Martín Vizcarra: más de 70 llamadas en fechas claves con su principal delator y una geolocalización lo complican

El examigo y excompañero de gabinete de Martín Vizcarra -hoy convertido en su principal delator- admitió, en su declaración como testigo en este juicio, que fue el intermediario para que el expresidente pacte un soborno de S/ 1,3 millón con la empresa ICCGSA para asegurar la adjudicación del proyecto Hospital de Moquegua, en noviembre del 2013. Luego, según confesó, fue el intermediario para la mayor parte de los pagos por esa coima entre el 2014 y el 2016.

Para corroborar su testimonio, la fiscalía presentó en su momento chats entre el expresidente, el exministro y los directivos de ICCGSA, (quienes a su vez también han confesado haber hecho esos pagos). Y en las dos últimas audiencias del juicio, presentó al detalle los registros de llamadas telefónicas entre Martín Vizcarra y José Manuel Hernández durante las fechas vinculadas a los supuestos pagos.

En total, la fiscalía detectó más de 70 llamadas entre teléfonos usados por Martín Vizcarra y por José Manuel Hernández y ligadas a las presuntas entregas de dinero en las que este dijo haber participado como intermediario: sea como quien intermedió el pacto con la empresa, como quien intermedió las primeras entregas de dinero o como quien prestó su casa para que la última de estas se concrete. Todo esto en per+iodos que van de noviembre del 2013 a agosto del 2016.

Llamadas entre Vizcarra y Hernández ligadas a fechas claves

Más allá de esas fechas, los registros de llamadas entre ambos son incluso más amplios y evidencian la cercanía que tenían. Según se mencionó en estas sesiones judiciales, solo en el 2013 hubo 156 llamadas, mientras que entre el 2015 y 2016, hubo 168. De todas esas cifras, el Ministerio Público se enfocó en las más cercanas a lo dicho por Hernández sobre el pacto ilícito y las entregas de dinero.

Entre las fechas destacan las llamadas de noviembre del 2013, ligadas al acuerdo con ICCGSA; así como las de fines de marzo e inicios de abril del 2014 y las realizadas de julio de ese mismo año, fechas en que se habrían dado la primera y segunda entrega. Además, están las del 25 de agosto del 2016, fecha que -según la acusación- Martín Vizcarra fue hasta la casa de José Manuel Hernández en La Molina para recibir 60 mil dólares de manos de José Castillo Dibós, gerente general de ICCGSA, como último parte del pago ilícito.

Estos últimos registros también contienen datos de localización que evidencian que ese día por la tarde, Martín Vizcarra salió de la sede del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (sector del que era titular) y llegó por la noche al distrito de La Molina, donde estaba la vivienda de José Manuel Hernández.

Para el equipo especial Lava Jato de la fiscalía, que pide 15 años de condena para Martín Vizcarra dentro de este juicio, esos registros corroboran lo declarado por José Manuel Hernández sobre su rol en torno a los pagos ilícitos de ICCGSA al acusado. Sumada al resto de elementos (declaraciones de testigos, chats y otros documentos), consideran que esta es una prueba más de este extremo de la acusación.

La defensa de Martín Vizcarra sostuvo, frente a cada periodo expuesto por la fiscalía, que las llamadas no demuestran ningún accionar ilícito y son parte del contacto “frecuente” entre ambos. “Existía un flujo constante de llamadas, desde mucho antes que Martín Vizcarra sea gobernador. Siempre se llamaban”, dijo el abogado Erwin Siccha. Eso sí: no reconocen que hayan sido grandes amigos, sino que solo tenían una relación “cordial”.

Además, considera que el registro es una “prueba ilícita” ya que la fiscalía no les comunicó los resultados del levantamiento del secreto de comunicaciones en el tiempo adecuado, dentro de la fase de investigación de este caso, para que ellos puedan responder a los hallazgos.

Como parte de las pruebas documentales del juicio contra Martín Vizcarra, la fiscalía viene exponiendo los hallazgos del levantamiento del secreto de comunicaciones del expresidente y otros implicados en el presunto pago de sobornos, como José Manuel Hernández. En las audiencias previas, se comenzó dando cuenta de los registros entre el acusado y directivos de Obrainsa, ligados al presunto pago de S/ 1 millón por el proyecto Lomas de Ilo, aspecto ya reportado por este Diario.

Luego, en la audiencia del último 12 de agosto, el fiscal Osías Castañeda, del equipo especial Lava Jato, comenzó a detallar los registros que involucran a Martín Vizcarra y José Manuel Hernández, remarcando que se basaban en los archivos remitidos por empresas telefónicas y que venían con contraseñas que los protegían de ser editados o modificados.

Inicialmente, destacó que hubo 7 llamadas entre un número a nombre de la empresa CyM Vizcarra, usado por entonces por Martín Vizcarra, y el número usado por José Manuel Hernández, entre el 27 y 28 de noviembre del 2013; así como 9 mensajes de texto enviados por el acusado al hoy testigo entre el 28 y 29 del mismo mes. Esas fechas no se vinculan a entregas de dinero, pero sí al hecho previo: el presunto acuerdo para las coimas entre el expresidente y los directivos de Obrainsa, con el exministro como intermediario.

Según la acusación fiscal, esto ocurrió en CADE de ese año, al que asistieron Rafael Granados, directivo de ICCGSA, y Hernández. Este último se habría comunicado por teléfono con Martín Vizcarra y con el empresario de forma presencial para cerrar el acuerdo. Así lo han declarado ambos testigos, aunque el expresidente lo niega.

Luego de ese acuerdo, según la acusación fiscal y lo declarado con José Manuel Hernández, los presuntos pagos ilícitos de ICCGSA comenzaron entre fines de marzo e inicios de abril del 2014.

Para esto, la fiscalía toma como principal referencia un WhatsApp del 25 de marzo enviado por Hernández a Rafael Granados, de ICCGSA. Allí, presuntamente a pedido de Martín Vizcarra, el exministro le pregunta si hay “novedad” sobre el “pedido del amigo del sur”, en referencia al exgobernador moqueguano.

Así, la fiscalía remarcó los registros de llamadas entre Martín Vizcarra y José Manuel Hernández entre esas fechas: ocho llamadas entre el 19 de marzo y 4 de abril del 2014. De estas, seis fueron salientes (de Vizcarra a Hernández) y dos fueron entrantes. “¿Esto corrobora lo señalado en juicio oral por José Manuel Hernández Calderón? Sí, respecto al pedido ilegal de S/ 1′300,000 que se materializó, específicamente sobre un primer pago”, dijo el fiscal.

En su declaración como testigo, en efecto, Hernández afirmó que luego de estos pedidos, Rafael Granados lo citó a una reunión en las oficinas de ICCGSA para cumplir “el acuerdo”, aprovechando una visita del entonces gobernador moqueguano a Lima en marzo del 2014, cita a la que finalmente él fue solo. En el lugar, se encontró con que el empresario “tenía un paquete preparado y me dijo ‘llévale esto a [Martín] Vizcarra”.

“Salí de sus oficinas con el paquete, se lo di a mi chofer, el señor Carlos Aranda, [para] que lo lleve a la casa del señor Vizcarra. Previamente, lo llamé para que dé la dirección exacta y él lleva ese pago [...] Apenas lo entregó, [el chofer] me llama y me dice ‘ya lo entregué’. Con el señor Vizcarra hablamos por teléfono y ya había recibido el paquete”.

Para la fiscalía, el registro de llamadas de inicios de abril corresponde a esta última comunicación referida por el testigo.

El registro de llamadas bajo la mira de la fiscalía continúa en julio, mes en que se habría dado la segunda entrega de dinero de ICCGSA a Martín Vizcarra con José Manuel Hernández como intermediario. La fecha clave es el 22 de julio, fecha en que el expresidente le envió un WhatsApp diciéndole “ya lo recibí”. Según el colaborador eficaz, se refería al dinero, el cual le fue entregado por su chofer.

Al respecto, el fiscal destacó que hubo un total de 12 llamadas en julio de ese año, las cuales asocian con esa entrega. De estas, once fueron salientes. Es decir, fueron llamadas del número usado por Martín Vizcarra al usado por José Manuel Hernández.

La fecha exacta con más llamadas es, coincidentemente, el mismo 22 de julio, día en que el expresidente llamó a Hernández en tres ocasiones. La primera no parece haber sido contestada (tiene cero segundos de duración), pero la segunda duró 143 segundos. La tercera, que fue una media hora antes del mensaje por WhatsApp del ‘Ya lo recibí’, duró 62 segundos.

“(Estas llamadas) son importantes porque corroboran lo que ha señalado José Manuel Hernández en el juicio oral respecto a una segunda entrega”, destacó la fiscalía.”Hemos corroborado su declaración, no solo con el mensaje de WhatsApp, sino con el levantamiento del secreto de comunicaciones”.

En su declaración ante el juzgado, Hernández sostuvo que en julio del 2014, luego de recoger nuevamente dinero de ICCGSA y enviárselo con su chofer, Martín Vizcarra le confirmó mediante el citado chat la recepción del “paquete”. En audiencia, el testigo reconoció el chat y ratificó su vínculo con la entrega del dinero.

La exposición del Ministerio Público sobre estas llamadas continuó en la audiencia de este martes 19 de agosto, la primera de este juicio desde que Martín Vizcarra fue recluido en el penal de Barbadillo para cumplir cinco meses de prisión preventiva, a la espera de que su juicio se resuelva.

Esta vez, el periodo abordado fue más amplio: de agosto a diciembre del 2014. De acuerdo con la acusación fiscal, fue en esos meses que se dieron las siguientes entregas del dinero de ICCGSA, con José Manuel Hernández como intermediario, a Martín Vizcarra. Según dijo el colaborador en juicio, en esa ocasiones él recogía el dinero de la constructora, lo llevaba a su propia oficina y se lo entregaba allí personalmente al gobernador moqueguano.

De ese período, la fiscalía remarca que existe el registro de 44 llamadas entre los números usados por Martín Vizcarra y José Manuel Hernández. “Esto corrobora lo señalado por Hernández Calderón: que después de julio el 2014, luego de la segunda entrega, existieron comunicaciones telefónicas”, destacó el Ministerio Público.

El siguiente período bajo análisis es de enero a julio del 2015, en el que hubo un total de 16 llamadas entre el hoy acusado y su hoy delator. Sin embargo, de acuerdo con la tesis fiscal del caso, en ese período no hubo entregas de dinero con José Manuel Hernández como delator, sino que el expresidente buscó que su amigo sea un intermediario para presionar a Rafael Granados, directivo de ICCGSA, para que sigan con los pagos.

Esto se sostiene en un chat del 26 de febrero del 2015 en que Martín Vizcarra dice “dile a Rafael que ya terminó febrero. Y hace un mes enero”; y en otro del 7 de julio en que le pide el número del directivo de ICCGSA. “El señor Hernández reconoce que hubo exigencia en ese mes. Para nosotros es importante acreditar que durante ese periodo hubo llamadas entre ambos, no solo (chats de) WhatsApp”, dijo el fiscal.

En cuanto a julio a agosto del 2015, periodo en que Rafael Granados habría hecho un nuevo pago a Martín Vizcarra, la fiscalía detectó cinco llamadas entres ambos. Esto luego de que, según José Manuel Hernández, este le dio su número. Una de esas llamadas salientes del teléfono que usaba el expresidente hacia el del directivo de ICCGSA quedó registrada el mismo 7 de julio.

En el juicio, Rafael Granados también dijo como testigo que él hizo personalmente ese pago a Martín Vizcarra “a mediados del 2015” y fue “por 30 mil dólares, equivalente a S/ 100 mil”.

La fiscalía también destacó que a partir del 2015, las llamadas registradas contiene información de su geolocalización, lo que permite corroborar que aquel 7 de julio del 2015, Martín Vizcarra estuvo en Moquegua, Arequipa y, finalmente, en Lima.

Finalmente, el último período es el de agosto del 2016, fecha de la presunta última entrega de dinero hecha en la casa de José Manuel Hernández. Por entonces, Martín Vizcarra era vicepresidente y ministro de Transportes y Comunicaciones (MTC) del gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, mientras que el hoy colaborador eficaz era titular del sector Agricultura.

El 25 de ese mes, según la acusación fiscal y según han declarado los implicados, José Manuel Castillo Dibós, el máximo directivo de ICCGSA, le dio 60 mil dólares en efectivo a Martín Vizcarra para completar el pago de S/ 1.3 millón. Al respecto, se registraron 3 llamadas de Hernández a Castillo Dibós en los días previos (1 al 13 de agosto), así como una llamada suya a Rafael Granados el mismo 25 de julio, ante la reunión en su casa.. Para la fiscalía, esas comunicaciones corresponden a las coordinaciones previas para el pago a favor de Martín Vizcarra.

Sobre las llamadas de ese día hechas por el número usado propio Martín Vizcarra, esta vez a nombre del MTC, se registraron tres llamadas con José Manuel Hernández: dos hechas por este último y una hecha por el expresidente.

A diferencia de las anteriores, estas tienen el dato de la geolocalización. La primera ubica al entonces ministro, a las 3:23 p.m., en la sede del MTC en el Centro de Lima. La segunda es de las 7:29 p.m. y da cuenta que estaba en San Isidro. La última, hecha por Vizcarra a Hernández a las 8:51 p.m., ubica al expresidente en la cuadra 18 de la avenida La Universidad, en La Molina, distrito donde se ubica la casa donde se hizo el supuesto pago.

Para el Ministerio Público, esto evidencia y corrobora lo dicho por los colaboradores sobre un desplazamiento de Martín Vizcarra desde la sede del MTC hasta La Molina para acudir a casa de José Manuel Hernández. Además, otras dos llamadas registradas por su teléfono esa misma noche a otros números, lo ubican nuevamente en esa zona entre las 10:20 y 10:48 p.m. “Esto sí corrobora lo dicho por Hernández Calderón en juicio. Ha señalado que, efectivamente, existió una reunión pactada el 25 de agosto del 2016”, dijo el fiscal.

“[Hernández] ha detallado que la asistencia de Castillo Dibós la generó a través de Rafael Granados, que existieron comunicaciones con Vizcarra Cornejo desde la tarde, como lo advertimos en el registro de llamadas, que él asistió a esa reunión. Tenemos las llamadas que acabamos de mostrar que ubican al señor en La Molina, muy cerca de la casa de Hernández. El horario es de las 20:51 hasta las 22:48, el horario en que Castillo y Hernández han señalado que se dio la reunión”, agregó.

Esto también corrobora, de acuerdo con el Ministerio Público, los testimonios de Rafael Granados y del chofer de Fernando Castillo Dibós sobre la presencia de este último, Martín Vizcarra y José Manuel Hernández en esa reunión.

En respuesta, la defensa de Martín Vizcarra volvió a negar que el expresidente haya acudido a esa supuesta reunión. Respecto a la geolocalización de su teléfono, sostuvo que la dirección brindada por la empresa de telefonía, en la cuadra 18 de la avenida de La Universidad, es más bien cercana al centro comercial Jockey Plaza y que no acredita que haya acudido la noche del 25 de agosto del 2016 a la casa de Hernández.

También citó la declaración del exjefe de escolta de Martín Vizcarra como ministro, quien declaró como parte del juicio que “en ninguna oportunidad fue de noche a La Molina” y que la única vez que fueron a ese distrito fue en la tarde y que no vio a otras personas ingresar a la casa a la que acudió el expresidente.

“Esta información no podría acreditar, de ninguna manera, la presencia del señor Martín Vizcarra en la urbanización Las Lagunas de La Molina, donde se ubica la casa del señor Hernández. Otro dato importante es que los archivos (de los registros de llamadas) son fácilmente editables”, sostuvo el abogado.

El juicio de Martín Vizcarra continuará este jueves 21 de agosto. La fiscalía podrá continuar detallando los hallazgos del levantamiento del secreto de comunicaciones del expresidente o podrá pasar a detallar la siguiente prueba documental. Se espera que Martín Vizcarra se conecte a la audiencia virtual desde el penal de Barbadillo. Su sentencia, según cálculos de fuentes judiciales, se conocerá a fin de año.

INPE anula clasificación de Vizcarra para Barbadillo

Tal como lo informó este Diario, el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) declaró nula la clasificación emitida el pasado 14 de agosto, en la que se dispuso que el expresidente Martín Vizcarra cumpla su internamiento en el Establecimiento Penitenciario de Barbadillo, en Ate.

El abogado Alejandro Salas, vocero del expresidente precisó que, ,de acuerdo con la resolución, el INPE ha conformado otra comisión para llevar a cabo un nuevo procedimiento de clasificación. Con este se determinará en qué penal deberá ser recluido el exmandatario, a fin de cumplir los cinco meses de prisión preventiva que le impuso el Poder Judicial la semana pasada.

“El INPE está corrigiendo su propia resolución. Han hecho la clasificación y no han motivado la excepción del por qué está donde está. Entonces dicen: has hecho una notificación con un puntaje que le correspondería a tal lugar, sin embargo, no explicas por qué está donde está. O sea, ellos mismos se están corrigiendo, pero se va a quedar donde está”, explicó Salas.

El abogado sostuvo que la primera clasificación arrojaba como resultado el penal de Lurigancho, pero la decisión fue enviar a Vizcarra a Barbadillo. “Lo que te dice el INPE es: no han motivado por qué está donde está. (…) Esa resolución es nula. El puntaje te da para que se vaya allá, pero no has motivado el porqué está en Barbadillo. Eso es el tema, que el mismo INPE se está corrigiendo”, añadió.

Respecto a la posibilidad de un eventual traslado, descartó esa opción. “No, bajo ninguna circunstancia. Recuerda que él no está sentenciado, es un tema preventivo. Lo mismo le pasó a Ollanta, estuvo con preventiva ahí”, señaló en referencia al expresidente Ollanta Humala.

Indicó que lo que corresponde ahora es una nueva evaluación. “Al declarar nulo un acto administrativo, lo que corresponde es que una nueva autoridad administrativa vuelva a revisar el caso”, remarcó.