Janet Tello y la JNJ: las posibles consecuencias del proceso disciplinario a la presidenta del Poder Judicial

La Junta Nacional de Justicia (JNJ) inició un proceso disciplinario inmediato a la actual presidente del Poder Judicial, Janet Tello, y a otros cuatro jueces que integraron junto a ella una sala de la Corte Suprema. El procedimiento podría terminar con la destitución de la magistrada, quien desde que asumió funciones en enero pasado ha sido crítica de las leyes del Congreso que han afectado al sistema de justicia y de los ataques de la presidenta Dina Boluarte a su institución.

Fuentes de El Comercio indicaron que el pleno de la JNJ aprobó iniciar el proceso disciplinario inmediato por mayoría. Fue una votación de cuatro contra tres.

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Mediante un comunicado, poco antes de las 8 a.m. del viernes, la JNJ confirmó el proceso disciplinario a Tello y afirmó que en todos los casos actúa “con el más absoluto respeto al debido proceso y al derecho a la defensa”.

A nivel de la JNJ, los procesos disciplinarios inmediatos son herramientas reservadas para los casos de mayor gravedad. De acuerdo con el reglamento de procesos disciplinarios de la JNJ, estos se realizan sin la necesidad de pasar por una indagación preliminar y solo cuando el pleno resuelve que hay una “conducta notoriamente irregular” o una “flagrante falta disciplinaria muy grave”.

La conducta “notoriamente irregular” se define como “la comisión de una falta disciplinaria muy grave establecida por ley, susceptible de ser sancionada con destitución, detectada en el momento en que se está ejecutando”.

En este tipo de casos, para los que se asigna un magistrado instructor a cargo del procedimiento, se notifica a la persona procesada y se le permite presentar sus descargos en un plazo de 10 días. Hasta el cierre de esta nota, de acuerdo con fuentes de este Diario, la jueza Janet Tello aún no era notificada de la decisión de la JNJ.

Si al final de este procedimiento se considera que hubo una falta disciplinaria muy grave, Janet Tello y los otros magistrados pueden ser sancionados con la destitución. Además, el instructor del caso puede requerir una suspensión preventiva contra los investigados. Así ocurrió, por ejemplo, en el caso de la ex fiscal de la Nación Patricia Benavides.

El hecho fue reportado inicialmente por el portal El Foco. La publicación indicó que el proceso se basa en que Janet Tello y los otros cuatro jueces que integraban el año pasado la Primera Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema habrían citado en una sentencia una ley que ya no estaba vigente.

Según el mismo medio, los miembros de la junta que votaron a favor de iniciar el procedimiento disciplinario inmediato fueron el exprocurador Gino Ríos (presidente de la JNJ), la exjueza y excongresista de Podemos Perú María Teresa Cabrera (vicepresidenta de la JNJ y titular de la Comisión Permanente de Procesos Disciplinarios), y los abogados Víctor Chanduví y Rafael Ruiz. Se opusieron el exjuez supremo Francisco Távara y los abogados Jaime de la Puente y German Serkovic.

El Comercio pudo conocer que, en efecto, un ciudadano presentó a fines del año pasado una queja contra los cinco magistrados, alegando que resolvieron una casación promovida por él citando una norma no vigente. No obstante, la parte denunciante aún no es notificada del inicio de un procedimiento disciplinario a partir de su recurso. En cambio, una denuncia ante la fiscalía por los mismo hechos sí fue declarada improcedente.

Los otros magistrados supremos que integraban la sala junto a Janet Tello eran Carlos Calderón Puertas, Omar Toledo Toribio, Ricardo Corrales Melgarejo y Liliana Dávila Broncano. De todos ellos, solo Tello y Calderón son jueces supremos titulares.

La investigación incluye a los cinco magistrados a pesar de que la Ley Orgánica del Poder Judicial establece que solo el juez ponente, el encargado de redactar la resolución, responde “por los datos y citas consignados u omitidos en su ponencia”. Según conoció este Diario, Janet Tello no fue la ponente del caso en cuestión.

En diálogo con El Comercio, el exviceministro de Justicia Gilmar Andía comentó que no hay antecedentes en las últimas décadas de la suspensión o del cese de un presidente de la Corte Suprema. En el 2018, Duberlí Rodríguez dejó el cargo, pero no fue por una suspensión, sino por renuncia, lo que llevó a elegir a un nuevo titular del PJ para el resto de su período.

No obstante, Andía indicó que -según la ley orgánica del Poder Judicial- una eventual suspensión significaría un impedimento para ejercer el cargo, con lo que la presidencia de la institución iría al juez decano o más antiguo de la Corte Suprema. Actualmente, el juez supremo decano es César San Martín. Lo mismo sucedería en el caso de un cese o destitución.

Conocida la información periodística, la jueza Janet Tello emitió un comunicado en el que dijo que esperaba “serenamente” que la JNJ le notifique su decisión para poder ejercer su defensa. Sin embargo, también calificó de “preocupante que el referido procedimiento haya sido dispuesto bajo un trámite célere, reservado para casos de suma gravedad”.

“Debo señalar que mi línea de conducta durante toda mi carrera judicial siempre ha sido y es de apego a la ley y a la Constitución”, aseguró la magistra suprema, que preside el Poder Judicial desde enero de este año. La magistrada no registra antecedentes conocidos de inconductas funcionales o vínculos con casos fiscales o investigaciones penales.

Tello también remarcó que “en el actual contexto político, esa decisión no abona al fortalecimiento de las instituciones democráticas y el respeto a la independencia del criterio de las juezas y jueces en sus decisiones, lo cual es medular para la defensa de los derechos ciudadanos y el principio de equilibrio de poderes y balance de poderes”.

Desde que inició su gestión al frente del Poder Judicial, Janet Tello ha sido crítica de las leyes dictadas por el Congreso que afectan al sistema de justicia. Entre ellas están las normas que permiten apelar las órdenes para que acusados vayan a juicio o la que eliminó la detención preliminar.

Solo esta semana, poco antes de que se conociera este proceso disciplinario inmediato, Janet Tello se presentó en el Congreso exhortó allí a que se proceda con la restitución de la detención preliminar y reiteró sus críticas a algunas leyes dadas por el Legislativo. En la misma sesión, cuestionó la intervención del ministro del Interior, Juan José Santiváñez, sobre su propuesta de cárcel para menores de edad.

Janet Tello también ha cuestionado a la presidenta Dina Boluarte por sus cada vez más frecuentes ataques al sistema de justicia. “Pediría a la presidenta que nos dejemos de estar calificando”, dijo hace dos semanas en una actividad en Cajamarca.

Luego, en respuesta a las críticas de la mandataria por el caso de la exalcaldesa Susana Villarán, la juez suprema dijo en RPP que “debe estar mal asesorada porque en un momento donde requerimos que todos los poderes del Estado estemos unidos para hacer frente a problemas mayores, ella quizá está ensimismada en asuntos que todos debemos responder si nos corresponde hacerlo por una investigación”.

Opiniones

Cuestionan proceso inmediato

Para el exviceministro de Justicia Gilmar Andía, la decisión de la JNJ de abrir un proceso disciplinario inmediato por este caso es "desproporcional" y lo consideró como un ataque al Poder Judicial. "Es desproporcional y con un trasfondo, de todas maneras, político".

El abogado dijo a El Comercio que la JNJ ya tenía cuestionamientos sobre "sus vinculaciones al Congreso y al Ejecutivo" y que es "preocupante" que la excongresista María Teresa Cabrera esté "a cargo de los procesos disciplinarios".

Andía consideró que el haber mencionado una norma derogada no invalida toda una resolución y que incluso podría tratarse de un error de forma o de una interpretación que permita citar una norma derogada.

"No es tan sencillo como solo decir que se aplicó una norma derogada y que, por ende, se debe pasar a un proceso disciplinario, haciendo uso del proceso inmediato, cortando la posibilidad de una indagación previa. Eso significa que para cuatro miembros de la JNJ la falta es evidente y hasta tendríamos ya un adelanto de la posición que van a tomar. Habrá que ver quién será el ponente".

El penalista Ricardo Elías, socio del Estudio Elías Puelles, coincidió es que se trata de un procedimiento desproporcional y que no debería llevar a la destitución de la titular de la Corte Suprema.

"El procedimiento inmediato abierto contra la doctora Tello y cuatro magistrados supremos se da a conocer luego que la presidente del PJ emitiera duras, pero justas, opiniones en contra del gobierno. En este sentido, podría ser una ingrata coincidencia. Sin embargo, el este procedimiento no aboga a la institucionalidad del Poder Judicial y genera muchas dudas al respecto, dijo a El Comercio.

Elías añadió que son desproporcionales tanto el procedimiento célere como la eventual sanción de destitución que se espera obtener. "Debería respetarse el debido procedimiento administrativo, recibir los descargos y escucharse a todas las partes involucradas. Sin embargo, la sanción no puede ser la más dura del ordenamiento", sostuvo.

En tanto, el Colegio de Abogados de Lima (CAL) emitió un comunicado para rechazar el "evidente acoso político del que [Janet Tello] viene siendo objeto, bajo el pretexto de una cuestionable interpretación legal en un proceso de carácter laboral".

"Resulta preocupante que, de los miles de casos resueltos por la sala que integró la dra. Tello en los últimos años, se pretenda utilizar uno en particular como pretexto para afectar su labor e independencia judicial".

El gremio consideró que las medidas disciplinarias de la JNJ no deben usarse como "mecanismos de prisión políticas ni como herramientas para debilitar la independencia de los jueces".