Exjefe de PNP, Jorge Angulo, presenta recurso para volver al cargo: Sus argumentos contra la resolución firmada por Dina Boluarte

A dos semanas de haber sido destituido de la comandancia general de la Policía Nacional, el general PNP (r) Jorge Angulo presentó ante el Tercer Juzgado Constitucional el 4 de febrero último un recurso de amparo, a través del cual demanda a la presidenta Dina Boluarte y al ministro del Interior, Víctor Torres, por su pase al retiro, que públicamente calificó de “abrupto, ilegal e irregular”.

En comunicación con El Comercio, Angulo dijo que la principal intención que tiene con este amparo es que sea restituido al frente de la dirección de la PNP y una vez que esté reincorporado, él solicitará su baja. “Quiero salir bien [de la institución] y que se cambie esa resolución”, añadió.

Esto en referencia a la Resolución Suprema N°019-2024-IN, del 22 de enero último, que fue firmada por Boluarte y Torres. En este documento, el Ejecutivo enlistó una serie de cuestionamientos a la administración del hoy general PNP en retiro. Por ejemplo, remarcó que, tras la evaluación de los estados de emergencia decretados en diferentes distritos del país, “se concluye que no han logrado disminuir la criminalidad”.

El gobierno también subrayó que “se han evidenciado negligencias muy graves en el control y comando” de la institución policial “por el actual comandante general” de la Policía Nacional, “las cuales constituirían incompatibilidad y falta de idoneidad para el ejercicio del cargo”.

Lee también: Dina Boluarte cambia al alto mando policial: la historia de su reunión con saliente comandante de la PNP

Al respecto, Angulo remarcó que la declaración de los estados de excepción fue una medida exclusivamente “política”.

“Lo único que se busca [con el amparo] es que se respete a la institución, si atacas al comandante general lo están haciendo contra toda la Policía Nacional. No debe haber más atropellos. Soy consciente de que mi ciclo ya pasó, pero mi intención es que lo que pasó conmigo nunca más se vuelva a repetir”, expresó a este Diario.

Violación a derechos fundamentales

En su recurso de amparo, al que tuvo acceso El Comercio, Angulo sostiene que la Resolución Suprema N°019-2024-IN “viola” un conjunto de sus “derechos fundamentales”.

Por ejemplo, indicó que se vulneró el principio de legalidad porque no se cumplió la Ley N°31570 (que está vigente desde el 10 de setiembre del 2022), y que en su artículo 8 establece las causales del cese de cargo de comandante general de la PNP. Precisamente, el ministro del Interior, en su presentación en el Congreso, no pudo explicar el motivo legal de la baja del general PNP en retiro.

El artículo 8 de la Ley N°31570 señala que el director general de la Policía puede ser cesado antes de la conclusión de su administración de dos años “únicamente” por muerte, solicitud de pase al retiro del propio director de la PNP, incapacidad física permanente, incurrir en falta muy grave, ser autor de un delito doloso (con sentencia firme del Poder Judicial) y la comisión de un delito flagrante.

Angulo, en el escrito presentado ante el Poder Judicial, además, refirió que la Carta N°0X-2024-IN-DP, que le fue entregada por la presidenta Boluarte y que le imputa faltas muy graves, “no se ciñó al procedimiento previsto en la Ley N°30714, que regula el régimen disciplinario” de la PNP.

Gerardo Eto Cruz, abogado de Angulo, también señaló en su amparo que la resolución suprema N°019-2024-IN “afecta el derecho al honor y a la buena reputación” de su patrocinado, porque lo acusa de incurrir en “negligencias muy graves en el control y comando de la institución policial”.

En diálogo con El Comercio, Eto Cruz, ex magistrado del Tribunal Constitucional, adelantó que una vez que su recurso de amparo sea admitido a trámite, interpondrá una medida cautelar para que se suspendan los efectos de la destitución y pase al retiro de Angulo.

“Aquí se ha violado el principio de legalidad, ha habido desproporcionalidad en la sanción, a mi patrocinado se le atribuye la responsabilidad de un hecho en Ayacucho [la agresión a la presidenta Boluarte], pero él no era responsable de este hecho fortuito. También se ha cortado un proyecto de vida, un oficial con tantos años no puede terminar con este estigma”, expresó.

Eto Cruz dijo que lo ideal sería que su recurso de amparo sea procesado con “urgencia, pero para las circunstancias que atravesamos, los jueces están de vacaciones” no sería así.

Lee también: Fray Vásquez Castillo: ¿Cuál es la historia detrás de su entrega? ¿En qué país estuvo?

Fiscalía inició acciones contra Torres

De otro lado, el Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales de la Fiscalía de la Nación- dirigida por el fiscal superior Luis Germaná Matta- dispuso el 1 de febrero último “recabar información relacionada a las presuntas injerencias en los procesos de ascensos, pases al retiro y cambios de colocación de oficiales” en la Policía Nacional, “que serían atribuibles” al ministro Torres Falcón.

Y en el marco de esa decisión, el área de Germaná Matta ha citado a Angulo a declarar en calidad de testigo para el viernes 9 de febrero a partir de las 11 a.m.

Otras fuentes de refirieron que dos fiscales ingresaron el último martes a la sede del Ministerio del Interior para recoger información.

En diálogo con este Diario, Angulo dijo que no solo va a ratificar ante la Fiscalía de la Nación todas las denuncias que ha hecho contra Torres, sino que entregará todas las pruebas documentales que tiene. Agregó que también dará los nombres de los oficiales que iban a ser beneficiados con los pedidos de reubicación y de no pase al retiro hechos por el ministro.

“Voy a dar el nombre de todas las personas que han estado involucradas en este tráfico de influencias. [Torres] me solicitó casi 300 cambios, de diferentes oficiales, de diferentes grados y de diferentes unidades. Y también intentó impedir que cuatro o cinco generales de la Policía pasen al retiro. Todo esto será parte de la investigación”, manifestó.

Reiteró que el ministro del Interior también le preguntó si podía pasar al retiro al coronel PNP Harvey Colchado, quien lidera el equipo especial de la Policía que apoya al Eficcop del Ministerio Público.

Por su parte, el ministro del Interior adelantó que no tiene previsto renunciar y que dar un paso al costado “sería un acto de cobardía”.

“Mi carrera no es de cinco años ni de diez, mi carrera en la Policía ha sido de 40 años, y he pasado al retiro con un legajo limpio. [Y ahora] resulta que, en dos meses, soy el peor ser humano que puede tener Lima y el Perú y no es así, yo les pido que nos dejen trabajar […] En los tiempos difíciles uno tiene que ser fuerte y renunciar sería un acto de cobardía”, subrayó.

Torres dijo que se mantendrá en el cargo “mientras la señora presidenta disponga lo contrario”.

El ministro del Interior confirmó que personal del Ministerio Público asistió a su despacho, al sostener que los procesos de cambios de ubicaciones y pases al retiro “son temas administrativos exclusivos de la Policía Nacional”.

Torres indicó que los ascensos en la institución policial se dieron cuando él aún no era ministro.

El punto de vista

Para la abogada penalista Romy Chang, las diligencias ordenadas por la Fiscalía de la Nación serían parte de una investigación preliminar, al explicar que “sin una carpeta con un número, no se puede recabar información”. Agregó que el ministro Torres podría ser procesado por presunto tráfico de influencias, así como por corrupción.

“Dudo mucho que estos cambios solicitados en posiciones sean gratuitos, tiene que revisarse los estados de las cuentas de este señor, el dinero no se puede esconder”, manifestó a El Comercio.

Chang, además, detalló que una vez que el Ministerio Público haga oficial la pesquisa, tendrá que evaluar si tiene elementos contundentes para solicitarle al Congreso el levantamiento de la inmunidad de Torres.

“El Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales de la Fiscalía de la Nación elabora una denuncia constitucional con el objetivo de que el Parlamento lo autorice a ir más allá, esto sería la formalización de investigación preparatoria”, acotó.

Lee también: Martín Vizcarra: los argumentos de la nueva denuncia constitucional por el Caso Los Intocables de la Corrupción

El abogado penalista Enrique Ghersi consideró que la fiscalía “está actuando con prudencia” al realizar diligencias preliminares antes de iniciar formalmente una investigación al ministro del Interior.

Agregó que posiblemente tras recibir la declaración testimonial de Angulo, el Ministerio Público haga oficial la pesquisa a Torres.

En diálogo con El Comercio, el letrado dijo que existen elementos para que el titular del Mininter sea investigado por los presuntos delitos de abuso de autoridad y tráfico de influencia.

“Se ha denunciado que pudo haber favorecido a un conjunto de oficiales, se tiene que ver si ha habido algún soborno de por medio”, concluyó.