El Poder Judicial dictará la sentencia contra el congresista Luis Picón Quedo (Podemos Perú) por la acusación en su contra por presuntos actos de corrupción que habría cometido cuando fue presidente de la región Huánuco en el año 2014.
Tras la audiencia de alegatos finales que se realizó este 30 de mayo, el juez a cargo del caso, Luis Pasquel Paredes, del Cuarto Juzgado Penal Unipersonal Supraprovincial de la Corte Superior de Huánuco, anunció la fecha en la que leerá la resolución con su sentencia.
“La Fiscalía acusa al parlamentario de favorecer de manera indebida, cuando fue gobernador regional de Huánuco (2011-2014), al consorcio San Antonio en la obra ‘Instalación de los servicios educativos en la I.E. San Juan de El Porvenir’, distrito de José Crespo y Castillo”, recordó el Poder Judicial.
El Ministerio Público también ha solicitado cuatro años de inhabilitación para ejercer cargo público para el actual congresista, mientras que la Procuraduría Anticorrupción pidió el pago de una reparación civil de S/1′922.559,74 de manera solidaria junto a otros seis acusados.
Junto al congresista Luis Picón, han sido acusados por este mismo caso el exgerente de presupuesto regional, José Pinto Jara; los exmiembros del Comité Especial de Selección: Rogelio Guzmán Jiménez, Jaime Dimas Céspedes, Gennadio Orihuela Mercado, Demetrio Rubén Vidal Vargas, y el entonces representante del Consorcio San Antonio, César Augusto Cabrera Trujillo.
En la audiencia, el último en dar sus alegatos finales ante el magistrado fue el congresista de Podemos Perú que participó de manera virtual para pedir que sea absuelto de todos los cargos porque descartó haber cometido algún delito en su gestión como presidente del Gobierno Regional de Huánuco hasta el 2014.
“Jamás actué con el propósito de favorecerme indebidamente ni de obtener algún provecho o beneficio en detrimento de los intereses del Estado, y mucho menos he buscado favorecer alguna empresa, empresario o proveedores de servicios”, indicó.
Según Picón Quedo, no tuvo ninguna relación con los hechos que la Fiscalía considera que fueron irregulares, y que la fiscalía no pudo probar el supuesto “interés indebido” en favorecer al consorcio San Antonio.
“Mi persona, en este procedimiento de licitación, no intervino ni directa ni indirectamente, toda vez que no participé en el expediente técnico, no participé en el otorgamiento de la buena pro por no ser un acto de mi competencia y mucho menos suscribir el contrato de obra con la empresa ganadora de la buena pro”, aseguró.
