Lava Jato: ¿Cuál fue el papel de José Miguel Castro en el Caso Susana Villarán?

La exalcaldesa Susana Villarán recibió US$10 millones de las constructoras Odebrecht y OAS para financiar las campañas contra la revocación y a favor de su reelección, entre el 2012 y el 2014. José Miguel Castro, entonces su hombre de confianza, tuvo un papel protagónico en la receptación del dinero ilícito.

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Ahora, Castro se acogió a un proceso de colaboración eficaz con la fiscalía, por el proceso que se le sigue por asociación ilícita para delinquir, cohecho pasivo propio y lavado de activos. La información que ha proporcionado, hasta ahora, incluye también datos vinculados al Caso Westfield Capital, por el que se investiga al exmandatario Pedro Pablo Kuczynski.

¿Cuál fue el papel de Castro en las operaciones del Caso Villarán? Según el testimonio de Jorge Barata, exsuperintendente de Odebrecht en Perú, Castro fue un intermediario entre la constructora y Villarán en la receptación de aportes ilícitos, por lo que recibió el codinome ‘Budián’.

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La fiscalía tiene información sobre la participación del exgerente municipal en las reuniones con los exdirectivos de Odebrecht para concretar el pago de los aportes por US$3 millones. Barata declaró que, a fines del 2012, recibió una llamada de Castro para reunirse con él en la Municipalidad de Lima. Allí, el funcionario le habría solicitado al brasileño una contribución de US$3 millones.

Raúl Ribeiro, representante del consorcio Rutas de Lima que estuvo presente en la reunión, confirmo la información. El dinero fue entregado de la siguiente forma: US$2 millones al publicista brasileño Valdemir Garreta, y US$ 1 millón directamente a Castro.

En el expediente del caso, se señala que Villarán, a través de Castro, también solicitó aportes a OAS para financiar la campaña contra la revocación. Cada una de las empresas aportó US$3 millones.

Castro tuvo conocimiento sobre las inversiones en infraestructura de la comuna durante la gestión de Villarán, entre ellas dos megaproyectos: Vía Parque Rímac, de OAS; y Rutas de Lima, consorcio integrado por Odebrecht. A raíz de estos aportes, dichas empresas habrían sido favorecidas.

Además, Castro habría participado en la apertura de una cuenta en la Banca Privada de Andorra a nombre de Gabriel Prado, exgerente de seguridad ciudadana de la comuna, para recibir dinero de la constructora. La cuenta no fue usada, pero el hecho propició un alejamiento entre Prado y Castro y Villarán.

Pero Castro también habría participado en la recepción de US$4 millones adicionales de OAS para la campaña de reelección de Villarán.

Según la fiscalía, Castro le habría pedido a José Adelmário Pinheiro Filho –conocido como Léo Pinheiro–, expresidente de esta empresa, el monto en cuestión “por el tamaño del proyecto era lo que le tocaba pagar”. A raíz de eso, esta empresa volvió a ser favorecida en la concesión de la Línea Amarilla.

Durante la audiencia para sustentar el pedido de 36 meses de prisión preventiva, la fiscalía presentó la información proporcionada por un colaborador eficaz que acusó a Castro de presionar y amenazar a las empresas para que paguen los montos acordados. También obligaba a otros investigados a que no lo involucren en el proceso. Durante su gestión, se reunió en 37 ocasiones con los representantes de las dos compañías.

El funcionario de la gestión Villarán aportará información al Caso Westfield, pues First Capital, empresa de Gerardo Sepúlveda, y Kuczynski asesoraron al proyecto Rutas de Lima de Odebrecht.

Castro permanece con detención domiciliaria, luego de que el Poder Judicial variara su estatus durante el periodo de cuarentena. Padece de asma e hipertensión arterial, condiciones que lo harían vulnerable a sufrir complicaciones por el COVID-19.

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