Martín Vizcarra: Fiscalía afirma que hay “alta probabilidad” de que expresidente sea condenado

La fiscalía argumentó este jueves que impedir la salida del país de Martín Vizcarra es necesario frente a la “alta probabilidad” de que sea condenado por la acusación de haber recibido S/ 2,3 millones en sobornos cuando era gobernador de Moquegua. Con ello, para el Ministerio Público, se aseguraría que se someta al futuro juicio por este caso y que cumpla la eventual sentencia que le impondría el Poder Judicial.

El fiscal Germán Juárez, del equipo especial Lava Jato, solicitó 18 meses de impedimento de salida del país para el expresidente, contra quien presentó el año pasado una acusación penal donde se piden 15 años de condena. El caso aborda las presuntas coimas que habría recibido de parte de empresas constructoras para que estas sean favorecidas con las obras Loma de Ilo y Hospital de Moquegua.

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Frente a esta la solicitud, la jueza Margarita Salcedo, de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada (CSNJPE), convocó a las partes a una audiencia presencial que se realizó este jueves. Martín Vizcarra no asistió, pero sí lo hizo su abogado, Fernando Ugaz. La magistrada no autorizó el acceso de la prensa a la sala de audiencias y restringió la cobertura a la transmisión de Justicia TV, canal del Poder Judicial. Esta comenzó cuando la fiscalía ya había iniciado su sustentación.

La solicitud del Ministerio Público fue sustentada por el fiscal Osias Castañeda, adjunto de Germán Juárez para el caso de Martín Vizcarra. En un primer momento, su exposición se centró en defender la posibilidad de que se pida y se dicte un impedimento de salida del país cuando el caso ya no está en fase de investigación, sino en etapa de control de acusación.

Así fue la audiencia

La investigación al expresidente por estos hechos terminó en diciembre del 2022. Ese mismo mes, Juárez presentó su acusación contra Martín Vizcarra, donde se piden 15 años de prisión para él, además de su inhabilitación para ejercer cargos públicos. La Procuraduría del Caso Lava Jato requiere el pago de una reparación civil de más de S/ 42 millones.

A fines de octubre pasado, la jueza Salcedo inició la etapa de control de acusación o etapa intermedia. Allí se viene definiendo si el caso cumple las condiciones para pasar a la etapa final: el juicio oral. La fiscalía tiene la certeza de que así será y que todo terminará en una condena. Por ello, según se argumentó en la audiencia, el impedimento de salida busca asegurar de que el expresidente no abandone el Perú hasta que ello ocurra y pueda cumplir esa condena.

Para ello, Castañeda citó un acuerdo de la Corte Suprema para argumentar que el impedimento de salida “tiene como finalidad garantizar el cumplimiento efectivo de una sentencia, que se emite con la culminación de la etapa de juzgamiento. Esta medida puede ser dictada, puede permanecer vigente durante la etapa intermedia y el juzgamiento”.

Tradicionalmente, este impedimento se dicta durante la etapa de investigación. Esa etapa, en este caso, ya ha concluido. No obstante, Castañeda sostuvo que también puede darse en las etapas siguientes (control de acusación y juicio) porque sigue vigente su propósito de ayudar a la “averiguación de la verdad”.

Restricción a la prensa

A pesar de que era un caso de interés público, inicialmente la transmisión no aparecía en la programación diaria de Justicia TV. Fuentes de El Comercio atribuyeron ello a que la jueza había dispuesto que se realice de forma reservada. Sin embargo, luego se anunció la transmisión, aunque sin permitirse el ingreso de periodistas. Este escenario de restricción a la prensa ha sido constante a lo largo del 2023 en las audiencias de la CSNJPE y ha sido criticado por gremios periodísticos.

“Si [este caso] se encuentra en la etapa intermedia es porque el Ministerio Pública ha formulado un requerimiento acusatorio [...] Ello no condena de plano al acusado. Pero estamos en una etapa de saneamiento procesal, donde hemos obtenido suficientes elementos de convicción, donde existe una alta probabilidad de condena. En ese orden de ideas, es necesaria esta medida”, aseguró el fiscal.

En cuanto al sustento de la acusación, el fiscal recordó que todo partió con declaraciones de colaboradores eficaces y que a lo largo de la investigación. se logró corroborar esas versiones. Según estas, Martín Vizcarra recibió S/ 1 millón del consorcio de las empresas Obrainsa y Astaldi por la obra Lomas de Ilo; y S/ 1.3 millón del consorcio ICCGSA-INCOT por la obra Hospital de Moquegua. Un largo resumen de la evidencia fue relatado por el fiscal durante la audiencia.

Para una medida como el impedimento de salida del país, la fiscalía también debe acreditar que existe un riesgo de fuga de parte del procesado, aunque en un nivel “intermedio”, menor al del requerido para una prisión preventiva. El fiscal recordó que ellos pidieron prisión preventiva para Martín Vizcarra en el 2021; pero el Poder Judicial rechazó la solicitud al considerar que no había suficiente riesgo de fuga. En su lugar, le impusieron comparecencia con restricciones, como la de no salir de Lima sin permiso del juzgado.

Sin embargo, el fiscal afirmó que el escenario actual es diferente y que ante la “alta probabilidad de condena”, el “peligro procesal se ha incrementado”. Para ello citó la gravedad de la condena que se le impondría y la magnitud del daño que habrían causado los presuntos delitos; pero, sobre todo, alegó que hay “una clara intención” de Martín Vizcarra de no cumplir con las restricciones que hoy tiene vigentes por este caso.

Castañeda se refirió a un apercibimiento (llamado de atención) que le impuso la jueza a Martín Vizcarra en noviembre. Esto ocurrió luego de que la magistrada le autorizó viajar a Moquegua por motivos laborales; pero en su horario de trabajo, el expresidente acudió a una actividad protocolar en un colegio. “Es una intención de desvincularse con las reglas de conducta que usted le impone. Eso no puede pasar desapercibido”, dijo.

El otro aspecto por el que Martín Vizcarra es señalado es por sus intentos de viajar a regiones para realizar actividades del partido Perú Primero, del que es ‘presidente honorario’, a pesar de estar inhabilitado políticamente. En noviembre y diciembre, sus pedidos para viajar a Piura, Ica, Loreto y Áncash fueron rechazadas por dos instancias del Poder Judicial, precisamente al advertirse que estaba inhabilitado para la actividad política y partidaria.

“Requirió en su momento viajar a cuatro regiones, algunas de las cuales son fronterizas”, comentó el fiscal, en alusión a Piura y Loreto. “A pesar de que existía una resolución del Jurado Nacional de Elecciones que le prohibía realizar la representación [...] existía un contubernio entre el acusado y los directivos de su partido político para poder tener salida cuando no le correspondía”. dijo el representante del equipo especial.

Finalmente, el fiscal argumentó que la medida requerida es idónea porque “se necesita fijar el arraigo del acusado Martín Vizcarra en territorio nacional, pues su ausencia injustificada ante un eventual juicio oral conllevaría a una severa afectación a la indagación de la verdad”. “Permitirá asegurar presencia del acusado dentro del país a fin de responder ante la justicia peruana por los graves actos de corrupción que se le atribuyen”.

Martín Vizcarra y su defensa han rechazado en todo momento la acusación de haber recibido sobornos durante su etapa como gobernador. Su postura al respecto es conocida. Quizás por ello, el abogado del expresidente, Fernando Ugaz, dedicó más tiempo de su participación para centrarse en que la actual etapa del caso no es la adecuada para pedir un impedimento de salida del país.

Ante la jueza, Ugaz advirtió que hubo observaciones de forma en la acusación, por las cuales el Ministerio Público presentó la semana pasada sus correcciones. Estas todavía deben ser debatidas dentro de la audiencia de control de acusación del próximo 8 de enero. También rechazó que los testimonios contra su defendido hayan sido corroborados correctamente.

Luego, recordó que la fiscalía presentó un primer pedido de impedimento de salida del país por 18 meses contra Martín Vizcarra en noviembre del 2020, al cual el expresidente no se opuso. Esa medida expiró en mayo del año pasado sin que el Ministerio Público pida su ampliación. “Se solicitó para todo el proceso, no solo para las diligencias preliminares, para la investigación preparatoria”, dijo.

Esta vez, sin embargo, la defensa de Martín Vizcarra pidió que el impedimento de salida del país se declare infundado. Ugaz alegó que las evidencias presentadas por la fiscalía para este pedido son prácticamente las mismas por las que el Poder Judicial rechazó imponerle prisión preventiva al no hallar peligro de fuga. Agregó que desde entonces, ese supuesto riesgo no se concretó y el expresidente nunca salió del país ni pidió asilo político.

El abogado también criticó el momento de la solicitud. Indicó que la acusación es de diciembre del 2022, pero el pedido de impedimento de salida se presentó en diciembre de este año: “¿Se incrementó el peligro de fuga luego de un año? ¿Tan importante era ese motivo para pedir impedimento que se hizo luego de un año de la acusación?”.

También remarcó que en el caso de Keiko Fujimori, a quien se le impuso 36 meses de impedimento de salida del país durante su control de acusación, esa solicitud fue incluida por la fiscalía como parte de la acusación por el ‘Caso Cocteles’. En este caso, sin embargo, en la acusación de diciembre del 2022 no se requirió ninguna medida adicional contra Martín Vizcarra.

“El derecho de pedir el impedimento de salida del país a mi patrocinado por parte de la fiscalía, luego de un año de haber acusado, ha precluido. Así como no pidió la prolongación [del primer impedimento] [...] Por todas estas razones, la defensa solicita que se declare infundado el pedido de la fiscalía”, concluyó el abogado.

Luego de casi tres horas de audiencia, la jueza Margarita Salcedo cerró el debate y anunció que dará a conocer su resolución por escrito. Se espera que esto ocurra en los próximos días, pero no hay un plazo máximo determinado en la ley. Todo está en las manos de la magistrada, que en un pronunciamiento previo dentro del control de acusación, ya ha dicho que el expresidente debería ir a juicio oral.