La empresa Graña y Montero también aportó a la campaña por el No de Susana Villarán

Unidad de Investigación

No solo las constructoras brasileñas Odebrecht y OAS financiaron con US$7 millones la campaña por la No revocatoria de la entonces alcaldesa de Lima Susana Villarán, en el 2013. La empresa peruana Graña y Montero también aportó US$200.000, según el testimonio que dio José Miguel Castro, exgerente de la Municipalidad de Lima, a la fiscalía, al que tuvo acceso El Comercio. José Antonio y Hernando Graña han confirmado dicho aporte ante el equipo especial Lava Jato.

Entre el 15 y 22 de junio pasado, un mes después de su excarcelación, Castro decidió colaborar con el fiscal Carlos Puma y brindó detalles sobre los aportes que recibió de algunas empresas constructoras, entre ellas Graña y Montero. Era la primera vez que el responsable económico de la campaña por el No y ex hombre de confianza de Susana Villarán, menciona a Graña. Castro es investigado por los presuntos delitos de organización criminal y cohecho pasivo en agravio del Estado.

“Los ingresos para la campaña fueron aproximadamente de US$7,2 millones. De ellos, US$4 millones fueron aportados por OAS, US$3 millones por Odebrecht y US$200 mil por Graña y Montero”, precisó Castro en su declaración a la que accedió El Comercio. Además mencionó que Óscar Vidaurreta Yzaga, de la agencia Ogilvy, era el encargado de la publicidad de la campaña.

Sobre esta revelación, el aspirante a colaborador eficaz Hernando Graña declaró a la fiscal Geovanna Mori –el 1 de julio– que en enero del 2013, antes de que la constructora se adjudicara el proyecto Vía Expresa Sur, tuvo varias reuniones con Castro para tratar sobre temas vinculados al proyecto del túnel Santa Rosa, a cargo de la constructora peruana.

Según la declaración brindada por Hernando Graña a la que accedió este Diario, las reuniones fueron en la oficina del exfuncionario, en el segundo piso del Palacio Municipal. En una ocasión, Castro le solicitó un apoyo económico para la campaña de Susana Villarán. El empresario no respondió, pero dijo que “vería” ese caso.

Semanas después, en mayo del 2013, cuando ya había culminado el proceso de la revocatoria, Hernando Graña señaló que se volvió a reunir con Castro para insistirle en la programación de los pagos de los arbitrajes por los laudos a favor de GyM vinculados al derrumbe del proyecto del túnel Santa Rosa. “En un momento determinado, Castro hizo ingresar a Óscar Vidaurreta, a quien me lo presentó e indicó que era el representante de Ogilvy. […] Castro me dijo que tenían deudas de campaña e insistió en un apoyo económico de nuestra parte, que ya no podíamos poner excusas, solicitándome la suma de US$200.000”, indicó.

Posteriormente, precisó, se reunió con José Antonio Graña, quien le comentó que “ya había recibido solicitudes de Castro, antes de la votación y otra después por una deuda de [campaña] de US$200.000”.

En tanto, José Antonio Graña indicó en su declaración como aspirante a colaborador eficaz que convocó a Freddy Chirinos, de la consultora Chirinos y Salinas Asociados (Chisac), para que se encarcara de coordinar con Ogilvy el pago de la publicidad: “Lo que se le dijo a Freddy Chirinos es que teníamos un compromiso asumido con la Municipalidad [de Lima] y que debía materializarse a través de pagos de publicidad vinculados al proyecto Vía Sur y un pago directo a Ogilvy, que fue un pedido expreso de Castro”.

“La totalidad de los fondos se le entregarían a Chirinos y Salinas Asociados y esta última sería la que entregaría, por indicaciones de Castro, la suma de US$100.000 a Ogilvy”, agregó.

Luego de las coordinaciones internas, José Graña declaró que convocó a Chisac, y les canceló una factura por US$200.000 más IGV, con fecha 13 de agosto del 2013. La campaña fue pagada por la concesionaria Vía Expresa Sur, de propiedad de GyM.

“Con ese dinero la consultora canceló a Ogilvy los US$100.000 acordados con una factura bajo el concepto de ‘servicios de diseño y desarrollo de la campaña’. Sin embargo, no me consta que dicha empresa haya realizado un servicio, siendo en realidad el pago de un pedido expreso de Castro canalizado a través de Hernando Graña”, precisó José Antonio Graña a la fiscalía.

Añadió que con el saldo, los otros US$100.000, Chisac pagó a diversos medios de comunicación (prensa escrita y televisión) por la emisión de los anuncios que se hicieron sobre la obra Vía Expresa Sur, que fue adjudicada a la constructora después del proceso de revocación.

Descargos

En diálogo con El Comercio, Fredy Chirinos, director de Chisac, indicó que por encargo de Graña y Montero se comunicó con un funcionario de la concesionaria Vía Expresa Sur, por la publicidad del municipio y tuvo una reunión con Castro. “Me llamó la atención que Castro, a través de su directora de comunicaciones, nos exigió poner avisos de corte muy popular [...] que Graña jamás había puesto, y me di cuenta de que Villarán quería levantar su perfil para su reelección”, señaló.

Según Chirinos, desconoce los arreglos que existieron entre Castro y los Graña, pero sí le llamó la atención los US$100.000 que cobró Ogilvy por el diseño y desarrollo de campaña. “Incluso lo conversé con él [el funcionario] que lo que ahí había era una devolución de favor. Es probable que Villarán o Castro, no sé quién, le haya pedido ese favor [a los Graña] porque eso fue después de la revocatoria”, concluyó.

Óscar Vidaurreta señaló a este Diario que Ogilvy fue contratada para el manejo de la campaña por Castro y Luis Favre y que nunca estuvo presente en alguna reunión con Castro y los Graña “Desconozco si hubo arreglos económicos entre Castro y los Graña “, precisó.

¿Cómo se hizo esta historia?

La Unidad de Investigación de El Comercio accedió a las transcripciones de los interrogatorio al exgerente general de la Municipalidad de Lima que brindó el el 1 y 22 de junio ante el fiscal Carlos Puma integrante del equipo especial Lava Jato del Ministerio Público. Este Diario contrastó el testimonio de Castro con las declaraciones que los empresarios Hernando y José Graña dieron el año pasado y ratificaron el 30 de junio último ante la fiscal Geovanna Mori. Estos testimonios coinciden en el sentido de que la constructora Graña y Montero aportó US$200.000 a la campaña del No a la revocatoria en el 2013 de la entonces alcaldesa de Lima, Susana Villarán.

Este Diario también ha tenido acceso a otros documentos, como facturas y boletas que respaldan lo señalado por José Castro. Y, además, a declaraciones de otros aspirantes a la colaboración eficaz.

El Comercio ha decidido no publicar esta documentación, a fin de proteger la identidad de la fuente.

Castro también implica a políticos del entorno de Villarán en la recepción de dinero de OAS y Odebrecht. El Diario llamó y dejó mensajes a todos los involucrados antes de publicar la nota. De estos, solo tres respondieron y su versión fue consignada en el informe.

De esta manera, El Comercio ha cumplido con sus principios rectores, que tienen como principal eje el rigor al momento de informar.

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