Levantan secreto bancario de Lilia y Yenifer Paredes: Los detalles de la investigación y sus presuntos roles

El Poder Judicial autorizó levantar el secreto bancario de la ex primera dama Lilia Paredes y de su hermana Yenifer Paredes, entre otros investigados por el ‘Caso Anguía’, según consta en una resolución a la que accedió El Comercio. La medida se dispuso a solicitud del Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder (Eficcop), que las indaga como parte de una presunta red criminal ligada a presuntos actos de corrupción en proyectos de saneamiento durante el gobierno de Pedro Castillo.

La medida requerida por el fiscal Jorge García Juárez alcanza a un total de 42 personas investigadas por este caso y a seis empresas (personas jurídicas). En el grupo también están Walter y David Paredes, hermanos de la ex primera dama; sus sobrinos Rudbel y Wesly Oblitas; el empresario Hugo Espino; el exalcalde de Anguía José Nenil Medina; y Susy Díaz Huamán, amiga de Yenifer Paredes que trabajó para Palacio de Gobierno.

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Con esta medida, las entidades bancarias deberán remitir al Eficcop información sobre todas las cuentas bancarias de los investigados, cheques girados, préstamos, hipotecas, operaciones, tarjetas de crédito, estados de cuenta etc. También se levantó su secreto tributario y se ordenó remitir información relacionada.

En el caso de Yenifer Paredes y otros 21 investigados, la medida abordará el período del 1 de enero del 2019 a la actualidad. Respecto a Lilia Paredes y otros 19 procesados, será del período del 11 de abril del 2021 a la actualidad.

El primer período apunta a la época en que la presunta red criminal habría actuado a nivel “local” en Anguía, distrito de la provincia cajamarquina de Chota, donde residía la familia de Pedro Castillo antes de su presidencia y cuyo exalcalde José Nenil Medina es investigado por este caso. El segundo período abarca la supuesta actividad de la red a nivel “nacional”, con la llegada de Pedro Castillo a Palacio de Gobierno.

Yenifer Paredes, cuñada de Pedro Castillo, actualmente es procesada bajo libertad con restricciones y no puede salir de Lima sin permiso judicial. En tanto, Lilia Paredes está en México junto a sus dos hijos como asilada por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador desde diciembre del 2022, luego del fallido golpe de Pedro Castillo. El Eficcop requirió prisión preventiva para ella de cara a iniciar un proceso de extradición, pero el Poder Judicial no accedió.

Desde entonces, México no ha transparentado los beneficios ni la ayuda económica que la esposa de Pedro Castillo recibe por parte del Estado. No obstante, versiones periodísticas apuntan a que Lilia Paredes recibe US$ 10 mil del gobierno mexicano, lo que ha sido negado por la defensa legal de Pedro Castillo. El Comercio solicitó a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) y la Secretaría de Relaciones Exteriores de México informar si Paredes y sus hijos cuentan con ayuda económica y seguridad policial. También se consultó si hay otros familiares de Castillo Terrones en territorio azteca.

Sin embargo, tal como se informó el último sábado, las respuestas brindadas por ambas instituciones a los tres pedidos hechos por este Diario no aclaran ninguno de los puntos. La respuesta más reciente llegó el 6 de junio, cuando la Secretaría de Gobernación indicó que esa información le correspondía al sector de Relaciones Exteriores, el cual ya respondió previamente que no tenían información sobre el tema.

El Comercio consultó a la defensa de Lilia Paredes respecto a esta decisión judicial y a las imputaciones que le hacen por este caso. Su abogado indicó que respondería por escrito. Sin embargo, hasta el cierre de esta nota, su respuesta no llegó. Este Diario también llamó al teléfono del abogado de Yenifer Paredes, José Dionicio, pero no fue posible contactarlo. Dentro del proceso judicial y en declaraciones previas, ambas defensas han negado todas las acusaciones contra sus defendidas.

La investigación señala a José Nenil Medina como el líder de esa presunta red criminal, con el supuesto objetivo de apropiarse de recursos públicos. El exalcalde está actualmente bajo prisión preventiva mientras es investigado por este caso. Su defensa rechaza la imputación de la fiscalía.

Según el Eficcop, la red habría actuado mediante el “direccionamiento de los contratos de consultorías” para expedientes técnicos y perfiles téçnicos relacionados a proyectos de inversión en obras públicas. También a través de procesos de adjudicación irregulares para la ejecución de obras, otorgamiento de subvenciones fraudulentas y actos de apoderamiento ilegal de patrimonio del Estado.

La fiscalía señala a Yenifer Paredes como “coordinadora” de la red criminal, imputación ligada al puesto que tuvo en la Municipalidad de Anguía. “Habría tenido notable participación [...] en su condición de Administradora de la Municipalidad Distrital de Anguía, habría coordinado, gestionado, y viabilizado los acuerdos ilícitos en cumplimiento del programa criminal”.

Finalmente, se señala a otros funcionarios de esa municipalidad como “colaboradores” y a un grupo de testaferros. Entre estos está el empresario Hugo Espino, quien se sometió a la confesión sincera y reconoció, por ejemplo, depósitos de S/ 90 mil hechos por los cuñados del presidente para que elabore expedientes de obras que pudiesen ser ejecutadas por ellos.

Se atribuye a la red criminal haber actuado en tres “modalidades”: procesos de licitación fraudulentos; direccionamiento de consultorías para la formulación de perfiles y expedientes técnicos de obras civiles; y giros por encargo sin sustento, subvenciones económicas fraudulentas y depósitos de empresarios, como fuente de financiamiento de empresas testaferros y la campaña electoral presidencial.

La investigación aborda múltiples movimientos bancarios atribuidos a las personas investigadas y a empresas comprendidas en la indagación. El levantamiento del secreto bancario apunta a corroborar la realización de todos esos movimientos.

La fiscalía remarca que a partir de abril del 2021, la red amplía su alcance a nivel nacional a partir de su apoyo económico a la campaña presidencial de Pedro Castillo y la integración de su líder al ‘gabinete en la sombra’. “[José Nenil Medina] traslada e integra su organización criminal de desarrollo local, financiando la campaña presidencial de José Pedro Castillo Terrones, y reformula los roles de sus miembros para beneficio de la presunta organización criminal en el poder”.

Luego de esto, de acuerdo con el Ministerio Público, la organización buscó que sus integrantes se “enquisten” en el Estado. “Una vez que José Pedro Castillo Terrones fue proclamado oficialmente ganador de la segunda vuelta electoral, la organización buscó copar y captar las instituciones públicas, en pro de acceder a espacios de poder económico y político”.

Una vez integrada a la presunta organización criminal que habría liderado Pedro Castillo, el investigado habría pasado a ser un “cabecilla”. “Con la instalación de Geiner Alvarado López en el Ministerio de Vivienda, José Nenil Medina habría propuesto y exigido el financiamiento de obras para su municipio, así como de otras municipalidades a nivel nacional en los que previamente habría concertado con las diferentes autoridades”, alega el Eficcop.

Esas presuntas concertaciones habrían sido para que les entreguen más presupuesto para ejecución de proyectos de obras y saneamiento a cambio de “direccionar las licitaciones a empresas y consorcios que son utilizados de fachada por la organización criminal investigada”.

Para ello, habrían coordinado con Geiner Alvarado y su asesor Salatiel Marrufo para que las obras requeridas sean incluidas en el polémico Decreto de Urgencia 102-2021, del 29 de octubre de 2021. En concreto, se sostiene que José Nenil Medina habría intervenido en la licitación de cinco obras, principalmente en Anguía. El exministro es procesado a nivel de la Fiscalía de la Nación por este caso. Su defensa niega las imputaciones del Ministerio Público.

La resolución también da cuenta de que -según el Eficcop- Lilia Paredes “habría integrado la presunta organización criminal” como “promotora” o “coordinadora”. Su supuesto rol era “coordinar y viabilizar los proyectos de inversión pública” en diferentes entidades del Estado.

A través de su hermana Yenifer Paredes y “con conocimiento y venia” de Pedro Castillo, la ex primera dama “habría efectuado acciones de coordinación y concertación con los demás miembros de la organización criminal [...] desde las etapas iniciales del plan criminal hasta la ejecución y concreción de actos propios constitutivos de delitos”.

Incluso se señala que Hugo Espino declaró que la primera dama le dijo que necesitaba un “chip de teléfono celular” porque temía ser ‘chuponeada’.

“Dicho requerimiento habría sido con la finalidad de realizar las coordinaciones colusorias ilícitas de manera inescrupulosa por la necesidad de su clandestinidad, así ejecutar el programa criminal y hacerse suyas de los proyectos de inversión pública relacionada a la ejecución de obra en los gobiernos subnacionales y con ello beneficiar económicamente a la organización, pasando por desapercibida”, alega la fiscalía.

Además, citando declaraciones de Salatiel Marrufo, señalan que la primera dama “habría tenido injerencia en la promulgación del Decreto de Urgencia”. “Luego de la publicación del referido decreto, [Nenil Medina] le comentó que habría llamado a la ex primera dama a fin de que ella converse con su cónyuge y este firme”.

En cuanto a Yenifer Paredes, la investigación la señala como “lobbista”. “Habría obtenido provecho de su parentesco de consanguinidad con la familia presidencial para cumplir el rol de ‘lobbista’ y ‘gestora’ de los intereses económicos de la presunta organización criminal”, se señala en la resolución.

Dentro de ese supuesto rol, se le atribuye que habría realizado depósitos bancarios en efectivo por un total de S/. 58.370 “en coordinación con los demás integrantes de la organización criminal”. Esto “sin registrar ingresos de dinero a sus cuentas bancarias por esa cantidad, solo montos mínimos de no más de S/ 1.050 efectuados por ella misma”. Los movimientos se hicieron en una agencia bancaria cerca a Palacio de Gobierno.

“Más allá de cumplir su rol de lobbista [...] también ejecutó depósitos de dinero a diversas personas, teniendo como uno de los fines, la transferencia y/o colocación de dinero ilícito que habría generado conjuntamente con su coinvestigada Lilia Paredes a partir de las acciones desplegadas acorde al plan criminal”, alega la fiscalía, según se cita en la resolución judicial

El objetivo de esos movimientos habría sido “el pago de un préstamo personal que Lilia Ulcida Paredes Navarro habría solicitado el 24 de noviembre de 2020; así como otros depósitos que habrían sido destinados para la gestión y financiamiento de proyectos de inversión pública, y con ello hacer suyos la ejecución de los mismos, obteniendo ganancias ilícitas”.

Los hermanos Walter y David Paredes Navarro también son señalados como “testaferros”. Al primero se le señala en particular por un depósito de S/ 70 mil a favor de Hugo Espino; y al segundo, por un depósito de S/ 20 mil a la hermana del mismo empresario, quien también está incluida en la investigación.

Analizado el requerimiento del Ministerio Público, el juez Raúl Justiniano resolvió que el levantamiento del secreto bancarios de los investigados sería “indispensable” para “identificar y esclarecer determinados hechos” bajo indagación. “La medida solicitada por la fiscalía es necesaria para continuar con la investigación iniciada, lo cual obedece a la naturaleza de los delitos que son materia de investigación”, consideró.

“La medida cautelar requerida resulta idónea y permisible [...] No existe otra medida distinta a la solicitada que garantice la obtención de la información que pretende la fiscalía, la cual se encuentra en poder de las entidades de los sistemas bancario, tributario y bursátil. En este sentido, resulta necesaria la medida solicitada”, resolvió el magistrado.

También determinó que se trata de una decisión “proporcional”, debido a que “no se afecta el derecho de hacer uso de las cuentas, así como de la información contenida en dichas instituciones”, sino que se busca continuar con los actos de investigación: “Al respecto, resulta necesaria la medida solicitada”. Por ello, declaro fundado el requerimiento y ordenó que toda la información sea remitida por la entidades bancarias al Eficcop en un plazo de 72 horas tras ser notificadas.