Gestión de Ramos Heredia 'extravió' 3 denuncias a congresistas
Gestión de Ramos Heredia 'extravió' 3 denuncias a congresistas
Martín Hidalgo Bustamante

Subeditor de la Unidad de Análisis Político

martin.hidalgo@comercio.com.pe

La gestión del destituido fiscal de la Nación aún escondería irregularidades por las cuales debe responder. El Comercio accedió a información sobre tres denuncias contra igual número de congresistas, presentadas en el 2014, que fueron encarpetadas sin que se les diera el trámite correspondiente.

El fiscal de la Nación en funciones, Pablo Sánchez, declaró el jueves a este Diario que encontraron “tres denuncias contra congresistas en la secretaría general de la Fiscalía de la Nación que no habían sido ingresadas al sistema”, aunque no quiso ahondar en el tema.

El Comercio pudo verificar quiénes son los implicados en un informe remitido al Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) por la fiscalía: Juan José Díaz Dios (Fuerza Popular), Javier Velásquez Quesquén (Apra) y Heriberto Benítez (ex integrante de Solidaridad Nacional).

En la documentación que ya obra en manos de Pablo Talavera, presidente del CNM, se sostiene que estas tres carpetas “no contenían número de registro de mesa de partes”. “Actualmente dichas carpetas fiscales se encuentran en trámite en el Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales, como debió ser desde el momento mismo en que ingresaron a esta secretaría general”, señala el documento elaborado por el actual secretario general del Ministerio Público, Jaime Villanueva.

Las denuncias llegaron al escritorio de su antecesor, Marco Antonio Carrasco, un fiscal superior provisional nombrado secretario general por Carlos Ramos Heredia. Carrasco  nunca les dio trámite.

Orellana y López Meneses
Las dos primeras denuncias encarpetadas fueron las de Velásquez Quesquén y . Ambas fueron recibidas en la secretaría general el 7 de agosto del 2014. Las denuncias fueron presentadas por el entonces procurador anticorrupción, Christian Beteta. 

A Velásquez Quesquén se lo denunció porque en su gestión en la Presidencia del Consejo de Ministros, en el 2010, designó a Rodolfo Reyna –un militante aprista que habría permitido que la red de Orellana se adueñara de un inmueble en Miraflores– como miembro de los directorios de Indecopi, primero, y de Sunarp, más tarde. En estas dos instituciones actuó la red de Orellana.

Lee el informe completo en la edición impresa de El Comercio.

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