Antes de la más reciente resolución, Gerardo Sepúlveda debía permanecer en el Perú hasta el 7 de junio. (Foto: El Comercio)
Antes de la más reciente resolución, Gerardo Sepúlveda debía permanecer en el Perú hasta el 7 de junio. (Foto: El Comercio)

El juez Richard Concepción Carhuancho, del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, amplió por 19 días más el plazo de impedimento de salida del país del empresario chileno , quien es testigo de la investigación del .

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Según el Ministerio Público, que había solicitado la reposición del plazo por 22 días, la necesidad de que Sepúlveda permanezca en el Perú tiene relación con la prolongación del estado de emergencia sanitaria por la pandemia del coronavirus (COVID-19) hasta el 30 de junio. Por ello, durante el tiempo transcurrido, sostienen, la fiscalía no pudo realizar diligencias por el Caso Interoceánica.

La resolución judicial precisa que la medida fue ampliada a fin de que se pueda cumplir con la toma de declaración de Sepúlveda, tras lo cual “se procedería al levantamiento de la medida impuesta”.

Por otro lado, el juzgado considera como probable que el empresario chileno intente nuevamente salir del país sin haber presentado su declaración, como ocurrió el pasado 27 de abril.

“Resulta razonable que se renueve el plazo del impedimento de salida del testigo por segunda vez, en vista que se han presentado nuevas circunstancias que la justificarían, entre ellas, la continuación de la emergencia sanitaria por la pandemia del COVID-19”, señala el juez Concepción Carhuancho.

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Sin embargo, la medida fue ampliada por 19, y no 22 días, para completar otros dos meses de impedimento de salida del país. Con esto, el empresario chileno deberá mantenerse en el Perú hasta el 26 de junio.

El 24 de febrero, el Poder Judicial impuso el impedimento de salida contra Sepúlveda por el plazo de dos meses. Mediante una resolución del 27 de abril, se dispuso la reposición del plazo por 41 días, que vencía el 7 de junio.

Gerardo Sepúlveda, dueño de la empresa First Capital y exsocio de PPK en la empresa Westfield, también es investigado por el presunto delito de lavado de activos. Ambas compañías son indagadas por haber recibido pagos de la empresa brasileña Odebrecht.

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