La detención del expresidente boliviano Luis Arce Catacora, ocurrida el último miércoles en La Paz, permite reabrir un capítulo en el Perú que no merece quedar relegado: su presencia en la investigación del caso contra Martín Vizcarra. Una visita que Arce realizó al país en el 2013 terminó convirtiéndose en una pieza central dentro de la trama que derivó en la condena de 14 años de prisión impuesta a Vizcarra por corrupción.
Arce, de 62 años, fue detenido por agentes de la División Anticorrupción como parte de una investigación por presuntos delitos de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica durante su etapa como ministro de Economía en el gobierno de Evo Morales (2006-2019).
Según la fiscalía boliviana, habría autorizado la transferencia irregular de fondos estatales hacia cuentas personales de dirigentes campesinos. Una de las beneficiarias, la exdiputada Lidia Patty, detenida la semana pasada, declaró que Arce avaló el traspaso de cerca de US$ 100.000 para un supuesto proyecto agrícola de cultivo de tomates. Su testimonio desencadenó la orden de captura.
El nexo entre Arce y la investigación contra Vizcarra se remonta a diciembre del 2013, con Vizcarra como gobernador de Moquegua.
Ese mes, una avioneta de la empresa ATSA aterrizó en el aeropuerto de Ilo con una comitiva de alto nivel del gobierno boliviano. La delegación estuvo encabezada por Arce, entonces ministro de Economía, acompañado por la ministra de Planificación, Viviana Caro; el viceministro de Tesoro, Edwin Rojas Ulo; funcionarios de la embajada boliviana y un equipo de Bolivia TV. Vizcarra los recibió para una visita oficial al puerto de Ilo.
Seis años después, en agosto del 2019, la Unidad de Investigación de El Comercio obtuvo documentos que cambiaron la lectura de aquella visita. Entre ellos, una factura del 12 de diciembre del 2013 por el alquiler de la avioneta que trasladó a la delegación boliviana. El pago ascendió a S/35.985 y fue cubierto por Obrainsa, una de las constructoras investigadas en el caso del “Club de la Construcción”.
A solo tres días de aquel arribo, la Oficina de Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (Unops) otorgó la buena pro del proyecto Lomas de Ilo —inicialmente valorizado en S/80 millones— al consorcio Obrainsa–Astaldi.
La relación entre Vizcarra y Obrainsa venía de antes: en el 2003, la empresa se había asociado con C y M Vizcarra —la compañía del exmandatario y su hermano César— para postular a una licitación millonaria.
En el 2021, el fiscal Germán Juárez Atoche dispuso tomar declaración al entonces presidente boliviano Luis Arce, luego de que la defensa de Vizcarra pidiera interrogar a los funcionarios que viajaron a Moquegua en el 2013. Alegaban que su testimonio ayudaría a esclarecer si el alquiler de la avioneta respondió únicamente a gestiones logísticas de una visita oficial.
Vizcarra sostuvo que el traslado de la delegación boliviana fue una coordinación transparente. Según la documentación del expediente, el nombre de Arce aparece en un correo enviado por Vizcarra el 3 de diciembre del 2013, denominado “Relación de pasajeros”, y dirigido a Elard Paul Tejeda, gerente de Obrainsa.
Además, Vizcarra señaló a la fiscalía que “el señor Arce solo podía estar media hora” en Moquegua y que, ante la falta de vuelos comerciales a Ilo —las rutas disponibles eran solo a Tacna o Arequipa—, se optó por alquilar una avioneta. Afirmó que era de interés del gobierno regional que el ministro boliviano conociera el puerto de Ilo.
Entre el 2020 y el 2021, aspirantes a colaboradores eficaces declararon que Vizcarra habría recibido S/1,3 millones por la licitación del Hospital de Moquegua, a cargo del consorcio ICCGSA–Incot; S/1 millón por el proyecto Lomas de Ilo, adjudicado al consorcio Obrainsa–Astaldi; y que el alquiler de la avioneta utilizada por la delegación boliviana fue “una pequeña parte del pago” acordado entre Obrainsa y el entonces gobernador.
El colegiado finalmente concluyó que el traslado constituyó un beneficio indebido: una visita oficial como la encabezada por Arce debió financiarse con recursos públicos, no con los fondos de una empresa privada que estaba a punto de obtener un contrato millonario en la región.
Vizcarra permanece recluido en el penal de Barbadillo, en Ate, y aún tiene nueve carpetas fiscales pendientes de resolución.
Por los casos Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua, enfrenta un segundo proceso judicial que recientemente superó la etapa de control de acusación. Este expediente profundiza en los presuntos pactos colusorios entre el entonces gobernador y los representantes de las constructoras Obrainsa e ICCGSA; es decir, no solo aborda el pago de sobornos, sino toda la estructura montada para concretar el acuerdo ilícito.
En este proceso, el fiscal Germán Juárez Atoche solicita una pena de 10 años de prisión para Vizcarra por el delito de colusión simple: cinco años por el Caso Lomas de Ilo y otros cinco por el Caso Hospital de Moquegua. La Procuraduría, por su parte, exige el pago de más de S/37 millones por concepto de reparación civil.
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