Dos casos emblemáticos de Lava Jato llegan a su resolución con nuevas sentencias: ¿cuáles son y a quiénes involucran?

En las próximos semanas, el Poder Judicial concluirá con los juicios del Caso Ecoteva y el Caso Metro de Lima y anunciará la fecha para la lectura de sentencia. El primero de estos casos supone la tercera sentencia para un expresidente peruano en un proceso ligado vinculado a los actos de corrupción de Odebrecht: Alejandro Toledo. El exmandatario ya tiene una sentencia previa por recibir sobornos en de la constructora brasileña a cambio de la adjudicación de la Carretera Interoceánica Sur.

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En el Caso Ecoteva, habrá una sentencia de condena o absolución para Alejandro Toledo. El fiscal superior Rafael Vela, del equipo especial Lava Jato, pide para él una condena de 16 años y 8 meses de prisión. La decisión será tomada por la Novena Sala Penal Liquidadora de la Corte Superior de Justicia de Lima y supondrá la resolución de un caso que inició en el 2013 y por el que Estado Unidos accedió a ampliar la extradición del exmandatario al Perú. El juzgamiento comenzó en abril del 2023.

En el caso del Metro de Lima, la decisión alcanzará a un grupo de exfuncionarios del segundo gobierno de Alan García, en el que destaca como principal acusado a Jorge Cuba, exviceministro de Comuniaciones. Para él, el fiscal José Domingo Pérez pidió 35 años de prisión. El proceso comenzó en el 2017 y se trata de una de las primeras investigaciones del Caso Odebrecht en Perú, por el que la constructora admitió haber pagados sobornos y cuyo juicio inició en diciembre del 2022.

“Este mes deben concluir ambos juicios, tanto el de Ecoteva como el caso del Metro de Lima, que están en la misma situación, ya están en alegatos finales”, dijo a El Comercio Rafael Vela, coordinador del equipo especial Lava Jato. “Esperamos que puedan existir tal vez dos sesiones más y ya todo quede expedito para emitir las sentencias”.

Añadió en que confían “en la solidez de la prueba que hemos aportado y en que las acusaciones están lo suficientemente fundamentadas, en que la prueba actuada en juicio deba convencer a los jueces de la culpabilidad de las personas acusadas”. Por su parte, los abogados de los principales acusados, entre ellos el expresidente Alejandro Toledo. han solicitado al juzgado la absolución de sus defendidos en la inminente sentencia, alegando que la fiscalía no pudo sus acusaciones durante el desarrollo del juicio.

El penalista Gilmar Andía, exviceministro de Justicia, consideró que ambos casos deberían resultar en condenas, pero cuestionó que se haya tardado tantos años en llegar a este resultado. “Ambos deberían poder tener una sentencia condenatoria. Después de tantos años de investigación, la fiscalía debería haber llegado robustecida y armada para poder tener un juicio oral exitoso”, comentó.

Andía dijo que la relevancia de Ecoteva pasa por involucrar a un expresidente, pero que más allá de eso es un “caso típico de lavado de activos”, en el que se utilizan empresas y familiares para “lavar dinero que viene de la corrupción”. En tanto, remarcó que el Caso Metro de Lima tiene mayor importancia por ser un ejemplo de cómo habría operado la corrupción de Odebrecht en el Perú: “Allí sí hay todo un entramado con estructuras paralelas de contabilidad, administración de fondos ilícitos, compra de funcionarios, acuerdo con los postores. Son factores que hacen altamente complejos a estos casos”.

Del 2019 a la fecha, el equipo especial Lava Jato cerró sus investigaciones y presentó acusaciones penales en 27 casos. Aunque de esto solo cuatro ya resultaron en sentencias, desde el Ministerio Público destacan -pese a las demoras- que todas fueron condenatorias. Es decir, que el Poder Judicial les dio la razón en sus acusaciones.

Además de los casos Metro de Lima y Ecoteva, consideró que este año podría sumar una sentencia más en el caso del expresidente Martín Vizcarra. El resto de acusaciones en juzgamiento; con juicios por iniciar (como los casos de Susana Villarán, Pedro Pablo Kuczynski y Félix Moreno) o en etapa de control judicial (como los casos Gasoducto Sur o Club de la Construcción).

Las actuales condenas por el Caso Lava Jato

El Caso Ecoteva se remonta al 2013 gracias a investigaciones periodísticas sobre compras hechas por la suegra de Alejandro Toledo, Eva Fernenbug. La investigación fiscal comenzó ese mismo y pasó por varias etapas, distintos despachos y diferentes explicaciones dadas por el expresidente sobre el origen de los fondos para pagar sus inmuebles. En ese recorrido, Toledo y su esposa, Eliane Karp, se fueron a Estados Unidos.

Las pesquisas se fortalecieron a partir del 2017, cuando el Caso Interoceánica Sur -parte del estallido del Caso Odebrecht en Perú- apuntó al expresidente como el receptor de más de US$ 30 millones como coimas de la constructora. Ello permitió establecer el presunto origen ilícito del dinero que habría sido lavado. En el 2018, cuando Rafael Vela asumió la coordinación del equipo especial, Ecoteva pasó a formar parte de la trama de casos Lava Jato

En junio del 2019, el fiscal superior presentó la acusación por este caso. Según esta, el dinero de las coimas de Odebrecht fue ‘lavado’ a través de empresas ligadas a Josef Maiman (examigo de Alejandro Toledo) y Avi Dan On (su exjefe de seguridad) hasta llegar a la empresa Ecoteva, constituida en Costa Rica y que tenía Eva Fernenbug como presidenta. Desde allí, sostiene la fiscalía, se envió al Perú para la compra de dos inmuebles y el pago de dos hipotecas por parte de la sociedad constituida por los esposos Alejandro Toledo y Eliane Karp.

Los inmuebles serían una casa en Surco comprada por US$ 3 millones 750 mil en julio del 2012 y una oficina, tres estacionamientos y un depósito en el mismo distrito por US$ 882 mil en septiembre del 2012. En tanto, las hipotecas canceladas fueron las de la casa en La Molina del expresidente por US$ 217 mil en diciembre del mismo año y las de un inmueble en Punta Sal (Tumbes) por US$ 277,308 en septiembre del 2012.

Andía señaló que “es un caso de manual” de lavado de activos y cuestionó que el sistema de justicia no haya llegado a una sentencia con más rapidez. El penalista sostuvo solicitar la extradición del expresidente a los Estados Unidos por estos hechos fue un factor que contribuyó a esta dilación, aunque insistió en que el caso “no debería haber generado tanta complicación en su investigación y juzgamiento”.

Al respecto, el fiscal Rafael Vela manifestó que es un caso que se tramita con el Código Procesal de 1940 y que cobró mayor fuerza a partir de las revelaciones de las coimas de Odebrecht. Aun así, considera que se trata de un caso de lavado de activos “perfecto” en el que se tiene información certera que va desde el origen ilícito del dinero hasta las operaciones posteriores para la compra de inmuebles.

“Además, tiene el valor de que en este caso hay una ampliación de extradición del gobierno de Estados Unidos, lo que quiere decir que hay una confianza en el sistema de justicia del Perú en que el señor Alejandro Toledo no es un perseguido político, no es un perseguido por sus ideas, que se le han respetado todos sus derechos y garantías fundamentales”, dijo.

El tribunal inició al juicio el 12 de abril del 2023, casi cuatro años después de la presentación de la acusación. Al comienzo, el expresidente no podía ser parte del juzgamiento porque seguía en Estados Unidos, que no accedía a extradirlo por ese caso. Inicialmente, el país norteamericano solo lo extraditó por el Caso Interoceánica Sur, por el que fue sentenciado a 20 años de prisión en octubre pasado. Esa es la pena que el exmandatario ya cumple hoy en el penal de Barbadillo.

En ese mismo octubre, EE.UU. finalmente accedió a ampliar la extradición del expresidente por el Caso Ecoteva y pudo ser incluido poco después en el juicio, debido a que su abogado sí lo había estado representando en las audiencias. En cambio, el extremo de la acusación contra Eliane Karp sigue bajo reserva debido a que no se han presentado ante la justicia peruana. Eva Fernenburg y Avi Dan On son también “reos contumaces”, pero sus defensas también participacan y litigan en el juicio.

Todas las pruebas del caso ya fueron evaluadas y la fiscalía presentó sus alegatos finales el pasado 11 de junio. Ese día, se ratificó la solicitud de 16 años y 8 meses de prisión para el expresidente, para su esposa, quien no fue parte del juicio, y para Avi Dan On. Los otros acusados son Eva Fernenburg (se piden 10 años de prisión), Shai Dan On (13 años de prisión) y David Eskenazi (13 años y 4 meses de prisión).

La procuraduría dio sus propios alegatos finales en las audiencias del 19 de julio, en la que pidieron el pago de una reparación civil de US$ 42.4 millones. Luego, la defensa de Alejandro Toledo hizo lo propio el 26 de junio; las de Shai Dan On y David Eskenazi, el 2 de julio; y la de Eva Fernenburg, el 9 de julio. Este miércoles será el turno de los defensores de Eliane Karp (que adelantó que solo demorará dos minutos en exponer) y de Avi Dan On. Después, solo faltaría el abogado de las tres empresas incluidas en el caso.

“Solicitamos la absolución de mi patrocinado en razón de que, a través de este juicio, no se ha podido demostrar que él haya tenido participación en los hechos que le atribuye el Ministerio Público”, alegó Roberto Su, defensor del expresidente, en su participación final en el juzgamiento. Sostuvo que el Toledo se relacionó con Josef Maiman con “buena fe” y que hay una “duda razonable” sobre su responsabilidad, ya que las versiones de colaboradores que lo sindican “no están corroboradas”.

Luego de que terminen los alegatos de todas las defensas, el tribunal dará una última palabra a Alejandro Toledo y el resto de acusados antes de la sentencia, etapa conocida como “defensa material”. Si el tiempo alcanza, este podría ocurrir este mismo miércoles 16; pero lo más probable es que sea en la audiencia de la semana posterior.

Después, se anunciará la fecha para la lectura del fallo, que sería en una de la última semana de julio o, a más tardar, en la primera de agosto.

Otro caso que ha recorrido un camino largo para llegar hasta una sentencia es del Metro de Lima. Se trata de una de las investigaciones que inauguraron el Caso Lava Jato en el Perú. Comenzó en enero del 2017 y trajo consigo los primeros arrestos de esta trajo los primeros arrestos del caso en el país, entre ellos el del exviceministro de Comunicaciones Jorge Cuba.

En este caso, la fiscalía investigó presuntos sobornos de Odebrecht a funcionarios peruanos del Ministerio de Transportes y Comunicaciones para adjudicarse la construcción de los tramos 1 y 2 del Metro de Lima. En el 2019, la constructora formalmente ante la justicia peruana que pagó coimas por este proyecto. Esto como parte de su acuerdo de colaboración eficaz con el Ministerio Público y aprobado por el Poder Judicial ese año.

En su acusación fiscal, presentada en julio del 2019, la fiscalía sostiene que Odebrecht pagó un total de US$ 8.1 millones por este proyecto. Además, se imputa a los acusados presuntos actos de lavado de ese dinero de origen ilícito. Para Jorge Cuba, el principal acusado, se piden 35 años de prisión. Para el resto, las penas requeridas van desde 10 a 35 años.

El juicio comenzó en diciembre del 2022, a cargo del Cuarto Juzgado Colegiado de la Corte Superior nacional. Como en el Caso Ecoteva, ya se terminó de recibir la declaración de todos los testigos y de evaluar todas las pruebas documentales. Como parte de este juzgamiento, el tribunal escuchó en junio del 2023 la declaración del exjefe de Oderbecht en Perú, Jorge Barata, quien confirmó los pagos de sobornos. Ha sido la única vez en que el empresario brasileño declaró en un juicio de Lava Jato en el país.

El Ministerio Público hizo sus alegatos finales en las audiencias del 19 y 26 de junio; y la procuraduría hizo lo propio en la sesión del último jueves, en la que plantearon el pago de una reparación civil de más de S/ 1,600 millones entre los nueve acusados.

Ese mismo día, fue el turno la defensa de Jorge Cuba para hacer sus alegatos finales. Los abogados del exministro rechazaron la imputación fiscal, tanto por delitos de corrupción (colusión y tráfico de influencias) como por lavado de dinero. “Solicito la absolución del señor Jorge Cuba en todos sus extremos, así como el rechazo a todas las pretensiones accesorias y el rechazo al pago de la reparación civil”, dijo su abogado Renzo Gonzales.

En cuanto la duración del juicio y del proceso, el fiscal Rafael Vela dijo: “teníamos el pronóstico de que ese caso pueda concluir antes; pero también somos conscientes de la sobrecarga que existe en el sistema de justicia”. “El colegiado del caso del Metro de Lima es el mismo colegiado de del caso de Martín Vizcarra. Entonces, vemos que hay que hay este una sobrecarga importante”, añadió.

El fiscal sostuvo que esto es “responsabilidad también del Poder Judicial”. “Nosotros respetamos mucho la labor del juez, porque no se trata de desidia, sino de sobrecarga procesal. Los jueces trabajan incansablemente, pero seguramente se necesitan más jueces o se necesita gestiones de despacho judicial distintas, que pueda haber jueces a dedicación exclusiva y que puedan avanzar a un ritmo distinta”, opinó.

Por su parte, Gilmar Andía consideró que “siete u ocho años es un tiempo excesivo para poder llegar a una sentencia de primera instancia”, aunque remarcó que cuando el caso se inició, en el 2017, el Perú nunca había procesado una trama de corrupción con la complejidad de los casos Lava Jato. “No éramos un país, a nivel de operadores de justicia, preparados para un entramado de corrupción tan grande y tan sofisticado. Nunca habíamos enfrentado a ese tipo de delincuencia”, declaró

“Hubo todo un plazo de aprendizaje de cómo hacer estas investigaciones. Entonces, llegar ya a una sentencia, a pesar de las demoras, es importante. Hay que ver si es una condena o una absolución, pero que ya que se establezca una sentencia es un precedente importante para poder seguir viendo cómo se van a seguir manejando estos casos de corrupción”, opinó.

Bajo el ritmo de una audiencia por semana, similar al de otros casos Lava Jato, el juicio ha tomado más de dos años. Sin embargo, de cara a recibir los alegatos finales del resto de acusados, se programaron dos audiencias presenciales para el miércoles 9 y jueves 10 de julio.

El primer día hicieron sus alegatos finales las defensas de los acusados Mariella Huerta, Jesús Munive y Edwin Luyo. En el segundo día, hicieron los mismo las defensas de Santiago Chau,⁠ Magdalena Bravo, Miguel Navarro, Víctor Muñoz y Jessica Tejada. Cada uno tendrá media hora de participación. Todos ellos rechazaron la acusación y pidieron ser absueltos..

Este jueves 17 de julio, el juzgado también dará la palabra final a los acusados para su “autodefensa material”. Cada uno tendrá unos 10 minutos de participación. Después, el tribunal anunciará la fecha para la lectura de su fallo, que sería en la semana posterior.