La Tercera Sala Penal de Apelaciones Nacional confirmó la resolución que impuso comparecencia con restricciones a Auner Vásquez Cabrera, Eder Viton Burga y Beder Camacho, investigados por delito de organización criminal y otros por el caso “Gabinete en la sombra”.
De este modo, el tribunal declaró infundado el recurso presentado por los investigados y confirmó lo resuelto por el Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria, quien además de imponerle dicha medida, dictó el pago de una caución económica.
Por el mismo caso, Abel Cabrera y Biberto Castillo están con prisión preventiva por 30 meses, decisión ratificada en segunda instancia por la Tercera Sala Penal de Apelaciones Nacional. En tanto, Salatiel Marrufo, exjefe del gabinete de asesores del Ministerio de Vivienda, fue excarcelado porque viene cooperando con la justicia.
En diciembre del 2022 Marrufo solicitó acogerse a la colaboración eficaz. Allí declaró que Pedro Castillo solicitó S/2 millones para evitar que sus sobrinos vayan a prisión por el Caso Puente Tarata y que él le daba S/50 mil mensuales al exmandatario para mantenerse en su cargo.
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Otro de los implicados en el caso es Alejandro Sánchez Sánchez, dueño de la casa del jirón Sarratea donde despachaba clandestinamente Castillo Terrones y que actualmente se encuentra detenido en Estados Unidos por tratar de ingresar ilegalmente a ese país.
Según la tesis de la fiscalía, en la estructura criminal, el dueño de la casa Sarratea y Cabrera Fernández tenían el rol de financistas y coordinadores de la organización, mientras que Marrufo y Vásquez eran solo coordinadores. En tanto, Castillo León cumplía el rol de operador.
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Refiere que este grupo delictivo tuvo su origen después de la segunda vuelta electoral del 2021. Como primer objetivo, tuvieron la captación de dinero desconocido para financiar la campaña del entonces candidato Pedro Castillo y así obtener ganancias ilícitas “una vez se obtenga el poder político”.
Una segunda etapa, ya con Castillo en Palacio, fue el copamiento de instituciones públicas para generar activos ilegales. En un tercer nivel, de acuerdo con la fiscalía, destacan los actos colusorios en las contrataciones públicas donde jugó un papel importante el entonces ministro de Vivienda Geiner Alvarado y la emisión del decreto de urgencia 102-2021.
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En una cuarta etapa de los objetivos de este presunto grupo delictivo, está la captación de congresistas por intermedio de acuerdos ilícitos como la entrega de direcciones y ministerios a cambio de votos favorables en el Congreso. En el quinto nivel, el objetivo era establecer las redes de protección y encubrimiento.
