El juez Víctor Zúñiga Urday, del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, suspendió hasta este sábado 28 de diciembre la audiencia sobre el pedido de prisión preventiva para la lideresa de Fuerza Popular (FP), Keiko Fujimori, por los presuntos aportes ilícitos de la empresa Odebrecht y otros.
La diligencia de reiteración de la solicitud de prisión preventiva por 36 meses para la excandidata presidencial se inició a las 9 de la mañana. Sin embargo, aproximadamente una hora después el juez suspendió la audiencia con el objetivo de que la defensa de Keiko Fujimori evalúe nuevas pruebas presentadas por la fiscalía.
Fujimori es procesada por los presuntos aportes ilegales para las campañas electorales del 2011 y 2016.
Giulliana Loza, abogada de la excandidata presidencial, cuestionó que no se le notificara adecuadamente los nuevos elementos de convicción que presentó el Ministerio Público tras reiterar la medida restrictiva contra su patrocinada. Por tanto, pidió que se suspendiera la audiencia a fin de que sea debidamente notificada.
El fiscal José Domingo Pérez, del equipo especial Lava Jato, coincidió con Loza y también solicitó que la audiencia sea reprogramada a fin de que no se incurra en una nulidad por indefensión.
—Se realizarán varias audiencias—
El juez Zúñiga Urday anunció que el pedido de prisión preventiva para Fujimori Higuchi se analizará en varias sesiones. Por ello, anunció un cronograma de audiencias.
El sábado 28, la audiencia se realizará desde las 9 a.m hasta la 1 de la tarde. Continuará el 31 de diciembre a la misma hora y luego los días 2 y 3 de enero del 2020.
El pedido de prisión preventiva del equipo especial Lava Jato se sustenta en 140 elementos de convicción. Según la fiscalía, se han fortalecido las imputaciones contra la lideresa de Fuerza Popular con las recientes declaraciones de nuevos testigos que han reconocido que dieron aportes económicos a la campaña.
En su edición de ayer, El Comercio informó que Giulliana Loza, abogada de Fujimori, reconoció por primera vez que hubo algunos actos de simulación en este caso. Sin embargo, señaló que estos no tienen relevancia penal y solo se trataría de faltas administrativas.
Para el abogado Luis Lamas Puccio, especialista en temas penales, este reconocimiento de actos de simulación por parte de la defensa de Fujimori se debe a que ya no se pueden negar esos aportes no reportados, pues los mismos aportantes han revelado la entrega de dinero.
“Lo concreto es que estos aportes se hicieron en efectivo, en maletines. En principio, esos son indicios de que se trataría de lavado de activos y no pueden ser considerados como faltas administrativas”, expresó el abogado.
Lamas Puccio considera que el panorama para Keiko Fujimori en este segundo pedido de prisión preventiva se ha hecho más complicado con las nuevas revelaciones. “Las cosas han cambiado respecto a la primera solicitud de prisión preventiva, ahora hay otros elementos de análisis, nuevos elementos de convicción, eso no se puede negar porque los mismos aportantes lo han reconocido”, acotó.
El penalista Rafael Chanjan Documet también cree que los nuevos elementos de convicción, como la simulación de aportes y otros hechos que antes no se conocían, van a complicar la situación jurídica de Fujimori.
“Son nuevos elementos de convicción que antes no se conocían. Ahora existen mayores elementos de que Keiko Fujimori y miembros de su partido simularon aportes para justificar el ingreso de determinadas cantidades de dinero. Lo que ahora está claro es que además de los aportes que habría recibido de Odebrecht también estarían los aportes no declarados de empresas peruanas que también habrían sido pitufeados”, dijo el letrado.
Chanjan agregó que las recientes declaraciones de testigos refuerzan la tesis de que existió una modalidad o modus operandi de un sistemático ocultamiento de bienes y dinero que no habían sido declarados debidamente ante la ONPE ni ante la Sunat, y que apuntalan más bien la teoría fiscal de un probable lavado de activos.
La hija mayor del sentenciado expresidente Alberto Fujimori cumplió prisión preventiva en el penal de mujeres de Chorrillos desde el 1 de noviembre del 2018 hasta el 29 de noviembre de este año. El Poder Judicial había ordenado 18 meses de prisión preventiva (luego de que la Corte Suprema, en última instancia, redujera la orden de 36 a 18 meses), pero el Tribunal Constitucional anuló esa decisión y dispuso si libertad.