Nadine Heredia es acusada de presunto lavado de activos
Nadine Heredia es acusada de presunto lavado de activos
Alexander Villarroel Zurita

Periodista

alexander.villarroel@comercio.com.pe

El Poder Judicial continuará este lunes evaluando el requerimiento de la fiscal Geovana Mori para que se imponga la medida de impedimento de salida del país a la ex primera dama y otros implicados en el marco de las investigaciones por presuntas irregularidades en el proyecto del gasoducto sur.

Sin embargo, esta no es la primera vez que se solicita una medida coercitiva contra Heredia, quien además ya ha sido acusada por presunto lavado de activos y afronta un pedido de cárcel de más de 26 años.

Impedimento de salida del país

16/06/2016

Luego de un pedido del fiscal especializado en lavado de activos Germán Juárez Atoche, el juez Richard Concepción Carhuancho ordenó el impedimento de salida del país en contra de Heredia, de su hermano Ilan Heredia y de su amiga Rocío Calderón, e impuso una serie de reglas de conducta (como no poder cambiar de domicilio y firmar un cuadernillo cada 30 días en una sede judicial).

El juez remarcó entonces la existencia de indicios de que los investigados habían incurrido en lavado de activos a través de la conversión y el ocultamiento. Ello en el marco de las pesquisas por un presunto financiamiento del gobierno de Hugo Chávez a la campaña nacionalista del 2006 y 2011; así como de la constructora brasileña Odebrecht.

De comparecencia a prisión preventiva

25/11/2016

El mismo día en que se iba a revisar un pedido de la exprimera dama para que pueda cumplir en Suiza sus reglas de conducta (como el control biométrico), el fiscal de lavado de activos Germán Juárez Atoche sorprendió con un pedido para variar la comparecencia con restricciones a la prisión preventiva contra Heredia, por este mismo caso.

La exprimera dama había dejado el país cuatro días antes, el 22 de noviembre, a fin de asumir la Oficina de Enlace de la FAO en Ginebra (Suiza).

El magistrado no accedió al pedido de la fiscalía, pero tampoco le dio la razón a la defensa de Heredia: resolvió otorgar a la exprimera dama un plazo de 10 días para retornar al país a fin de afrontar el proceso en su contra. Lo cual ocurrió.

Prisión preventiva

12/07/2017

El fiscal Juárez Atoche sustentó ante el juez Concepción Carhuancho su solicitud de prisión preventiva contra Ollanta Humala y su esposa Nadine Heredia por 18 meses, al considerar que existía un “inminente peligro de fuga”.

El representante del Ministerio Público remarcó que, desde el inicio de las investigaciones, la expareja presidencial puso obstáculos e intentó “desarraigarse” del país.

Al día siguiente, el juez dio a conocer su resolución mediante la cual acogió la solicitud de la fiscalía, al considerar que existían nuevos elementos de convicción que sustentaban el cambio de la medida de comparecencia restringida.

Finalmente, el Tribunal Constitucional (TC) falló a favor de Humala y Heredia en abril del 2018, con lo que dejaron la prisión tras nueve meses de ser internados.

Pedido de acusación

07/05/2019

Tras más de cuatro años de investigación, el fiscal Germán Juárez Atoche formalizó la acusación en contra del exmandatario y de su esposa Nadine Heredia, por el presunto delito de lavado de activos.

Se cuestionan ingresos provenientes de y de Venezuela, entre otras fuentes, para las campañas presidencial del nacionalismo del 2006 y 2011.

Para la exprimera dama se solicitó 26 años y 6 meses de cárcel, mientras que para Humala 20 años de prisión.

Este caso ya pasó el control de acusación el último viernes. Ahora, se está a la espera de que comience el juicio oral.

Impedimento de salida

25/09/2019

La fiscal Geovana Mori, del equipo especial del Caso Lava Jato, solicitó el impedimento de salida del país por seis meses en contra de la exprimera dama por el caso del gasoducto del sur, por el presunto delito de colusión y negociación incompatible.

En este requerimiento se incluyó a otros 26 investigados, entre los que figuraban exministros y exfuncionarios de Pro Inversión de la administración de Ollanta Humala. Sin embargo, el juez de primera instancia declaró infundada esta solicitud.

Tras una apelación por parte de la fiscalía el 8 de diciembre, el tribunal de apelaciones declaró nula esta resolución y ordenó que este pedido sea evaluado por un nuevo juez.