La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema rechazó el recurso de casación de la defensa del expresidente Martín Vizcarra, con el que pretendía anular el juicio oral que se le sigue por presunto cobro de sobornos en los casos Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua.
Por ambos casos, Vizcarra es procesado por presunto cohecho pasivo propio. La fiscalía lo acusa de cobrar sobornos a empresas constructoras durante su gestión como gobernador regional de Moquegua.
Durante una breve audiencia, la sala, presidida por el juez supremo César San Martín, dio a conocer su resolución esta mañana.
El pasado 7 de agosto, la Corte Suprema admitió a trámite el recurso presentado por la defensa legal de Vizcarra, que argumentó una presunta vulneración al debido proceso y otros derechos.
El exmandatario asegura que se habría cometido un error procesal grave al fraccionar la acusación fiscal en su contra, lo que —según sostiene— generó una doble persecución penal sobre los mismos hechos.
Durante el proceso contra Vizcarra, el Ministerio Público pidió el archivo de tres delitos —colusión agravada, usurpación de funciones y asociación ilícita—, pero lo acusó de cohecho pasivo propio. En el camino, se ordenó reconducir la imputación de colusión agravada a colusión simple.
De acuerdo con la defensa de Vizcarra, la jueza a cargo del caso continuó con el control de acusación por cohecho pasivo propio, sin esperar el pronunciamiento fiscal definitivo sobre los demás delitos. Y ese proceder abrió la posibilidad de que Vizcarra sea juzgado dos veces por los mismos hechos.
“Solicitamos que se retrotraiga el proceso hasta el momento que se produjo el agravio”, precisó la abogada Kathya Neyra Cano, quien representó a Vizcarra en la audiencia realizada el pasado 19 de octubre.
El supuesto agravio se produjo en la fase de control de acusación; es decir, antes del juicio oral.
En la misma audiencia, la Procuraduría Ad Hoc para el Caso Lava Jato pidió que la Corte Suprema declare infundado el recurso. Según argumentó, los planteamientos de la defensa carecen de sustento jurídico y constituyen un intento de dilatar el avance del proceso.
El fiscal Germán Juárez solicita 15 años de prisión para Vizcarra. Según ha señalado durante el juicio, el expresidente habría entregado información privilegiada a la empresa Obrainsa a fines de 2013 para favorecerla en la licitación del proyecto Lomas de Ilo, a cambio de un soborno de S/ 1 millón, presuntamente entregado entre enero y abril de 2014.
El exmandatario también habría condicionado la firma del contrato para la ampliación del Hospital de Moquegua con la constructora ICCGSA a un pago ilícito de S/ 1,3 millones, que se habría concretado entre 2014 y 2016.
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