¡Esas Juntas! Segundo round. Crónica de Fernando Vivas sobre Delia Espinoza, Patricia Benavides y la JNJ

El segundo round empezó el pasado lunes 23 con cierta ventaja para Delia. Por 3 razones: se sumó Tomás Aladino Gálvez a la Junta de Fiscales Supremos (JFS). Delia le había dado largas a su reclamo de reposición hasta que vio que tenía en él a un aliado coyuntural contra Benavides. Tomás Aladino firmó el acuerdo unánime que exigió a la JNJ “se sirva emitir pronunciamiento sobre los efectos del referido artículo [el número 3 de la resolución 231-2025-JNJ del 12 de junio que ordenó la reposición] toda vez que, de acuerdo al Art. 158 de la Constitución se eligió válidamente y de buena fe como fiscal de la Nación, a la Sra. Delia Milagros Espinoza”. Ya no era un oficio de doña Delia en soledad, sino de la JFS con el refuerzo del ‘anti caviar’ Tomás Aladino. Además, el acuerdo era moderado, iba al fondo y dejaba de lado el reclamo formal del acta que implica el derrotismo de ‘si me la muestras, la acato’. Cosa que, más o menos, pasó el martes en la noche cuando apareció el pleno de la JNJ (menos Távara) dando a entender ‘los 6 votamos, ¿cuál es el problema?’. Para suerte de Delia y la JFS, el miércoles amanecimos con el pitazo del Poder Judicial parando la pelea.

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El ingreso de Luciano López a la defensa legal de Espinoza ayudó a ordenar y moderar el caos de la semana previa. López me contó que su apoyo es ad honorem y circunscrito a un amparo presentado por Espinoza contra la JNJ, aunque su asesoría va más allá. En el mensaje a la nación hubo un olvido que echó leña al fuego. La JNJ había emitido, al final de la tarde del lunes, un mensaje conciliador invitando a Benavides y a Espinoza a una audiencia para discutir los efectos de la resolución. A Delia le cayó pésimo que el escrito tratara a ambas de ‘fiscales supremas’ y la invitación en sí mismo no señalaba un propósito claro; pero ni siquiera mencionarla fue un acto de desprecio a la JNJ. López me explicó que el mensaje de Delia ya estaba diseñado antes de que se conociera la invitación. Aún no lo habían propalado cuando esta se conoció, pero no les pareció importante replantearlo. En realidad, la mejor ayuda para Delia vino de la propia JNJ que con su belicosidad, presumiblemente, apuró la medida cautelar del Poder Judicial. Las claves para entender el porqué se sobregiró la JNJ se las empecé a contar la semana pasada (ver la crónica “!Esas Juntas!”). Vamos a eso.

Como les conté hace unos días, la voz cantante en la JNJ la lleva su vicepresidenta María Teresa Cabrera. En el 2008, María Teresa demostró que era una mujer de armas tomar cuando era jueza y envió a Magaly Medina a prisión efectiva por delito de difamación a Paolo Guerrero. Sorprendió a todo el país, comunidad judicial incluida, rompiendo los estándares de las querellas. Quedamos advertidos de que, cuando entra en trompo, Cabrera da más de lo que se espera de ella.

María Teresa tiene bajo su mando a la Dirección de Procedimientos Disciplinarios (DPD) de la JNJ, que es donde se armó el expediente de Benavides. Mi fuente me contó, incluso, que cuando un miembro de la Junta le preguntó al presidente Ríos el porqué debían ver ese asunto controversial en un pleno, Ríos le contestó con un gesto que a este le dio a entender: ‘es María Teresa, pues´. O sea, Cabrera impondría a través de Ríos, la agenda y el apuro al pleno. No solo lo dice mi fuente, sino que el lunes sucedió algo que lo confirma. Se filtró temprano un documento firmado por Magnolia Martínez Hidalgo, que incluía este texto referido a Delia Espinoza: “se requiere para que en el día cumpla con lo dispuesto (…) bajo apercibimiento de solicitar la fuerza pública en caso de incumplimiento”. Doña Magnolia es la directora de la DPD, de modo que podemos presumir que fue autorizada -sino alentada- por Cabrera a lanzar algo tan temerario.

López me hizo ver que lo hecho por la DPD va contra el reglamento de la JNJ que, en su artículo 18, señala que es el presidente el único que emite resoluciones que ejecuten los acuerdos. Quizá por eso, el martes leímos algo aún más temerario que lo lanzado por la DPD y que, esta vez, sí llevaba la firma digital de Gino Ríos. El presidente de la JNJ, siguiendo la línea de Cabrera, solicitaba en un oficio al ministro del Interior, apoyo policial para reponer a Benavides. Me sorprendió que Ríos asumiera la belicosidad de la DPD, así que llamé al área de comunicaciones de la JNJ para confirmar la autenticidad de ese documento aparecido en algunos medios. Ni lo confirmaron ni lo descartaron, a pesar de que varios colegas hicimos la misma consulta. Para matar las dudas, en la noche, aparecieron los 6 miembros de la JNJ que votaron por reponer a Patricia. Gino Ríos leyó un texto de 11 puntos en el que sustentó la vigencia de la resolución que manda reponer a Benavides. En su punto 9, como quien no quiera la cosa, pero sin el énfasis del documento que llevaba su presunta firma, dice que la JNJ “ha iniciado el procedimiento de ejecución forzosa, de acuerdo con lo dispuesto en el Art. 205 del TUO de la Ley del Procedimiento Administrativo General”. Le pedí a López un comentario sobre ese artículo y opinó que, si bien la JNJ puede recurrir a esa ley general a falta de normas propias sobre ejecución forzosa, no se habían cumplido el requisito de haber iniciado un proceso de ejecución antes de pedir el apoyo de la PNP. Mi fuente de la JNJ me asegura que hay varias irregularidades en el acta de esa sesión en la que, un par de miembros no habrían sabido lo que votaron y habría apurado la salida de la ex secretaría general de la JNJ, Giovanna Díaz.

Dina y el Mininter no tuvieron tiempo para paladear la posibilidad de ajustar cuentas a doña Delia, porque el miércoles sonó el pitazo judicial. Benavides perdió soga (volver como fiscal suprema) y cabra (volver a ser FN). El amparo presentado por Delia pidiendo suspender los derechos de Benavides como fiscal fue hecho meses atrás; pero podemos presumir que el lío aceleró la decisión del juez. Si Benavides hubiese declinado públicamente ser FN y se contentaba con ser suprema; el juez no se hubiera apurado y hoy estaría en la JFS. Le pregunté en sendas entrevistas a sus abogados Jorge del Castillo y Humberto Abanto, si pensaban en esa posibilidad conciliatoria, y la descartaron.

¿Por qué Benavides peleó su retorno de FN si era predictible que los actuales supremos harían lo imposible por impedirlo y tenían las de ganar en el PJ? Como se los anticipé en crónica pasada, la respuesta trasciende a Benavides y obliga a reparar en las simpatías políticas de sus defensores oficiales y en los varios que simpatizan con su causa. Sucede que Patricia se convirtió en heroína ‘anti caviar’ cuando decidió, ampliando fronteras para el Ministerio Público, investigar a Pedro Castillo, ayudando a la caída del supuesto presidente de los caviares. Las presuntas trapacerías de Patricia reveladas por Eficcop y las revelaciones de su asesor Jaime Villanueva acusándola desde complotar para deshacerse de la fiscal Bersabeth Revilla que investigaba a su hermana Emma hasta hacer contratos amañados con proveedores del MP; poco hicieron por destruir la fe ciega que el anti caviarismo mantiene en Patricia.

En el ataque al MP hay algo más específico y dramático que el anti caviarismo genérico. Se puede resumir en 3 palabras: ‘vengar a Alan’. La conocida y respetable filiación aprista de los abogados Jorge del Castillo y Humberto Abando refuerzan esa percepción. También, que Gino Ríos tenga por defensor a Wilber Medina, uno de los abogados del difunto García. Ríos, además, ha sido una muy estimada autoridad en la Universidad San Martín de Porras, donde el afán de desagraviar al político García, ex director de su Instituto de Gobierno, está muy presente. Cabrera, por cierto, es docente en la UNMSP. Lástima que Benavides, imputada de serísimos cargos de corrupción que han provocado el desenlace judicial de esta semana, sea usada de herramienta en ese fin que aquí no juzgo. Si lo destaco es porque mis fuentes, los hechos y las conexiones entre sus actores, lo vuelven un factor indispensable para comprender el lío.

A Espinoza no se le conoce filiación política y no contribuyó con la caída de Patricia pues, en ese momento, estaba designada por el MP en el pleno del JNE (¡los supremos la querían lejos!). Pero el anti caviarismo asume que ella es una continuidad de la gestión que persiguió a Keiko y empujó a García a la muerte. Espinoza no ha hecho un indispensable trabajo despolarizador, no ha sabido mantener a raya a asesores y fiscales que sí encarnan el caviarismo en los sesgados ojos de sus opuestos. Ante una pregunta sobre los pocos supremos, apenas 4, que componen la junta (hoy 5 contando con Gálvez), dijo que eran suficientes. Para contradecirla en este punto fundamental, hay consenso en reformólogos de izquierda y derecha en que convendría ampliar el número de supremos para que su Junta sea menos precaria, más funcional y más representativa. La amenaza que ha generado el episodio con Benavides, es que el Congreso quiere hacer esa reforma poniendo imponiendo sus plazos y sus maneras, en lugar de que el propio MP lo decida.

El tercer round, si se da, ya agarrará a Patricia con plazo vencido para ser FN (aunque su defensa pide que se descuente los meses que estuvo suspendida), y dependerá de que algún tribunal acoja uno de los varios pedidos de su defensa. Pero hay otra vía de retaliación a Espinoza y está en la propia JNJ. Mi fuente me contó que la intención de abrirle proceso por el desacato está presente y, además, hace ya tiempo, antes del lío, que el pleno acordó abrirle proceso tras la denuncia que hizo Juan José Santiváñez por pedir levantarle el secreto de sus comunicaciones (en realidad lo hizo un fiscal adjunto, aunque bajo el mando de Espinoza). La defensa de Patricia y sus aliados de la JNJ van al contrataque.