Red de Nicanor Boluarte tuvo injerencia directa en las designaciones de 47 prefectos y subprefectos

Los Waykis en la Sombra- la organización criminal presuntamente encabezada por Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta Dina Boluarte- tuvo “injerencia directa” en la designación de, al menos, 47 prefectos y subprefectos en Lima y otras ocho regiones del país por parte del actual de gobierno central, según le imputa el Ministerio Público [ver recuadro].

De estos, nueve corresponden a prefectos regionales, 12 a subprefectos provinciales y 26 a subprefectos distritales, de acuerdo con la solicitud de prisión preventiva que presentó el Equipo Especial de Fiscales Contra la Corrupción en el Poder (Eficcop) en contra del exviceministro de Promoción del Empleo y otros.

Según la hipótesis del Eficcop, dirigido por la fiscal superior Marita Barreto, la referida red criminal funciona desde el 7 de diciembre del 2022, cuando la jefa de Estado juró al cargo, luego de que el Congreso vacara al exmandatario Pedro Castillo por el golpe de Estado que anunció en televisión nacional. Y, además, advierte que esta organización aún “se encontraría activa”.

En el pedido de prisión preventiva, el Ministerio Público también subraya que Nicanor Boluarte goza de un “poder de facto” que le fue otorgado por la presidenta, con la finalidad de copar la Dirección de Gobierno Interior (DGIN) del Ministerio del Interior mediante “la designación ilícita de prefectos y subprefectos” en la capital y en las regiones San Martín, Cajamarca, Apurímac, Cusco, Puno, Ica y Junín.

La red de “Los Waykys en la Sombra”, además, habría contado con “mandos medios” para desplegar sus actividades ilícitas. Estos, de acuerdo con el documento fiscal, al que tuvo acceso El Comercio, fueron Jorge Chingay y Noriel Chingay, en Cajamarca; Griselda Herrera Vásquez, en San Martín; y Víctor Hugo Torres Merino, amigo de los hermanos Boluarte.

Torres Merino, quien recientemente se sometió a la colaboración eficaz, tenía a su cargo las regiones Lima, Apurímac, Puno, Junín, Ica y Cusco.

Los tres operadores “seguían las indicaciones del líder de la presunta organización criminal” para que sean designados como prefectos y subprefectos aquellas personas dispuestas a apoyar al gobierno central, a recabar fichas de afiliación y a brindar aportes económicos para la inscripción del partido Ciudadanos por el Perú (CPP) ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

Los prefectos puestos por “Los Waykis en la Sombra”

Los pagos desde San Martín y Cajamarca

En la región San Martín, “Los Waykis en la Sombra” tuvieron influencia en el nombramiento del prefecto regional, de cinco subprefectos provinciales y de un subprefecto distrital.

El 13 de enero de 2023, Armando Villalobos Leyva fue designado como prefecto regional de San Martín. La resolución fue firmada por la presidenta Boluarte y el entonces ministro del Interior, Víctor Rojas Herrera. Tras este hecho, Griselda Herrera Vásquez, como mando medio a cargo de la referida jurisdicción, condicionó la continuidad los subprefectos provinciales y distritales a la entrega de 150 soles al mes por cada uno, según señala la fiscalía. Y, además, a la recolección de 80 fichas de afiliación por cada autoridad.

De acuerdo con la investigación del Eficcop, la red criminal “estaría percibiendo” la suma aproximada de S/13.200 al mes desde marzo de 2023 desde San Martín “para emplearlos en los gastos” del partido Ciudadanos por el Perú. Esto porque la región tiene 88 subprefectos entre provinciales y distritales.

El panorama en Cajamarca fue similar. La organización estuvo detrás de los nombramientos de Noriel Chingay Salazar como prefecto regional y de seis subprefectos provinciales y de siete distritales.

La investigación del Eficcop apunta a que en la región norteña, “Los Waykis en la Sombra” recaudaron aproximadamente S/55.500 producto de “designaciones ilegales” de subprefectos y de ofrecimientos que no se concretaron. El dinero, complementó, el Ministerio Público, habría ido al partido Ciudadanos por el Perú.

En el expediente se da cuenta de 16 pagos, 14 de estos habrían sido entregados a Gilmer Flores Fernández, subprefecto provincial de Cajamarca.

De los 16 ciudadanos que pagaron para ser nombrados autoridades, solamente cinco lo lograron. Por ejemplo, Marbin Natan Gómez Julca pagó S/3.500 a inicios de mayo de 2023 y unos días después fue oficializado como subprefecto del distrito de El Prado, provincia de San Miguel, en Cajamarca.

Una situación similar fue la de Ulises Mostacero León, que pagó más de S/2.000 y después fue designado como subprefecto provincial de Contumazá.

La pollada en la capital

En Lima Metropolitana, la referida red criminal tuvo injerencia en el nombramiento de 18 subprefectos distritales. Incluso, el Eficcop detalla que el 9 de setiembre pasado, Nicanor Boluarte “dispuso” que estos “den aportes económicos para los gastos” del partido Ciudadanos por el Perú y para ello organizaron una pollada en el Club Lawn Tennis, de Jesús María.

Este “evento de fachada”, como lo considera el Ministerio Público, estuvo a cargo de Torres Merino, tesorero de CPP. Cada una de las tarjetas tuvo un costo de S/50. Y Flor de María Chauca Sánchez, quien fue nombrada prefecta de la Región Lima, entregó al amigo de los hermanos Boluarte S/9.000 producto de la venta de 180 tarjetas.

Entre los subprefectos de la provincia de Lima se distribuyeron las 120 tarjetas restantes, entregadas a Chauca Sánchez.

El Ministerio Público ha determinado que esta actividad recaudó en promedio S/52.000. De estos, la ganancia fue de S/38.000, dinero que fue distribuido “bajo las pautas impuestas” por Nicanor Boluarte para una serie de gastos logísticos del partido CPP. Por ejemplo, S/15.000 fueron utilizados para el pago de tres digitadores encargados de procesar los datos de los afiliados durante tres meses.

Incluso, S/4.950 fueron destinados al pago realizado por la agrupación política al JNE por el proceso de inscripción, que aún está en revisión en la entidad electoral. Y S/6.815 se utilizaron para “la sostenibilidad” del partido Ciudadanos por el Perú.

El Efficop solicitó 36 meses de prisión preventiva contra Nicanor Boluarte; Mateo Castañeda, ex abogado de la presidenta Boluarte; Jorge Luis Ortiz Marreros, ex titular de la Dirección de Gobierno Interior (DGIN); Herrera Vásquez y los hermanos Jorge y Noriel Chingay Salazar. A solicitud de los investigados, el juez Richard Concepción Carhuancho evaluará el pedido el 21 de agosto a partir de las 11 a.m.

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En diálogo con El Comercio, Luis Vivanco Gotelli, abogado de Nicanor Boluarte, dijo que responderá a todas las imputaciones del Ministerio Público cuando se realice la audiencia en la que se analice el pedido de prisión preventiva en contra de su cliente.

Este Diario intentó comunicarse con los abogados de Herrera y de los hermanos Chingay Salazar, pero no respondieron a nuestras llamadas.