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A dos días de difundirse las declaraciones de la lobbista Karelim López como colabora eficaz, la Segunda Fiscalía Anticorrupción inició una investigación a 10 obras adjudicadas por Provías Nacional a diferentes consorcios integrados por dos empresas chinas y una compañía peruana, las cuales fueron mencionadas por la gestora de intereses.
A dos días de difundirse las declaraciones de la lobbista Karelim López como colabora eficaz, la Segunda Fiscalía Anticorrupción inició una investigación a 10 obras adjudicadas por Provías Nacional a diferentes consorcios integrados por dos empresas chinas y una compañía peruana, las cuales fueron mencionadas por la gestora de intereses.
Los montos de los contratos bajo indagación –otorgados durante el gobierno de Pedro Castillo– suman más de S/1.000 millones (S/1.175′722.029), según documentación a la que tuvo acceso El Comercio.
Como parte de sus pesquisas, el fiscal adjunto Renzo Huamán Garayar revisará los teléfonos celulares, computadoras y memorias de dispositivos asignados a unos 30 funcionarios de aquel órgano del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), que estuvieron relacionados con los procesos de contratación de China Railway Tunnel Group Co., China Civil Engineering Construction Corporation, y de INIP Ingeniería Integración de Proyectos S.A.C.
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Con esa finalidad, personal del Ministerio Público y de la Policía Anticorrupción ingresó ayer a las oficinas de Provías Nacional, ubicadas en la sede del MTC, en el Cercado de Lima.
“[Solicito] el traslado de la memoria interna del terminal del circuito cerrado de televisión, de las cámaras de videovigilancia del MTC y Provías Nacional, del 2021 y del 2022″, se lee en el oficio enviado por el fiscal Huamán al director de la entidad, Jorge Ñahue.
Asimismo, se pidió copia certificada del registro de entrada y salida del local institucional del ministerio y de su referida dependencia, “desde el 1 de julio del 2021 hasta el 27 de febrero del 2022″, es decir, desde poco antes de que Pedro Castillo empezara su período gubernamental.
La pesquisa fiscal busca establecer posibles responsabilidades penales en los miembros de los 10 comités de selección que adjudicaron los millonarios contratos a las mencionadas compañías chinas y peruana, que aparecen en el dispositivo de memoria USB que Karelim López entregó a la Fiscalía contra el Lavado de Activos, como parte de su colaboración eficaz. Ella es investigada en el sistema anticorrupción por los casos Puente Tarata y Petro-Perú.
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De acuerdo con el documento, se trata de una investigación preparatoria “seguida contra los que resulten responsables por el presunto delito contra la administración pública, en la modalidad de colusión desleal agravada y otro, en agravio del Estado”.
Como se recuerda, López se refirió a esas empresas como parte de una presunta red ilegal integrada por el mandatario Pedro Castillo y el saliente ministro Juan Silva y cinco congresistas de Acción Popular.
La lobbista dijo que estos legisladores eran llamados ‘Los Niños’ por el mandatario y el ex secretario general de Palacio Bruno Pacheco, “porque obedecen todo lo que dice Pedro Castillo”.
Agregó que estos congresistas “se encuentran vinculados a la mafia enquistada en el MTC para el otorgamiento de millonarias licitaciones desde el 2021, vinculadas con empresas chinas y la participación de la compañía peruana Ingeniería Integración de Proyectos S.A.C. [con la cual conformaron consorcios]”.
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En su declaración, Karelim López dio más detalles sobre Ingeniería Integración de Proyectos S.A.C. y China Civil Engineering Construction Corporation sucursal del Perú.
“Sé que Ingeniería Integración de Proyectos S.A.C. tiene vinculación con los congresistas de Acción Popular, ‘Los Niños’, siendo estos quienes tienen conexión con Alejandro Felipe Aguilar Quispe, verdadero dueño de la compañía mencionada”, manifestó la aspirante a colaboradora eficaz.
Aseveró que esa empresa peruana “[está] conformada por Roberto Jesús Aguilar Quispe, de aproximadamente 27 años de edad”.
Respecto al supuesto favorecimiento a esa empresa en licitaciones del MTC, la lobbista entregó a la fiscal documentos con información de obras adjudicadas por la entidad estatal.
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Rechaza versión
El consorcio, integrado por las empresas China Civil Engineering Construction Corporation Sucursal del Perú e INIP Ingeniería Integración de Proyectos S.A.C., rechazó el testimonio de Karelim López y remarcó que se allanará a las investigaciones.
A través de un comunicado, las compañías indicaron que las afirmaciones de la lobbista son “completamente falsas” y que ella “estaría aprovechando la situación criminal en la que se encuentra involucrada para desprestigiarnos y favorecer a su entorno empresarial”.
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Acción de control
De otro lado, una comisión de auditores de la Contraloría acudió ayer a las oficinas del Gobierno Regional de Junín (GRJ) a recabar toda la documentación referida al contrato por S/67′245.585 que suscribió con la empresa China Civil Engineering Construction Corporation para el mejoramiento de la institución educativa Mariscal Castilla, el 24 de mayo del 2021.
Este grupo de trabajo también inspeccionó el avance de las obras en la sede del colegio ubicado en el distrito de El Tambo, en Huancayo.
En setiembre del año pasado, un informe del órgano de control detectó irregularidades en las que estaban incurriendo Luis Salvatierra Rodríguez, director de Administración y Finanzas del GRJ y el apoderado de la empresa china, Jaime Lino Moya, quienes se pusieron de acuerdo en modificar el porcentaje del adelanto de materiales del 5% al 20%, lo que iba ocasionar un perjuicio en la población estudiantil.
La ejecución del control concurrente por parte del órgano de control paralizó ese propósito.
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