El fiscal José Domingo Pérez Gómez, integrante del equipo especial para el Caso Lava Jato, solicitó al Poder Judicial “disponer la suspensión temporal de las actividades políticas” del partido Fuerza Popular, por hasta dos años y medio.
En el marco del Caso Odebrecht, se formalizó la investigación preparatoria contra la agrupación que lidera la excandidata presidencial Keiko Fujimori en julio 2019, por la presunta comisión del delito de lavado de activos.
Como fundamentos de hecho, el fiscal presenta como fundamentos varios proyectos de ley presentados en el Congreso, en donde la bancada fujimorista tuvo la mayoría hasta antes de la disolución, así como dictámenes de comisiones, textos sustitutorios, entre otros.
El pedido está dirigido al Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, a cargo del juez Víctor Zúñiga Urday, quien deberá pronunciarse próximamente.
En diciembre del año pasado, el juez Víctor Zúñiga Urday declaró fundado el pedido fiscal para que Fuerza Popular (antes Fuerza 2011) sea incorporado como persona jurídica en la indagación que se le sigue a la excandidata presidencial, por los presuntos aportes ilícitos a sus campañas electorales.
“No me extraña” pedido contra Fuerza Popular
Al respecto, la legisladora Martha Chávez indicó desconocer el pedido del fiscal José Domingo Pérez, aunque dijo no sentirse sorprendida.
“No tengo conocimiento, pero no me extraña, es parte de toda la estrategia del señor Pérez y de quienes están detrás de él”, afirmó en Canal N.
Según su postura, la medida forma parte del “propósito de persecución” en contra de la agrupación política.
“Hay un propósito de persecución y, como estamos en un año electoral y no han logrado condenar a Keiko Fujimori, han tratado de impulsar modificaciones constitucionales para que las personas con sentencia en primera instancia [no puedan postular]”, dijo.
Finalmente, Chávez destacó que ni “Keiko Fujimori ni nadie de Fuerza Popular han sido funcionarios públicos”, por lo que “no han firmado contratos ni adendas”.