El Ministerio Público reabrió la investigación por el presunto delito de marcaje y reglaje, tras la denuncia que presentó el ahora ministro de Justicia, Juan José Santivañez, contra el equipo de “Punto Final”.
La medida se adoptó pese a que el 5 de agosto pasado, la fiscal provincial Yuri Arce Espinoza, titular de la Segunda Fiscalía Penal Corporativa de La Molina, archivó inicialmente la indagación por considerar no había ningún elemento que respaldara las imputaciones del actual titular del Minjusdh.
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Santiváñez Antúnez había sostenido que debido a la propalación de imágenes de su domicilio había recibido amenazas extorsivas, mediante mensajes y llamadas de números desconocidos.
Al declarar ante la Fiscalía, el 25 de julio pasado, Juan José Santivañez afirmó, sin presentar prueba alguna, que había recibido dos llamadas desde un número extranjero, motivo por el cual procedió a cambiar de número telefónico.
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También aludió a los comentarios publicados en plataformas como YouTube sobre un reportaje, calificándolos de “riesgosos” e “intimidatorios” para su familia. Cuando la fiscalía le solicitó el registro de las supuestas llamadas extorsivas, Santivañez respondió que cambió de línea y no presentó denuncia alguna.
Ante la ausencia de pruebas mínimamente válidas, la fiscal Arce desestimó llamar a declarar a los periodistas de “Punto Final”, pero derivó lo actuado a la Fiscalía de Violencia Familiar de La Molina para que evalúe si los hechos pudieran configurar el delito de acoso.
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El 15 de agosto Juan José Santivañez apeló. Diez días después, el 25 de agosto, la fiscal superior de La Molina, Edith Hernández Miranda, declaró nulo el archivamiento, argumentando, entre otros motivos, que no se habían llevado todas las diligencias preliminares de la investigación.
Ante ello, el pasado 3 de setiembre, la fiscal Arce emitió una nueva disposición en la que decidió incorporar a los periodistas de “Punto Final” en la investigación, a pesar de que en su primera indagación no se aportó ninguna prueba que acreditara la comisión de los delitos de marcaje o reglaje y extorsión.
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Así, se decidió iniciar investigación contra Mónica Delta, conductora de “Punto Final”, y parte del equipo de dicho programa dominical por la presunta comisión del delito de marcaje o reglaje en agravio del Estado.
Sobre el tema, Stefano Miranda, abogado del actual ministro de Justicia, afirmó que lo que pretende su patrocinado es que se vea si hubo “mala praxis periodística” y que el “reglaje es consecuencia de otros delitos”.
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