Oriente MedioEl curso de colisión está marcado con fuego. En la sesión del pleno del 7 de setiembre, Patricia Chirinos, la autora de la moción para remover a la Junta Nacional de Justicia entera, pidió 7 días de investigación sumaria en la Comisión de Justicia -¡van dos días, van cinco, una semana, disparen!- antes de arrear a los 7 magistrados al paredón. La congresista Martha Moyano propuso que mejor fueran 14 días hábiles. Janet Rivas, la perulibrista que preside la comisión y Nieves Limachi, su secretaria, de Cambio Democrático – Juntos Por el Perú, son de otro talante. La primera citación se reprogramó; señal de que el plazo se ampliará.
En realidad, el choque está más lejos de lo que parece. Si contamos 14 hábiles (sin sábado ni domingo) desde que Justicia recibió el encargo del pleno, llegamos al lunes 2 de octubre. Si no hay prórroga; recién el presidente Alejandro Soto, con o sin participación de sus colegas de la mesa y de la junta de portavoces, agendaría el informe para votación de un pleno próximo. Mínimo, esto tomaría un mes. Máximo, no hay.
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Todo encaja
La JNJ se creó por referéndum (va 1) convocado por Martín Vizcarra (van 2) para que un grupo de autoridades eligiera a 7 magistrados tras una selección meritocrática. El diseño del concurso y una parte significativa de los elegidos son susceptibles de denominarse caviares (van 3). Nada menos que tres bestias negras de la derecha dura, en una sola institución. Si creían que el Poder Electoral (JNE, ONPE y Reniec) era el único objeto de maldiciones tras haber validado el triunfo de Pedro Castillo, se equivocaron.
La polarización es tal que quienes votaron por la moción de Chirinos no sopesaron la endeblez de los cargos. Haber publicado un comunicado exhortando al Congreso a pensar dos veces antes de defenestrar a la ex fiscal Zoraida Ávalos, es una nimiedad. Ávalos se defendió con uñas y dientes y en ese legítimo afán y provocó que la endeble JNJ, sin voceros ni operadores de vuelo, se ponga en la línea de fuego del Congreso con unas líneas exhortativas. Casi le sucede, también, al Poder Judicial, pero su presidente, Javier Arévalo, zafó el cuerpo de la jeringa. Convocó a una sala plena de jueces supremos que no lograron ponerse de acuerdo en pronunciarse.
De todos modos, en ese, también, legítimo afán de Arévalo por ponerse de costado; dejó una puerta abierta para especular que miembros de la Junta lo presionaban. Y ese es el cargo más endeble de aquellos por los que se quiere fusilar a los 7. Las fuentes son trascendidos anónimos recogidos por periodistas y negados –aunque sin extenderse en detalles- por el propio Arévalo. El más sólido cargo tiene enfrente a una jueza de prestigio, Inés Tello de Ñecco, que interpreta –con la solidaridad de sus 6 colegas- que con 75 años recién cumplidos, sí puede mantenerse en el cargo, aunque la Constitución (Art. 156) diga que los miembros de la Junta deben tener menos de 75. Pero Tello invoca la ley de la propia JNJ que dice que se accede con menos de 75 y que el mandato es de 5 años. Es un asunto debatible, ¿pero interpretarlo a favor de Tello, es falta grave? En realidad, si el debate de los cargos desnuda la endeblez de estos, las bancadas irán optando por alargar la investigación y/o por una salida intermedia que puede ser sancionar a algunos de los 7 sin la pena máxima de la remoción. En un sondeo que mi colega Sebastián Ortiz hace entre los portavoces de las bancadas (“Congreso investiga a la JNJ: ¿Cuál es la postura de las bancadas”, 15/09/23) por lo menos dos, Arturo Alegría de Fuerza Popular y Eduardo Salhuana de APP, dicen que no hay ánimo de remoción sino de investigación.
Un juez peculiar
Si el detonante de la primera denuncia constitucional que Chirinos presentó contra la JNJ entera, fue la exhortación que hizo en pro de Zoraida Ávalos; ¿qué detonó la moción de remoción? La respuesta es precisa: una investigación contra Patricia Benavides por, presuntamente, haber usado su poder para remover fiscales que, en un caso, investigaban a su hermana Emma y, en otro, a los Cuellos Blancos. Pero Benavides logró un triunfo temporal: una medida cautelar que ordena suspender las investigaciones en su contra.
O sea, si la amenaza contra la fiscal heroína del bloque de derecha porque procesó a Pedro Castillo, inflama el odio a la Junta; pues hay que enfriar el caldero : Patricia Benavides ya ha dicho de varios modos que, sola, se defiende mejor. Ya lo ha dado a entender en dos videos donde pide que no la involucren en el lío y les desea a los magistrados de la Junta que tengan ‘un debido proceso’. No dijo más, pues tampoco querrá perder su ascendiente en la mayoría congresal.
¿Quedarán ases bajo la manga del Congreso contra la Junta o al revés? Conozco un caso que dejaría entrever que la JNJ es falible en el nombramiento de jueces con denuncias a cuestas y que podría tener sesgos de acuerdo a la orientación política de estos. Pero habría que investigar el caso a fondo antes de concluir nada. El diario Expreso expuso el caso del juez John Paredes Salas (“JNJ blindó a juez clave en casos JNE y Defensoría”), quien concedió en junio del 2022 una polémica medida cautelar al sindicato de trabajadores de la Defensoría del Pueblo, que congeló el derecho del Congreso a elegir al defensor. El mismo juez había dictado en el 2020 una cautelar que impidió que el Colegio de Abogados nombrara a su representante ante el JNE, lo que dejó al ente de 5 miembros con solo 4 y a su presidente, Salas Arenas, con voto dirimente. En la teoría conspirativa fraudista del 2021, esa restricción judicial fortaleció a Salas e impidió la revisión de las actas que hubieran cambiado la historia del Perú.
He conversado con el abogado Martín Panana, que me contó que ha presentado escritos denunciando a Paredes ante la JNJ, antes y después de que esta lo nombrara como juez titular en noviembre del 2022 en el mismo juzgado constitucional en el que era juez provisional. Panana lo denunció tiempo atrás por una cautelar que impidió que su defendido Gian Carlo Buzaglo desalojara a los ocupantes de un predio que compró en un remate judicial. Al margen de que la cautelar tuviese o no sustento, aquella –según el relato de Panana- le fue ocultada, lo que perjudicó a su cliente. Buzaglo lo denunció por corrupción ante la JNJ y deplora que haya sido nombrado el 2022. Por eso, ha demandado a Paredes y a la Junta entera por haberlo convertido en juez titular.
Hay mucho por rebanar en este caso, empezando por verificar si la JNJ se tomó el tiempo de conocer los antecedentes de Paredes. Panana ha revisado su examen oral y me cuenta que apenas le preguntaron por sus denuncias y no fueron inquisitivos al respecto. El Poder Judicial ha reprogramado la citación a Paredes para que responda a la acusación de Buzaglo, recién para el 2024. Eso es más criticable que el presunto desliz de la Junta. Que hay jueces (titulares y provisionales) que demoran sentencias y apuran cautelares polémicas es un mal que la JNJ quizá no esté atacando con eficacia y sofisticación tecnológica en los procedimientos para examinarlos. Nada de eso es falta grave que justifique removerla. Nada de esto debería ser un tema de polarización mortal sino de reformas del sistema de justicia.
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