(Ilustración: El Comercio)
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Ariana Lira Delcore

El 22 de setiembre del 2007, un avión de la Policía Nacional del Perú aterrizó en la Base Aérea de Las Palmas. Tras casi siete años fuera del país, retornaba extraditado desde Santiago de Chile para responder ante la justicia.

Ese día fue el primero que el expresidente pasó en la Dirección de Operaciones Especiales (Diroes) de la Policía Nacional ubicada en el distrito de Ate, sede en la que luego fue habilitado el establecimiento penitenciario Barbadillo, exclusivamente destinado para su reclusión y donde hasta hoy cumple su condena. Entre julio y diciembre de este año, el expresidente ha recibido a 757 personas en dicho penal.

—Alta contención—

“Fujimori en el banquillo. Hay algunas consideraciones, pero no cárcel dorada”, se lee en una nota periodística publicada en este Diario en setiembre del 2007, luego de que el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) dispusiera que Alberto Fujimori permanezca recluido bajo un régimen cerrado especial tipo B.

Según el Código de Ejecución Penal, esta modalidad implicaba las siguientes reglas: el interno tenía derecho a cuatro horas de patio al día, podía recibir dos visitas semanales de máximo cuatro familiares, por un máximo de cuatro horas por visita. Cada 15 días, el expresidente tendría derecho a una visita íntima. Además, un buen comportamiento permanente le permitiría recibir visitas especiales de tres familiares o amigos, por una hora, en fechas como su cumpleaños, Navidad, los días de la madre o del padre.

—Flexibilización—

Las condiciones, sin embargo, variaron poco menos de un año después. En junio del 2008, el INPE autorizó que Alberto Fujimori pasara al régimen penitenciario cerrado ordinario, una modalidad de reclusión menos severa. A partir de ello, el exmandatario podía recibir visitas que no solo fueran de familiares. Estas, además, pasarían de cuatro a ocho horas y de dos a tres veces por semana.

Aunque el cambio de régimen se había dado antes, una controversia estalló luego de que en el 2008 se conociera que Gianni Pivetta, vocalista de la banda uruguaya Los Iracundos, cantó y celebró el cumpleaños del expresidente en la Diroes.

En ese entonces, se especuló que la flexibilización fue una concesión del gobierno de Alan García a cambio del apoyo de la bancada fujimorista para que el Apra mantuviera el control de la Mesa Directiva del Congreso.

Sin embargo, la explicación del INPE consistió en que, para estar en el régimen cerrado especial, el reo debía pertenecer a una organización criminal, requisito que no se cumplía, pues este no había sido extraditado por el delito de asociación ilícita para delinquir.

Según señaló Leonardo Caparrós, jefe del INPE en ese entonces, la decisión de colocar a Alberto Fujimori en el primer régimen había sido producto de un error en un escrito firmado por el juez César San Martín y que luego fue enmendado por el juzgado que integraba. “Solo hemos corregido un error que se cometió por la incorrecta información que nos remitió la sala penal”, precisó.

—Política tras las rejas—

En mayo del 2010, el entonces ministro de Justicia Víctor García Toma anunció un revés para el expresidente. A partir de entonces, sus visitas colectivas se reducirían. Además, las visitas mixtas (de hombres y mujeres) se limitarían a fechas como el Día del Padre, Día de la Madre o Navidad.

La decisión se tomó luego de que el semanario “Caretas” denunciara que en la Diroes se realizaban actividades proselitistas, con miras a la eventual candidatura de su hija Keiko Fujimori. Rubén Rodríguez Rabanal, entonces jefe del INPE, informó que el exmandatario había llegado a recibir hasta 180 visitas en un solo día.

En noviembre del 2013, a través de una llamada telefónica a RPP, el expresidente dio una entrevista de 20 minutos a la emisora.

En aquel entonces, José Luis Pérez Guadalupe, quien era jefe del INPE, difundió un video que mostraba a los entonces congresistas Julio Gagó y Kenji Fujimori supuestamente bloqueando el paso al personal del penal para que no detuviesen la llamada.

Según Pérez Guadalupe, durante su gestión en el INPE, Fujimori tenía una conducta adecuada; pero esto cambió cuando William Paco Castillo asumió su defensa legal. “Antes [del cambio de abogado] no cometía faltas”, señaló a El Comercio.

Como consecuencia, el teléfono público instalado en el penal fue retirado. Luego, en mayo del 2015, fue repuesto por una orden judicial, aunque se indicó que las llamadas debían limitarse a familiares, amigos y abogados.

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