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Joaquín Ramírez pide que investigación por lavado de activos concluya

Ex secretario general de Fuerza Popular es investigados por la compra de dos inmuebles valorizados cada uno en más de US$ 2 millones y por presunta entrega de US$ 15 millones por parte de Keiko Fujimori.

Joaquín Ramírez

Joaquín Ramírez es investigado por el fiscal de lavado de activos Wilson Salazar Reque. (Foto: GEC)

La defensa técnica del excongresista Joaquín Ramírez Gamarra presentó en mayo un recurso para que concluya la investigación preliminar que se le sigue por presunto lavado de activos.

El ex secretario de Fuerza Popular es investigado por la compra de dos inmuebles valorizados cada uno en más de US$ 2 millones. Uno de estos predios fue utilizado como local de campaña de Keiko Fujimori, y otro como sede de la ONG Oportunidades.

De hecho, en esta pesquisa también está incluida la lideresa de Fuerza Popular, quien hoy cumple con una orden de prisión preventiva por recibir presuntos aportes ilícitos de Odebrecht para su campaña electoral del 2011.

Joaquín Ramírez también es investigado por presuntamente recibir US$ 15 millones de Fujimori Higuchi y lavarlos a través de sus empresas.

Se tenía previsto que el viernes 19 se realice la audiencia donde se revisaría el recurso de tutela de derechos que interpuso la defensa para que el caso finalice; sin embargo, fue reprogramada para el próximo viernes, a pedido del fiscal provincial Wilson Salazar Reque, a cargo de la investigación.

Las incidencias del caso están a cargo del juez Víctor Zúñiga Urday, del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, quien deberá decidir sobre el futuro de las investigaciones a Ramírez.

El caso fue archivado en el 2017 y reabierto el mismo año para pasar al despacho del fiscal Salazar. La investigación preliminar inició en febrero del 2018.

En declaraciones a El Comercio, José Luis Castillo, abogado de Joaquín Ramírez, sostuvo que la investigación preliminar concluyó en marzo de este año, pero la Fiscalía aún no emite una disposición para que la pesquisa pase a etapa preparatoria.

“Por la demora excesiva hemos acudido a la tutela de derechos”, dijo Castillo, tras señalar que el caso debería avanzar a la siguiente instancia o archivarse.

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