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En Lima, 10 fiscales viven con resguardo policial día y noche

El caso del fiscal Martín Salas, quien sustentó la denuncia contra Álex Kouri, no es un hecho aislado en el Perú

En Lima, 10 fiscales viven con resguardo policial día y noche

En Lima, 10 fiscales viven con resguardo policial día y noche

“Señor, si me permite previo a la lectura de sentencia. Quiero dejar constancia de otro incidente en contra de mi persona”. 

El fiscal superior adjunto Martín Salas interrumpió así el último jueves, con voz firme, al juez Iván Sequeiros de la Cuarta Sala Penal Liquidadora, para informar de una –otra más– amenaza que recibió durante el proceso seguido contra Álex Kouri. 

Habían pasado tres semanas desde que fue detenido en la calle por el fiscal superior Marco Villalta, quien le preguntó si estaba llevando un caso relacionado con el Callao. Salas le respondió que sí. “Se me ha acercado un abogado conocido y me ha dicho que te cuides, que te van a quebrar”, le alertó su compañero. 

“En el argot criminal ‘quebrar’ es una amenaza de muerte. Quisiera dejar constancia de eso”, concluyó Salas ante el tribunal. Después de conocerse la condena a cinco años de prisión al ex alcalde del Callao, la primera declaración a la prensa del fiscal amenazado estremeció: “Si hay que morir por hacer bien las cosas, moriremos”. En sus 14 años como fiscal, nunca antes pasó por una situación parecida. 

Salas aún no está protegido. Desde la Asociación Internacional de Fiscales (IAP, por sus siglas en inglés), se han comunicado con él, preocupados por su caso. El resguardo policial ya fue solicitado. Cuando lo tenga, será uno más en la lista de magistrados del Ministerio Público que viven con un policía a su lado: solo en Lima ya son 10. En todo el país, son casi el doble. La mayoría de ellos están a cargo de casos de lavado de activos, corrupción y crimen organizado. 

Algunos de ellos son Walter Delgado, fiscal del caso de los narcoindultos; Marita Barreto, fiscal del emblemático Caso Orellana; Luz Ibáñez, fiscal coordinadora de casos de terrorismo y derechos humanos; Juan Mendoza, fiscal que investigó a Barrio King y ‘Caracol’; Lucio Sal y Rosas, fiscal del Caso Oropeza; Elmer Chirre, fiscal del Caso ‘La Centralita’; Luis Landa, fiscal del Caso Hugo Bustíos. Y la lista continúa. 

Todos cuentan con seguridad por haber sido amenazados Todos han recibido una llamada o un mensaje con advertencias. La fiscal Paola Díaz, quien también cuenta con seguridad, recibió hace poco una corona fúnebre. Pidió su cambio y dejó la Segunda Fiscalía Supraprovincial de Lavado de Activos que estaba a su cargo. 

—El precio— 
En el 2010, el fiscal Luis Checa Matos también estuvo en esa lista cuando hizo las primeras denuncias contra el ex presidente regional César Álvarez. Una vez, cuando viajó a Lima para una reunión, dos personas lo siguieron hasta el hotel donde se hospedaba: un mensaje de texto en el que citaban su ubicación exacta hizo que regresara de inmediato a Huaraz. 

Hoy Checa puede salir de paseo con su esposa y su hija sin un policía detrás. “Voy a cumplir 12 años en el Ministerio Público y comparto las declaraciones del fiscal Salas. Ese es el sentimiento de un magistrado responsable. No es posible que por hacer nuestro trabajo traten de amedrentarnos”, dice a El Comercio

Al fiscal Checa le cambia el tono de su voz al recordar cómo fue su vida cuando Álvarez era, prácticamente, el dueño de todo Áncash. “Cada vez que con la fiscal Nancy Moreno nos acordamos hasta se nos salen las lágrimas. Todo parecía estar en nuestra contra”. 

La fiscal superior anticorrupción Nancy Moreno, en Chimbote, fue otra víctima que recibió hace dos años más de ocho amenazas de muerte por sacar del archivo las investigaciones contra Álvarez. Mensajes, llamadas, balas: esa fue su vida. Antes de una Navidad, llegó a su oficina una corona fúnebre a su nombre y al de su familia. Otra noche se aparecieron personas sospechosas en su casa, en una moto. 

Todavía no se acostumbra a una vida con libertad restringida, como ella la llama. Tiene seguridad personal las 24 horas por prevención. Aún investiga casos de lavado de activos –algunos relacionados con Álvarez, dice– en el distrito del Santa. “Los fiscales tenemos que afrontar esas situaciones cuando te enfrentas a las organizaciones criminales”, remarca y se solidariza con Salas: Moreno sabe lo que significa trabajar así. “Pensando que de pronto ya no regresarás a tu casa. Pero ese es el precio del deber”. 

El precio del deber. Eso lo sabe el fiscal antidrogas Juan Mendoza. Él es uno de los fiscales protegidos que figuran en la lista del Ministerio Público. El pasado viernes envió un informe al fiscal de la Nación sobre un “inminente” atentado contra él y su familia. “No baje a Jesús María o a Breña”, le escribieron en un mensaje. “El reglaje se está dando”, dice convencido. 

Mendoza no duerme todos los días en el mismo lugar: cambia de rutina a diario desde hace dos años. No puede programar sus vacaciones. No puede ir a la iglesia, ni al cine ni a visitar a sus amigos, y su esposa le ha pedido más de una vez que renuncie. Dice que suscribe “al cien por ciento” lo que dice Salas, pero pide más protección del Estado. 

—“Tampoco queremos ser héroes, pero es lo que uno ha escogido enfrentar”.

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