La Unión Internacional de Magistrados (UIM) exhortó al Congreso de la República desestimar toda acción o pretensión contra los miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) que exceda sus potestades constitucionales de fiscalización.
A través de un comunicado, expresó su respaldo a los integrantes de la junta “debido a que no se estaría respetando la independencia y autonomía que la Constitución le reconoce”.
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“Grupo IBA de la UIM (…) exhorta al Congreso Peruano que desestime toda acción o pretensión contra los integrantes de la Junta Nacional de Justicia que exceda sus potestades constitucionales de fiscalización, en aras de no contribuir con la desestabilización de las instituciones autónomas constitucionales y, por ende, del estado constitucional de derecho y de la democracia” subrayó.
La UIM también expresó su preocupación por la moción aprobada por el Congreso y recordó que el artículo 150 de la Carta Magna de 1993 consagra la autonomía e independencia de la JNJ.
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Asimismo, destacó que la aprobación de dicha moción se produce cuando la Junta Nacional de Justicia viene realizando investigaciones preliminares por presuntos actos de inconducta funcional contra altos funcionarios del Sistema de Justicia “que aparentan gozar del apoyo de algunos líderes políticos”.
“De esta circunstancia, se puede deducir que el propósito que se persigue con el mencionado proceso sumarísimo está fuera de la finalidad por la cual la Constitución le ha conferido la potestad de fiscalización al Congreso”, subrayó.
El último jueves 7 el pleno del Parlamento decidió que la Comisión de Justicia realice una investigación sumaria contra la presidenta de la JNJ, Imelda Tumialán, y los magistrados Aldo Vásquez, Henry Ávila, Antonio de la Haza, María Zavala, Guillermo Thornberry e Inés Tello por pronunciarse, en mayo pasado, contra el juicio político y antejuicio al que fue sometida la ex fiscal de la Nación Zoraida Ávalos.
Además, que se investigue una supuesta intromisión de Tumialán, De la Haza y Zavala ante la Corte Suprema de Justicia para que se pronuncie contra la decisión del Congreso de inhabilitar a Ávalos del ejercicio de la función pública por cinco años.
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El Congreso adoptó el acuerdo con 84 votos a favor, 22 en contra y siete abstenciones. La Comisión de Justicia tendrá un plazo máximo de 14 días hábiles para elaborar un informe del caso.
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