El TC decide el futuro del Caso Cocteles: ¿qué se definirá y cómo impactará en los casos de Ollanta Humala y de otros aportes de campaña?

El Tribunal Constitucional (TC) realizó este miércoles una nueva y última audiencia para evaluar la demanda con la que Keiko Fujimori busca que el máximo intérprete de la Constitución, por encima del Poder Judicial, ordene el archivo definitivo de su proceso por lavado de activos en torno a los presuntos aportes ilícitos a sus campañas presidenciales, conocido como el Caso Cócteles.

Luego de esta sesión, los tribunos quedaron listos para votar y emitir su decisión: dejar que el proceso avance y sea resuelto por el Poder Judicial o ordenar su archivo o nulidad sin necesidad de ir a juicio. Para el Ministerio Público, se trata de una decisión trascendental que no solo impactará a este caso, sino a los de otros partidos y políticos como Ollanta Humala, Susana Villarán o Vladimir Cerrón.

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La demanda ya había sido sustentada por la defensora de Keiko Fujimori, la abogada Giulliana Loza, y respondida por la procuraduría del Poder Judicial en una audiencia realizada en mayo. Sin embargo, a pedido del Ministerio Público, el tribunal accedió a realizar este miércoles una sesión complementaria para escuchar los argumentos del fiscal encargado del caso desde el 2017: José Domingo Pérez, del Equipo especial Lava Jato. Luego de esta, el caso quedó listo para la votación y para la sentencia.

Así, la presentación del fiscal a cargo del caso ante los siete magistrados que conforman el pleno del TC fue la novedad de la audiencia de este miércoles. En este tipo de casos, el Poder Judicial y el Ministerio Público suelen ser representados exclusivamente por los procuradores de la institución; pero se hizo una excepción para escuchar al fiscal cuya investigación quedaría anulada si la demanda prospera.

La demanda de Keiko Fujimori ante el TC plantea, esencialmente, que los hechos por los que se acusa a la lideresa fujimorista no podían constituir el delito de lavado de activos al momento de los hechos (2011 y 2016). Específicamente, que la modalidad o tipo de lavado que se le atribuye no se encontraba vigente al momento de los hechos, sino recién desde fines del 2016.

En respuesta, el fiscal sostuvo que la propia Corte Suprema, a partir de una demanda similar planteada por la defensa del expresidente Ollanta Humala y de Nadine Heredia, ya resolvió en instancia definitiva que los aportes de campaña sí podían constituir el delito de lavado, siempre que ello se demuestre con pruebas en juicio oral. Si esta demanda de Keiko Fujimori prosperase, sin embargo, el caso sería archivado sin pasar nuevamente por un juicio oral.

Además, José Domingo Pérez sostuvo que la supuesta modalidad de lavado de activos no vigente que alega la defensa no forma parte de la nueva acusación del caso, presentada en julio pasado por su despacho. Allí, se pide una condena de 35 años contra Keiko Fujimori por ese delito. Ese proceso está actualmente a la espera que se inicie el control de acusación para que el Poder Judicial decida si el caso cumple los requisitos para avanzar hacia un nuevo juicio oral.

“Me presento para solicitarles, respetuosamente, que no archiven el proceso penal que se sigue contra la acusada por una sencilla razón: recibir dinero de la corrupción para las campañas políticas sí, sí y sí es delito de lavado de activos”, dijo José Domingo Pérez ante los tribunos.

“Lamentablemente, la defensa de Keiko Fujimori no ha informado a este tribunal que la Corte Suprema, en la casación 617-2021 del 20 de diciembre del 2022, estableció que los donativos o aportes de campañas a los partidos políticos que provengan de una actividad criminal son delito de lavado de activos", alegó el fiscal. Los jueces han sentenciado que recibir dinero de la corrupción para las campañas políticas es delito de lavado de activos“.

Pérez Gómez dijo que entre los más de US$ 12 millones de presunto origen ilícito que, según su acusación, recibieron las campañas de Keiko Fujimori, se encuentra el US$ 1 millón supuestamente aportado por Odebrecht en el 2011. Para el fiscal, un futuro juicio por este caso es el lugar donde se probará que la acusada sí podía suponer o conocer el origen ilícito del dinero.

Por otro lado, sostuvo que lo que se decida en esta sentencia sobre el Caso Cocteles tendrá un impacto en otros casos similares donde se procesa a dirigentes de partidos políticos por presuntos aportes de campaña de Odebrecht u otras fuentes de dinero de origen ilícito.

“La decisión de ustedes, señores magistrados, tendrá injerencia en la sentencia contra el expresidente Ollanta Humala, condenado por haber recibido US$ 3 millones de Odebrecht para su campaña política. Tendrá injerencia en otros procesos en los que Odebrecht entregó dinero ilícito a las campañas: el próximo juzgamiento contra la exalcaldesa Susana Villarán, en donde entregó más de US$ 4 millones; el partido político Renovación Popular [cuando era Solidaridad Nacional] por haber recibido de Odebrecht, para financiar sus campañas políticas, US$ 400 mil”, dijo.

“Incluso en otras investigaciones en las que no se ha imputado a Odebrecht haber entregado activos ilícitos, por citar la investigación contra Vladimir Cerrón Rojas por haber recibido más de S/ 1 millón para su campaña del partido Perú Libre, dinero de procedencia de la organización Los Dinámicos del Centro. En buena cuenta, el impacto de la sentencia del Tribunal Constitucional va más allá de este caso. Es lo que ustedes conocen muy bien como la trascendencia social. Lo que se está buscando con este hábeas corpus es beneficiar a las fuerzas políticas que controlan el Congreso de la República y que, lamentablemente, están investigadas por graves cargos criminales", añadió.

Luego de la audiencia, ante una pregunta de El Comercio sobre cuál sería el efecto concreto en el resto de casos el tribunal falla a favor de Keiko Fujimori, el fiscal sostuvo que la consecuencia sería que todos se archiven. “Si el TC señala que en el país se puede recibir dinero de la corrupción para financiar campañas políticas, todos los casos que en este momento están siendo investigados, que están con acusación penal, incluso los que ya tienen sentencia condenatoria, lamentablemente, se irían al archivo“, afirmó.

A su turno, la defensa de Keiko Fujimori insistió en su postura: el caso debía ser archivado porque los hechos por los que se acusa no eran delito: “No estamos hablando aquí de que hubo o que no hubo delito. De lo que estamos hablando es que los hechos por los cuales se le está imputando a la señora Fujimori, bajo los propios extremos de la fiscalía, no constituían delito.

“La pregunta que subyace en este caso es una simple y contundente a la vez: ¿puede el Estado, a través de un proceso penal, ignorar la aplicación del principio de la legalidad penal y mantener procesada inconstitucionalmente a una persona sobre hechos que no configuran delito o que no fueron un delito al momento de la supuesta comisión? Evidentemente la respuesta de carácter constitucional es que no”, dijo Giulliana Loza.

Para la defensa, el proceso contra Keiko Fujimori es inconstitucional, por lo que debe ser el TC, antes que el Poder Judicial, el que decida su archivo. Además, aseguró que el “agravio” en su contra se mantiene vigente porque la fiscalía volvió a acusar a la lideresa fujimorista en julio. Esto luego de que, por una sentencia previa de este mismo TC, se anuló la primera acusación del caso, presentada en marzo del 2021, y el juicio que se desarrolló como consecuencia entre julio del 2024 y enero del 2025.

“Lo que se hizo con esa nulidad fue reparar un vicio producto de una cuestión procedimental (...) y se ordenó que se retrotraiga el proceso a una etapa intermedia. No ha puesto fin al agravio: la imputación se mantiene”, dijo Loza. “Si el juez competente, el juzgado demandado en este caso, hubiera actuado como juez de garantías, no estaríamos aquí ante ustedes”.

Loza agregó que permitir que el “agravio” siga perjudicando a Keiko Fujimori y esperar a que el caso llegue hasta una eventual sentencia “sería simplemente renunciar a los derechos fundamentales que le asisten”. “No estamos frente a riesgos hipotéticos. Aquí hay una afectación concreta y latente y una amenaza cierta“.

Consultada luego de la audiencia por El Comercio respecto a por qué buscar que el Tribunal Constitucional en lugar de que el Poder Judicial se pronuncie con una sentencia, Giulliana Loza replicó que este mismo pedido había sido hecho ante un juez durante el control de la acusación previa, pero fue rechazado. Fue por ello, aseguró, que recurrieron al Tribunal Constitucional.

Por otro lado, la abogada negó que la sentencia del caso de Keiko Fujimori vaya a ser influyente en otros casos, como el de Ollanta Humala. “Eso no es correcto, porque el caso de los señores Humala, con todo el respeto que se merecen, no es similar al nuestro. No solamente marcos tácticos totalmente distintos, sino que las imputaciones también [lo son]. Así que a partir de allí no habría que asimilarlo. Y de otro lado tampoco la configuración del propio lavado de activos es similar a este caso. Entonces yo creo que hay que ir marcando las diferencias en ese punto".

En el caso de Ollanta Humala, una parte de su sentencia fue por considerarse probado que recibieron US$ 3 millones de Odebrecht en la campaña del 2011. Ello se basó en las declaraciones de exdirectivos de la constructora, como Marcelo Odebrecht y Jorge Barata, quienes también aseguraron que en esa misma campaña se dio US$ 1 millón al fujimorismo. Actualmente, el expresidente cumple una condena de 15 años de prisión por ese caso.

Culminado el debate, los magistrados del TC hicieron preguntas centradas, principalmente, en cómo se configuró el presunto lavado de activos atribuido a Keiko Fujimori y en por qué debían intervenir en un proceso actualmente en trámite ante el Poder Judicial.

El tribuno Gustavo Gutiérrez Ticse, en particular, cuestionó al fiscal respecto a por qué no incluyó en su investigación a medios de comunicación y otras personas que recibieron pagos de las campañas fujimoristas. En tanto, el magistrado Pedro Hernández cuestionó a la defensa de Keiko Fujimori respecto a los alcances de la casación de la Corte Suprema citada por la fiscalía en la audiencia.

Luego de casi dos horas, la presidenta del TC, Luz Pacheco, dio por concluida la audiencia y anunció que el caso pasará, finalmente, a votación.

La fiscalía y la defensa de Keiko Fujimori esperan que la decisión se emita y se conozca en las próximas semanas. Será una resolución que marcará si el Caso Cocteles, un caso judicial que ha marcado la última década de la política peruana, va a un archivo definitivo o si podrá avanzar para resolverse en los próximos años con una sentencia del Poder Judicial.

Opinión

Sentencia favorable a Keiko Fujimori debilitaría casos de Lava Jato

El abogado penalista Andy Carrión indicó que si el Tribunal Constitucional falla a favor de Keiko Fujimori en esta demanda, ello no llevaría de inmediato al archivo de todos los casos de lavado de activos vinculados a aportes de campañas, pero que sí se debilitarían los casos similares que maneja el equipo especial Lava Jato por presuntos aportes de Odebrecht. Estos casos incluyen los de Ollanta Humala, Susana Villarán, el Partido Aprista, Solidaridad Nacional (hoy Renovación Popular), entre otros.

En diálogo con El Comercio, Carrión comentó que el principal efecto podría verse en el caso de Ollanta Humala. Al respecto, indicó que no tiene dudas de que los abogados del expresidente buscarán que los efectos de esa sentencia del TC, si es favorable a Keiko Fujimori, también alcance al exmandatario.

"(Una sentencia favorable a Keiko Fujimori) no ocasionaría que todos los casos se cierren, pero sí debilitaría los otros casos de vinculados a la Lava Jato", dijo Carrión. "Pr ejemplo, podría afectar al caso de Olltanta Humala, per solo en los relativo a los financiamientos de Odebrecht, pero no así de Venezuela. Él fue condenado por ambos financiamientos".

Carrión añadió que una sentencia a favor de la excandidata también tendría un efecto en todos los casos de lavado de activos en lo relacionado a que se exigiría una mayor certeza de que el origen del dinero lavado sea ilícito, ya que actualmente el estándar es que se pueda presumir o tener indicios del origen ilícito. "Estarían elevando la valla, el estándar del conocimiento del delito previo de todos los casos de lavado de activos. Ellos ya exigirían un conocimiento certero de que los dineros que reciben para algún tipo de trámite, sea el financiamiento de campañas o ya otros supuestos, tendría que ser alto (...) [Actualmente] la norma te habla al menos de una sospecha, un indicio", explicó.