La jueza Liliam Tambini indicó que notificarán la decisión judicial a través de las casillas electrónicas de las partes implicadas en el caso. (Foto: Captura)
La jueza Liliam Tambini indicó que notificarán la decisión judicial a través de las casillas electrónicas de las partes implicadas en el caso. (Foto: Captura)
Delsy Loyola Jorge

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La audiencia de apelación contra el rechazo a la prisión preventiva de culminó hoy con la defensa de los imputados del caso, que implica a dirigentes y fundadores de Perú Libre (PL). La Sala Penal de Apelaciones Transitoria Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Junín anunció que emitirán una decisión “en el término de ley”.

Esta última sesión fue programada para las declaraciones de los investigados. No obstante, el fiscal superior Ramón Vallejo, coordinador de la Fiscalía Anticorrupción de Junín, solicitó al tribunal exponer una síntesis del caso, a modo de resumen final.

El requerimiento lo hizo debido a que el día anterior no estuvo presente para sustentar los argumentos en contra de 13 investigados. Fue el fiscal adjunto Dennis Paredes quien .

“El día de ayer no pudimos concurrir a la audiencia por un problema de salud, el doctor Dennis me reemplazó […] pero para preservar el principio de continuidad de la audiencia, de concentración e inmediación, para que sus Señorías -antes de poder deliberar- tengan un alcance general de lo que se ha argumentado y probado, quisiéramos hacer una síntesis de lo que se ha acreditado […] en ese sentido, quería solamente unos pocos minutos, porque igual van a tener la última palabra los investigados”, requirió.

De inmediato, los abogados de los imputados expresaron su rechazo hacia el pedido del Ministerio Público. Tras una deliberación, la Sala, liderada por la jueza Liliam Tambini, rechazó la solicitud y señaló que “en la presente audiencia no se ha vulnerado ningún principio de concentración ni de inmediación”. Y se dio inicio a la participación de los imputados.

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Intervinieron en total 17 investigados. Entre ellos, Eduardo Reyes, Waldys Vilcapoma, Marina Vásquez y Francisco Muedas, sindicados de ser colaboradores principales de la presunta organización criminal.

Reyes, quien fue director de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones (DRTC) de Junín, rechazó ser parte de la red criminal y aseguró que tiene motivos suficientes para permanecer en el país. “Yo no tengo la mínima intención de fugarme”, declaró.

En tanto, Vilcapoma, durante la diligencia de allanamiento a su vivienda, aseguró que colaborará con las investigaciones. “Mi abogado ya ha demostrado mis arraigos tanto domiciliario, laboral como familiar, tengo más de 20 años de casado y dos hijos que están en educación superior. Voy a colaborar con la justicia. Yo no pertenezco a ninguna organización criminal como se me está imputando […] Me someto a la justicia y quiero esa oportunidad de enfrentar la defensa en libertad”, señaló.

Pese a que intentó desaparecer la información de su celular, fotos de la resolución judicial de allanamiento y a otras personas para eliminar evidencias: “Borren toda conversación, vouchers, boletas, expedientes”. También se hallaron conversaciones de Whatsapp con , líder de PL, sobre de entregas de dinero para el partido.

Durante la audiencia, Marina Vásquez, ex jefa de Personal de la DRTC y fundadora de PL, negó haber direccionado contrataciones, pese a que en los audios de las escuchas telefónicas con Arturo Cárdenas, secretario nacional de Organización de PL, CAS para la entidad.

El abogado de Cárdenas informó al inicio de la sesión que su patrocinado se encontraba en camino hacia su despacho para realizar su intervención. Sin embargo, hasta el final de la audiencia, el dirigente de PL no apareció.

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Los otros investigados también negaron los cargos en su contra; no obstante, uno de ellos, Jack Quispe Baltazar, reconoció haber cometido actos irregulares. Quispe habría sido un “tramitador” de las escuelas de manejo que se encontraban cerca del local de la DRTC.

“Yo no sabía que mis acciones eran tan graves. En mi ignorancia, pensé que [era] algo leve así como una multa. Yo no pertenezco ni conozco a ninguno de la organización criminal, tampoco trabajo ni conozco a ningún funcionario de la DRTC […] Doctora, le suplico que me dé una oportunidad, solo le pido que me dé una oportunidad de corazón”, comentó.

La jueza Liliam Tambini, quien dirigió las tres sesiones de la apelación, indicó finalmente que la decisión del tribunal será notificada a las partes a través de las casillas electrónicas “dentro del término señalado por ley”.

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