La decisión responde a una investigación disciplinaria que se le sigue por presuntas infracciones cometidas en el ejercicio de sus funciones durante el proceso del “Caso Cócteles”.

De acuerdo con la ANC, la medida de “apartamiento preventivo” busca garantizar el normal desarrollo del procedimiento disciplinario, evitar la obstaculización del mismo y prevenir la reiteración de los hechos que se investigan.

La resolución, a la que accedió El Comercio, sostiene que el fiscal Pérez habría incurrido en una actuación irregular al continuar interviniendo durante más de cinco años en un proceso en el que se encontraba legalmente impedido. Esto, debido a la inclusión del abogado Arsenio Oré Guardia, exdefensor legal de Keiko Fujimori, como presunto autor del delito de obstrucción a la justicia.

La Unidad de Procedimientos Disciplinarios de la ANC señaló que el fiscal investigado fue requerido para que se inhibiera del caso, pero persistió en su participación. Como consecuencia, se retrotrajeron las actuaciones fiscales a una etapa previa, lo que afectó el curso de la investigación.

“Aplicar la medida cautelar de apartamiento preventivo al abogado José Domingo Pérez Gómez en su actuación como fiscal provincial del Primer Despacho del Equipo Especial de Fiscales (…) por el plazo de seis meses contados a partir de la notificación”, señala la resolución de 25 páginas.

Añade que, en consecuencia, está “impedido de ejercer durante ese período las atribuciones propias de la condición de fiscal provincial establecidas en la Ley Orgánica del Ministerio Público y cualquier otra inherente a dicho cargo”.

José Domingo Pérez ha sido una de las figuras más visibles del equipo especial de fiscales dedicados al caso Lava Jato desde 2017. Recientemente sufrió otro revés por la anulación del juicio oral contra Keiko Fujimori y otros por el “Caso Cócteles”.

La resolución fue firmada por Rosario Velazco Sánchez, responsable de la Unidad Funcional de Seguimiento de la Autoridad Nacional de Control en Lima Centro.

La ANC es liderada por Juan Antonio Fernández Jerí, quien en enero de 2024 fue involucrado por Jaime Villanueva en una presunta estrategia para apartar a los fiscales del equipo Lava Jato. Según Villanueva, Fernández tendría vínculos con el Partido Aprista y habría sido designado con ese propósito.

Los argumentos de la ANC

La ANC argumentó que la medida cumple con los estándares exigidos por el Tribunal Constitucional (TC), específicamente en relación con los juicios de idoneidad, necesidad y proporcionalidad.

De acuerdo con la ANC, la suspensión es adecuada para evitar la reiteración de los hechos materia de investigación. Además, señaló que no existen, en el ordenamiento jurídico, otras medidas menos gravosas que puedan lograr la misma finalidad, lo que justifica la aplicación de la única medida disponible: el apartamiento preventivo.

“Se justifica la adopción de la medida cautelar de apartamiento preventivo (…) en atención a la gravedad de los hechos que se le imputan y la convicción que existe sobre su responsabilidad disciplinaria, así como el riesgo que implica continuar llevando casos emblemáticos que siempre se encuentran en el ojo público, en los cuales se debe evitar un desempeño inadecuado que desencadene en el descrédito de la institución”, se indica en la resolución de la ANC.

La resolución también remarca que la medida no implica un perjuicio económico extremo, ya que el fiscal seguirá recibiendo el 80% de su remuneración mensual. No obstante, en caso de ser destituido, ese monto se tendrá como pago a cuenta de la compensación por tiempo de servicio.

La resolución sostiene que existe un balance entre los perjuicios a los derechos del fiscal, como el trabajo y permanecer en el cargo, y los beneficios que para la administración de justicia representa su suspensión temporal.

La ANC aseguró que el apartamiento permite garantizar la independencia e imparcialidad del Ministerio Público, así como preservar la confianza pública en esta institución.

La resolución también menciona que la actuación del fiscal fue objeto de pronunciamiento del TC en agosto de 2024.

El TC, en su sentencia, indicó que los hechos de obstrucción que el fiscal Pérez intentaba investigar contra el abogado Arsenio Oré habrían ocurrido durante una investigación que él mismo estaba llevando a cabo. Es decir, la persona que investiga la obstrucción es la misma que habría sido obstruida; por ello, se advirtió una duda razonable sobre su objetividad en el caso.

De acuerdo con la ANC, ello generó repercusión mediática y cuestionamientos a la objetividad del fiscal.

Aplicación inmediata

En la parte resolutiva del documento, la ANC dispuso la ejecución inmediata de la medida cautelar a partir de su notificación. El plazo de seis meses se computa desde ese momento. Además, ordenó comunicar la resolución a diversas instancias del Ministerio Público y a la Junta Nacional de Justicia (JNJ).

Por norma, el fiscal puede interponer un recurso de apelación dentro de los cinco días hábiles desde la notificación. No obstante, ello no suspende la ejecución de la medida, que se mantiene vigente mientras se resuelve el recurso.

La ANC precisó que la medida es de carácter preventivo y no implica una sanción definitiva. Su aplicación, según señaló, no prejuzga sobre la responsabilidad del fiscal en los hechos que se le imputan.

También se informó que la ejecución de la medida será supervisada por distintas instancias del Ministerio Público, incluyendo la Gerencia General y la Oficina de Registro y Evaluación de Fiscales.

El caso continuará bajo investigación en tanto se tramita el procedimiento disciplinario correspondiente.

José Domingo Pérez apelará: “Sanción es injusta y abusiva”

El fiscal Pérez informó que apelará la suspensión en su contra. Consideró que se trata de una medida “abusiva” y que responde a intereses subalternos.

“La sanción de suspenderme en el cargo es injusta y abusiva. Me toca irme del Ministerio Público producto de un pacto ilícito en que interviene el jefe de la ANC, Fernández Jerí, con el abogado de Fuerza Popular”, señaló en diálogo con El Comercio.

Pérez agregó que “lamentablemente, la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, no solicitó las medidas cautelares respectivas para frenar el accionar de Jerí”.

“Me voy, como se fue Marita Barreto o se irá Rafael Vela, y seguramente otros fiscales incómodos al poder corrupto”, dijo.

Por último, señaló: “Los fiscales honestos y valientes del Ministerio Público sabemos que en la actualidad vivimos tiempos difíciles y de resistencia. Como en los 90’s, en que muchos fiscales soportaron el abuso de Blanca Nelida Colán, pues nos toca resistir frente a autoridades que han hipotecado su función a organizaciones criminales investigadas”.

Perspectivas

El abogado Andy Carrón indicó que para la ANC, la conducta del fiscal podría constituir una falta grave.

Destacó que la resolución de la ANC “es un correlato de la decisión del Tribunal Constitucional” de excluir a Arsenio Oré de la investigación del “Caso Cócteles”.

“Si uno analiza el contenido de esta suspensión preventiva de seis meses, su contenido es en gran parte una réplica de lo que dijo en su oportunidad el Tribunal Constitucional, de que el fiscal al ser agraviado no debió de investigar el delito de obstrucción a la justicia. Dijo que no ha resguardado la imparcialidad y que, a pesar de la insistencia de los imputados, nunca se apartó de un caso que por ley estaba prohibido asumirlo”, agregó en diálogo con El Comercio.

El penalista añadió que la apelación que presentará Pérez llegaría al despacho de Fernández Jerí, quien asignaría a un fiscal superior adjunto para que evalúe y resuelva el recurso.

El abogado penalista Vladimir Padilla, por su parte, cuestionó que la resolución de la ANC no fundamente por qué se imponen seis meses de suspensión.

“No fundamenta adecuadamente por qué la suspensión, por qué seis meses y no cuatro, por ejemplo. Por qué considera que el caso es muy grave. Con esto no estoy diciendo que el fiscal Pérez no deba recibir una sanción. Creo que estuvo mal con el tema del profesor Arsenio Oré, porque pareciera que quiso atacar a la defensa de Keiko Fujimori”, señaló.

Además, criticó que la resolución se refiera a una presunta falta de imparcialidad del fiscal.

“Una cosa es la imparcialidad judicial y otra la objetividad. La imparcialidad es propia de los jueces, no de los fiscales. Están mezclando papas con camotes. Además, la pregunta del millón es: ¿Por qué recién actúa la Autoridad Nacional de Control?, sentenció.