El Séptimo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional rechazó el pedido del Ministerio Público para dictar 36 meses de prisión preventiva contra Elizabeth Ugarte, investigada por el caso ‘Los Intocables de la Corrupción’.
Jorge Chávez Tamariz, en la audiencia de este jueves 6 de junio, desestimó la solicitud del Eficcop al advertir que los arraigos de la investigada sí son válidos, y que solo podía considerar que había sospecha simple en el presunto delito de colusión agravada, y no grave, por lo que no correspondía dictar la prisión preventiva.
En su resolución, el juez Chávez Tamariz tomó en cuenta que el viaje de Ugarte a Tailandia en enero, poco antes de la orden de detención en su contra, no podía ser considerado como argumento para la prisión preventiva porque fue previo a la operación de allanamiento, y advirtió que la Fiscalía no pudo presentar elementos de prueba que sustenten que la salida del país fue un intento para evadir su intervención.
Luego de considerar que cuenta con arraigo familiar, laboral y domiciliario, el magistrado también calificó como intrascendente que la prófuga haya realizado varios viajes al extranjero como elemento para sustentar un peligro de fuga.
Con esto, recordó que la jurisprudencia del Tribunal Constitucional señala que los argumentos de la pena a imponer, el daño causado y la pertenencia a una supuesta organización criminal son “de menor relevancia” ya que su juzgado había determinado que había arraigos.
“A esto debo agregar que la imputada actualmente no desarrolla actividad en la función pública y los otros procesados vinculados a ella han sido plenamente identificados y actualmente están con medida de coerción”, determinó.
Finalmente, sobre el peligro de obstaculización de la justicia, el juez calificó el argumento de la fiscalía -sobre que había compromiso y lealtad de otros exfuncionarios hacia Ugarte- es algo “abstracto” y por ende cuestionable.
“Se adelanta que, al no cumplir con este presupuesto de relevancia a partir del Sistema Interamericano en la jurisprudencia sentada de la misma Corte IDH, evidentemente no voy a dictar una prisión preventiva”, sentenció, tras lo cual el Ministerio Público anunció que presentará un recurso de apelación.
Ugarte Manrique, exfuncionaria de Provías Descentralizado, es investigada por los presuntos delitos de organización criminal, colusión agravada y alternativamente por el delito de negociación incompatible en agravio del Estado.
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Actualmente la exfuncionaria se encuentra como ‘no habida’ por la justicia tras haber viajado en enero pasado a Tailandia. La noticia se conoció cuándo el Poder Judicial ordenó su detención preliminar y el allanamiento a su vivienda.
Ante ello el Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder (Eficcop) solicitó 36 meses de prisión preventiva contra Ugarte Manrique.
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El Ministerio Público investiga la existencia de una presunta organización criminal que se habría gestado desde el 2014 cuando el exmandatario Martín Vizcarra era presidente regional de Moquegua.
Según la tesis fiscal, el exmandatario habría concertado para copar el Ministerio de Transportes y Comunicaciones con la llamada “muralla Moqueguana”, específicamente en Provías Descentralizado, donde durante el 2019 y 2020 se habrían perpetrado hechos ilícitos en tres proyectos por montos que superan los S/200 millones.
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Además, uno de los cinco colaboradores eficaces que apuntan a “Los Intocables de la Corrupción” afirmó que la presunta red criminal encabezada por Vizcarra continuó cobrando sobornos a las empresas ligadas a los hermanos Luis y George Pasapera por tres obras, aún después de la vacancia del expresidente, en noviembre de 2020.
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