El ministro del Interior, Juan José Santiváñez, habría cobrado al menos 20 mil dólares para ejercer influencias a favor de clientes ante el Tribunal Constitucional, así como el INPE y el Ministerio de Justicia. Esto, según testimonios de testigos protegidos revelados por el Ministerio Público.
La Fiscalía de la Nación sustentó este viernes 14 de marzo su pedido de impedimento de salida del país por 18 meses contra el ministro con información que obtuvieron de dos testigos protegidos.
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El fiscal Luis Alberto Ballón detalló que cuenta con “más de mil mensajes de WhatsApp, 77 audios y 34 imágenes y archivos PDF” que habría intercambiado Santiváñez con una tercera persona vinculada al interno Miguel Marcelo Salirrosas.
Ahí se detallan negociaciones para cobrar 20 mil dólares americanos a cambio de influencias dentro del TC y otras instancias en las que el ministro dijo que podría favorecer al cliente.
Según las conversaciones por WhatsApp, las negociaciones se remontan al menos hasta el 5 de enero del 2024 cuando Santiváñez, involucrado en la defensa legal de dos policías presos por vínculos con “Los Pulpos” de Trujillo, aseguró que tenía conocimiento de cómo el TC estaba tramitando el caso de uno de estos dos policías, Eber Riquelme Juárez.
El 8 de enero le dijo a su interlocutor que sus honorarios eran de 20 mil soles pero además “pidió 20 mil dólares por concepto de asesores externos”.
Según el testigo protegido 01-2025, Santiváñez dijo que este dinero era para “asegurar el tema” y como una garantía para que se declare fundado un recurso de Miguel Salirrosas, el otro policía involucrado en el caso “Los Pulpos”.
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Según reveló el testigo, Santiváñez le dijo que “no se preocupara porque tenía contactos en la Segunda Sala del Tribunal Constitucional”.
La Fiscalía de la Nación dijo que, en las conversaciones, se verificó que los depósitos de dinero se hicieron el 18 y 19 de enero en tres armadas de 10.000, 9.700 y 300 dólares. Esto, según información de un segundo testigo protegido 02-2024.
Tras recibir este pago, Santiváñez habría procedido a informar que se había logrado agendar las causas en el TC para el 7 de febrero del 2024 con prioridad, tal y como pretendía, incluso antes que el tribunal formalizara su agenda públicamente.
Sin embargo, el 26 de febrero luego de la audiencia, Juan José Santiváñez se excusó con el interlocutor luego de conocer que el ponente, el magistrado Helder Rodríguez Haro, votaría contra sus intereses. A pesar de esto, garantizó que lograría revertir una primera decisión en contra porque tenían otros dos miembros del TC de su lado.
Todo esto se habría revelado en un audio que entregó el testigo 02 donde el ministro le dijo aquel día: “Nosotros estamos trabajando para que no sea así. En este caso esto ha ocurrido así porque el ponente lamentablemente se cerró y es un antipolicías. Nosotros tenemos a dos magistrados del TC que nos están apoyando. Los magistrados ahí, sobre todo por ejemplo el Dr. (Gustavo Gutiérrez) Ticse que dice que no puede ser tantos años”.
Pese a estas supuestas intervenciones, el 7 de marzo del 2024 se declaró infundado el recurso de agravio constitucional y posteriormente, en mayo, ocurrió lo mismo con el recurso de aclaración.
Las negociaciones siguieron hasta el 9 de setiembre del 2024, ya con Santiváñez como ministro. Según el testigo protegido, logró grabar una reunión en el despacho del ministro donde le aseguró que ahora tenía “más posibilidades aprovechándose del cargo con más allegados en el TC”, poniendo como ejemplo a una mujer dentro de este tribunal cuyo nombre no pudo precisar pero que aseguró estaba en el audio.
“Incluso mencionó que le había hecho favor como una escolta y que por eso no debía preocuparse, pues favor con favor se paga”, señaló el testigo ante la fiscalía.
La abogada del ministro del Interior, Virginia del Pilar Nava, a su turno cuestionó el pedido de impedimento de salida del país porque aseguró que no se cumplían con los presupuestos exigidos por la norma pero, adicionalmente, porque todas las pruebas mostradas por la fiscalía eran ilegales.
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Según ella, los interlocutores que son testigos protegidos que entregaron el USB y las conversaciones, no son testigos en sí sino que habrían “participado en la actividad criminal de tráfico de influencias”.
“De las disposiciones fiscales [...] Sabemos que estos señores que son referidos como supuestos compradores o interesados en las supuestas influencias o injerencias del señor Santiváñez según la tesis fiscal, no están siendo investigados”, advirtió.
Por esto, señaló que las pruebas eran irregulares porque no habían sido incorporados como colaboradores eficaces.
La abogada incluso cuestionó que un impedimento de salida del país vaya a ser efectivo ante las críticas que planteó el Ministerio Público al cuestionar la disposición del ministro para colaborar.
“¿Por qué el señor Santiváñez va a obstaculizar la justicia en el extranjero? El Ministerio Público, impidiendo que viaje al extranjero, ¿va a permitir que entregue los documentos que necesita? ¿Que entregue los medios digitales que necesita? Evidentemente no", comentó la defensa del ministro.
El fiscal respondió que la abogada en ningún momento había negado los hechos imputados por los testigos protegidos, y defendió la calificación de estos implicados en la carpeta al manifestar que no hay prueba alguna de que hayan “instigado” a Santiváñez a cometer los delitos.
Tras escuchar a ambas partes, el juez supremo Juan Carlos Checkely dijo que notificaría su decisión en las casillas electrónicas.
WUF
