José Domingo Pérez: lo que se sabe del caso de supuesto enriquecimiento ilícito y la respuesta del fiscal a la investigación

El enriquecimiento ilícito es un delito de función. El Código Procesal Penal, en su artículo 454, establece que en este tipo de ilícito, el fiscal de la Nación debe emitir “una disposición que decida el ejercicio de la acción penal y ordene al Fiscal respectivo la formalización de la Investigación Preparatoria correspondiente”. Previamente, se debe realizar una investigación preliminar en torno a estos hechos.

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En el caso del fiscal José Domingo Pérez, fuentes de El Comercio corroboraron que el informe difundido el último lunes por Willax ya está en manos del Área de Enriquecimiento Ilícito de la Fiscalía de la Nación. Es decir, los documentos y la decisión ya están en manos del despacho de Juan Carlos Villena y de su propio equipo de fiscales.

Las fuentes también precisaron que el supuesto desbalance atribuido a Pérez en la pericia es de S/ 65 mil. La imputación del desbalance es rechazada por el fiscal, quien las atribuye a que no se consideraron los viáticos que le asignaron por viajes al extranjero y al interior, así como otras devoluciones propias de su función.

El Comercio pudo conocer que esta investigación tiene su origen en una denuncia contra José Domingo Pérez presentada en noviembre del 2023 por la ciudadana Patricia Tubilla Casanova relacionada a la compra de un vehículo. Se trata de una abogada y militante del Partido Aprista que postuló sin éxito al Congreso en el 2020.

Mediante su denuncia, Tubilla solicitó a la fiscalía que se inicie una investigación a Pérez Gómez por presunto enriquecimiento ilícito, a partir de la información sobre un vehículo de su propiedad. La fuente de esa información fue una publicación del periodista Beto Ortiz.

La denuncia fue acogida por el fiscal superior anticorrupción Reggis Chávez, quien inició una investigación preliminar a José Domingo Pérez en diciembre del año pasado Esta giró inicialmente en torno al vehículo en cuestión, un departamento y un estacionamiento. Previamente, Chávez fue parte del equipo especial del Caso Cuellos y del propio equipo especial Lava Jato, donde fue adjunto del fiscal superior Rafael Vela, coordinador de ese grupo fiscal.

En abril pasado, a través de una tutela de derechos, José Domingo Pérez solicitó que la investigación del fiscal Chávez cese, alegado que estábamos antes hechos que ya había sido indagados y archivados previamente. Su pedido fue desestimado por el Tercer Juzgado Superior de Investigación Preparatoria, pero esa decisión fue apelada ante la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema. Esa apelación todavía está pendiente de resolverse.

El último lunes, Willax difundió el informe del fiscal Chávez sobre este caso, dirigido al fiscal de la Nación y derivado de su investigación preliminar, donde se halló un supuesto desbalance patrimonial de Pérez Gómez en el periodo de 2018 a 2023.

Las cifras del supuesto desbalance , de acuerdo con fuentes de El Comercio, son de S/ 65 mil. Con ello, en el documento se considera que hay elementos para que Villena autorice “el ejercicio de la acción penal (la formalización y continuación de la investigación preparatoria)”.

La formalización de la investigación preparatoria es el paso siguiente a una investigación preliminar. Para dar ese paso, solo se requiere establecer un nivel de “sospecha reveladora” en relación a un delito. También implica el inicio de un proceso penal. Culminada la investigación preparatoria, la fiscalía decide si procede con una acusación penal, que requiere una nivel de “sospecha suficiente”, o si se archiva el caso.

Fuentes de El Comercio confirmaron la existencia del informe difundido el último lunes y el sentido de su contenido. Indicaron además que el fiscal Juan Carlos Villena aún no toma una decisión respecto a si autoriza el inicio de un proceso penal al fiscal José Domingo Pérez. El Código Proceso Penal no establece un plazo mínimo o máximo para que el titular del Ministerio Público emita una decisión.

El fiscal José Domingo Pérez conoció de la existencia del informe y envió el pasado 11 de septiembre, al Área de Enriquecimiento Ilícito de la Fiscalía de la Nación, un escrito de 59 páginas con sus descargos. Mediante este documento, rechazó tener un desbalance patrimonial y solicitó a Juan Carlos Villena que archive la investigación por supuesto enriquecimiento ilícito.

En su escrito, Pérez desarrolla una serie de argumentos para rechazar la indagación en su contra, entre los que asegura que la adquisición del vehículo que motivó la denuncia “fue una operación bancarizada registrada en la Sunarp desde el 2021 e informada a la Contraloría”.

Otro argumento presentado es que ya había sido investigado por supuesto enriquecimiento ilícito, en relación con un departamento y un estacionamiento a su nombre, pesquisas que terminaron siendo archivadas. Peréz señaló que eso ocurrió en el 2013, durante la gestión de José Peláez Bardales como fiscal de la Nación. Pe

Pérez recordó que su rol frente al Caso Lava Jato requiere diferentes viajes a otros países, principalmente a Brasil. Además, considera que, como parte de su investigación, Chávez estaba obligado a recabar información sobre los viáticos que le asignaron. Más aún cuando, por haber sido adjunto del fiscal Rafael Vela, sabía cómo trabajaba el equipo especial Lava Jato.

“Bajo estas arbitrariedades [...] los peritos no han considerado los viáticos otorgados por el Ministerio Público para levantar las observaciones planteadas a los falsos desbalances patrimoniales de abril 2018, mayo 2018, junio 2018, mayo 2019, agosto 2019, septiembre 2019, marzo 2021, mayo 2021, junio 2021, julio 2021, agosto 2021, octubre 2021, enero 2022, febrero 2022 y marzo 2022″.

De acuerdo con un cuadro adjunto en su escrito, los viáticos de esos meses suman S/ 92,329.92 y los viáticos devueltos son S/ 12,693.98.

Según Pérez, los viáticos sí se consideran en las pericias para determinar un desbalance patrimonial, como parte de los ingresos. No obstante, para el fiscal que lo investigó, “no son considerados como ingresos porque no son parte de sus remuneraciones”, ni tampoco se consideran egresos porque fueron entregados en efectivo.

Lo mismo se señala respecto a los viáticos de viajes a otras regiones del Perú como parte de actividades de capacitación de la Escuela del Ministerio Público (alrededor de S/ 4,500 por cuatro viajes), y sobre devoluciones del Departamento de Estados de los Estados Unidos por actividades académicas autorizadas por la Fiscalía de la Nación (alrededor de S/1,700 por un total de cuatro ocasiones).

En esa línea, Pérez argumenta que en realidad sus ingresos “son lícitos y superiores” a su egresos, con “una diferencia de S/ 1,003.48 como saldo positivo o favorable”. “No existe indicio de enriquecimiento ilícito porque la diferencia entre mis ingresos y egresos no es negativa”, concluye el fiscal.

Para esto, señala que el análisis de un desbalance patrimonial debe hacerse “sobre el periodo de la función investigada y no de manera mensual”.

Precisamente, ese planteamiento es relativo a los meses del 2018, 2019, 2021 y 2022 previamente mencionados, cuando tuvo “mayores gastos producto de los viáticos recibidos por las comisiones de servicio al extranjero por el Caso Lava Jato”.

Otro aspecto cuestionado es que la pericia se haya ordenado a falta de solo un mes de la investigación y que los peritos hayan tenido solo 15 días para elaborar su informe.

En esa línea, sobre el final de su escrito, Pérez Gómez solicita al fiscal de la Nación que se le conceda “un plazo razonable para justificar los supuestos egresos o gastos del -negado- desbalance patrimonial mensual en el informe pericial provienen de fuente lícita con la documentación de los viáticos del Ministerio Público en copia legalizada o fedateada, así como la pericia de la parte correspondiente”.

El Comercio también pudo conocer que Pérez Gómez entregó este mismo martes los mencionados documentos con copias legalizadas, con los que busca acreditar que el supuesto desbalance se deriva en realidad de gastos son de los viaticos. Las partes están a la espera de lo que decida sobre este caso el fiscal de la Nación.

Opinión

Se debe identificar supuesto abuso del cargo

El abogado penalista Andy Carrión dijo a El Comercio que en casos de presunto enriquecimiento ilícito se debe identificar tanto un desbalance patrimonial como un supuesto abuso del cargo. Este último aspecto, apuntó, hasta ahora no se ha conocido en este caso.

"La pericia es un elemento indiciario más [...] Es un elemento técnico importante,pero el fiscal también requiere evaluar estos elementos. El enriquecimiento ilícito tiene dos presupuestos: desbalance patrimonial y abuso del cargo. Con el solo incremento por sí mismo, si no hay abuso del cargo, no hay caso".

En cuanto al argumento del fiscal sobre la no consideración de los viáticos, dijo que este es "un argumento factible", en particular si la pericia solo duró un mes. "Es posible que no hayan tomado en cuenta muchas cosas. He visto casos en que la pericia tomó seis meses, ocho meses. No es tan fácil. Hacerlo en un mes implica, por la celeridad, asumir ciertos errores".

No obstante, consideró que los nuevos elementos que pueda aportar el mismo investigado, entre ellos una pericia de parte, recién podrían sumarse al caso en una eventual fase de investigación preparatoria.