en el que se alegan hasta ocho errores en la decisión del juez Chávez Tamariz.

El pedido concreto es que el recurso sea concedido por el magistrado y se eleve a una sala superior de apelaciones para que esta, como segunda y definitiva instancia, revoque la reapertura de la investigación. Además, solicitaron que esto implique la suspensión de la decisión de primera instancia: es decir, que se deje sin efecto la reapertura de la investigación hasta que se pronuncie la segunda instancia.

El primer argumento es que el recurso que presentó la defensa de PPK, la tutela de derechos, solo se puede plantear en la etapa de investigación y no en la etapa intermedia del proceso, en la que ya se estaba a partir de la presentación de la acusación el pasado 12 de mayo.

Si bien el juez Chávez Tamariz citó un antecedente de la Corte Suprema para fundamentar que sí podía atender una tutela de derechos en fase intermedia, la apelación señala que esto solo puede darse en casos donde no hubo investigación y la fiscalía presentó acusación directa. En el proceso de PPK, la investigación preliminar comenzó el 2018 y la investigación preparatoria, en el 2019.

Luego, el Ministerio Público considera que los derechos que la defensa de PPK consideró afectados (de defensa, a la prueba y a la contradicción) no son derechos que pueden ser invocados dentro de la figura de la tutela de derechos. “Existen otros instrumentos procesales para su defensa, o de ser el caso existen otras etapas procesales para su defensa”, advirtieron.

En el tercer argumento de su apelación, la fiscalía cuestiona que Chávez Tamariz haya considerado que la separación de algunos de los hechos que venían siendo investigados necesitaba una aprobación por parte de su juzgado antes del cierre de la indagación Esos hechos se vinculan a una investigada, Denisse Hernández, que no fue incluida en la acusación fiscal.

Ante ello, el Ministerio Público sostiene que el cierre de una investigación no está condicionado a que haya una resolución judicial pendiente, sino que se da cuando consideran que las pesquisas ya han cumplido su objetivo. Lo contrario sería recortar la autonomía de la fiscalía para dirige una investigación.

A esto agregaron ejemplos de requerimientos de la fiscalía al propio juez Chávez Tamariz, en este caso y en de Susana Villarán, que tardaron varios meses e incluso más de un año para poder resolverse. “¿Significa que ese tiempo -o similar- tendría que esperar este despacho para concluir con la investigación preparatoria?” cuestionaron.

La decisión del juez Chávez Tamariz consideró que se debía recoger el testimonio de tres empresarios estadounidenses, Ray Hunt, Paolo Rocca y Nicolas Rohatyn, para cerrar la investigación. Al respecto, en su cuarto argumento, la fiscalía señala que sus declaraciones no están vinculadas a los hechos por los que se acusó, sino a los hechos desacumulados; y que fueron testigos propuestos por ellos en marzo pasado y por los que la defensa no mostró interés en interrogar.

Además, señalaron que el procedimiento para interrogar a un testigo en cooperación con las autoridades estadounidenses es bastante largo. Para ello, se cita el caso de la testigo Nancy Lange (esposa de PPK) y la testigo Vivian Gómez. En ambos casos, sus testimonios pudieron recogerse casi un años y medio después de haber sido solicitados.

El quinto error advertido por la fiscalía apunta a la pericia cuestionada por la defensa. En su resolución, el juez ordenó reabrir la investigación también para que las defensas puedan presentar sus observaciones a una de las pericias oficiales que forman parte de la acusación de la fiscalía. Ese documento fue presentado por una perito oficial el 11 de mayo, un día antes de la presentación de la acusación.

Al respecto, la fiscalía indicó que la defensa de PPK no mostró interés en participar de las mesas de trabajo vinculadas a ese peritaje. Además, señalan que meses atrás el propio juez Chávez Tamariz rechazó un pedido similar hecho en el caso de Susana Villarán. Esto, argumentaron, afecta el principio de predictibilidad que debe tener un juzgado.

En su sexto argumento, se señala que tampoco es relevante la declaración del testigo Julio César Morales como representante de la empresa First Capital, otra de las diligencias por las que el magistrado ordenó reabrir la investigación. Advierten que el propio testigo se ausentó en mayo de su citación a declarar de forma que consideraron injustificada, y que el principal accionista y el representante legal de la empresa ya había dado su testimonio en la investigación.

El séptimo argumento destaca la autonomía del Ministerio Público para decidir cuándo inicia, cuándo formaliza y cuándo cierra una investigación. Por ello, consideran que el juez “no puede ordenarle al fiscal que continúe o concluya, y tampoco puede ordenarle que acuse o no, esas decisiones corresponden a su criterio”.

Para esto se citan los antecedentes de pedidos similares hechos en el caso de Keiko Fujimori y en el de Susana Villarán, este último con el mismo juez Chávez Tamariz. También se trae a colación un pronunciamiento de la Corte Suprema sobre el tema.

Finalmente, el octavo argumento apunta a que un juez no puede anular una disposición fiscal, como se hizo en este caso al anular el cierre de la indagación y todo lo actuado posteriormente. “Si bien el juez ejerce un rol de control, ello no le convierte en un juez que se extralimite en sus funciones [...] [El juez] no ha efectuado ningún sustento fáctico y jurídico que sustente la nulidad”, indicaron.

En la audiencia en la que se evaluó esta tutela de derechos, la defensa de PPK alegó que la indagación se cerró sin que se les permita “presentar su informe de parte para que sea evaluado por el perito oficial”, esto como parte de una de las pericias contable-financiera hechas dentro de la investigación fiscal (pericia N.°02-2023- EC/31-2017), y que con ello “se emita un informe pericial definitivo”. La pericia está vinculada al presunto rol de Transportadora de Gas del Perú (TGP) dentro de la tesis fiscal.

Lo relacionado a TGP es uno de los siete hechos por los que la fiscalía acusó a PPK. La imputación es que se lavaron, a través de empresas, US$ 1′879.122 provenientes de TGP, consorcio vinculado al proyecto del Gas de Camisea. De acuerdo con la acusación fiscal, la empresa Westfield Capital recibió US$ 45 mil directamente de TGP, mientras que First Capital recibió US$ 1′833.455. También se alega que ese dinero sirvió luego para comprar la casa del expresidente en Cieneguilla por US$ 320 mil mediante la empresa Dorado.

La defensa alegó ante el juez que el peritaje se amplió para incluir esos hechos y que se iban a realizar sesiones de trabajo relacionadas el 5 y el 12 de mayo, pero que el 11 de mayo se dio por concluida y notificada la pericia oficial. Luego se concluyó la investigación al día siguiente antes de que pudieran presentar su pericia de parte o sus observaciones a la pericia oficial.

También indicaron que no se terminó de recogerse los testimonios de los empresarios extranjeros Paolo Rocca (de la empresa Techint), Ray Hunt (de la empresa Ray Hunt) y Nicolas Rohatyn (de The Rohatyn Group), que consideraron importantes para la imputación fiscal.

Luego de que se conoció la decisión judicial, el abogado Julio Midolo dijo a El Comercio que la decisión del juez Chávez Tamariz era la correcta y que demuestra que el Ministerio Público se había apresurado en presentar su acusación contra el expresidente.

Presentada la apelación de la fiscalía, el juez Chávez Tamariz debe evaluar en estos días si esta cumple los requisitos formales para concederla y elevarla a una segunda instancia. También deberá analizar si concede el pedido de la fiscalía para que su resolución de primera instancia quede sin efecto hasta que la sala de apelaciones se pronuncie.

El caso de PPK, también conocido como Caso Westfield, es visto en segunda instancia la Tercera Sala Penal de Apelaciones de la CSNJPE. Serán ellos los que analizarán la apelación de la fiscalía y emitirán un pronunciamiento definitivo. Para ello, deberán convocar a una audiencia.

Por ser una segunda instancia, se espera que participe un fiscal superior del equipo especial Lava Jato como representante del Ministerio Público en la audiencia. Este podría ser el fiscal Rafael Vela o uno de sus adjuntos. Del otro lado, también deberá participar la defensa del expresidente.