Martín Vizcarra insiste en anular acusación donde fiscalía pide 15 años de condena: ¿qué falta para que el caso llegue a juicio?

A solo días de que el Poder Judicial dé inicio al control de la acusación por corrupción en su contra, el expresidente Martín Vizcarra insiste en su pedido para anular ese documento fiscal. Allí se piden 15 años de prisión en su condena por presuntamente haber recibido coimas de S/ 2.3 millones vinculados a su gestión como gobernador regional de Moquegua.

Según consta en una resolución a la que accedió El Comercio, la jueza Margarita Salcedo, de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada (CSNJPE), concedió el recurso de apelación presentado por la defensa del expresidente. A inicios de octubre, la misma magistrada había rechazado en primera instancia el recurso de tutela de derechos presentado con ese propósito.

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Con esto, el recurso de Martín Vizcarra deberá ser visto en las próximas semanas por una sala de apelaciones, la cual deberá tomar una nueva decisión respecto a este pedido. Por lo plazos, resulta poco probable que se resuelva antes del 30 de octubre, fecha que la misma magistrada ha programado para iniciar el control de acusación y definir si el caso va a juicio oral. Ello abre la puerta a una posible postergación de ese control.

La tutela de derechos de Martín Vizcarra se presentó con con dos objetivos. El primero es que se anule la decisión del fiscal Germán Juárez Atoche, del 5 de diciembre del 2022, que dio por concluida cerrar la investigación en su contra por este caso. El segundo, es que se anule todo lo ocurrido después dentro de ese proceso penal, incluyendo la acusación penal formulada el 15 de diciembre pasado, y se retroceda a la etapa de investigación.

La acusación contra el expresidente es por el delito de colusión. La tesis del Ministerio Público es que por el proyecto Lomas de Ilo, realizado por un consorcio formado por las empresas Obrainsa y Astaldi, recibió un soborno de S/1 millón; mientras que por el proyecto Hospital de Moquegua, a cargo de un consorcio entre ICCGSA e Incot, recibió S/1.3 millón. El exmandatario y su defensa legal niegan y rechazan la imputación.

Según se recoge en la resolución de primera instancia, un argumento de la defensa en su recurso fue que el Ministerio Público recién incorporó a sus pesquisas el pasado 1 de diciembre un informe sobre el origen del dinero supuestamente empleado por Obrainsa para adjudicación de licitaciones y concursos públicos; y que la investigación se cerró pocos días después. Según alegan, eso afectó su derecho a la defensa.

El otro argumento fue que la fiscalía les informó en abril del 2022 que se había levantado del secreto de comunicaciones de Martín Vizcarra; pero que el contenido de esa medida recién se les notificó en julio pasado, meses después del cierre de la investigación y la presentación de la acusación. Esto también, de acuerdo con la defensa, afectó derecho a la defensa.

Frente a este pedido, la jueza Margarita Salcedo emitió una resolución donde declaró inadmisible el recurso del acusado Martín Vizcarra. La magistrada argumentó que una tutela de derechos solo puede presentarse durante la etapa de investigación. Actualmente, el caso está en la etapa de control de acusación. “Concluida la investigación preparatoria ya no será admisible una solicitud de tutela de derechos”, afirmó la magistrada.

También señaló que pasaron varios meses desde que la fiscalía informó a la defensa sobre el levantamiento del secreto de comunicaciones hasta el cierre de la investigación. En ese plazo, remarcó, no presentaron ninguna tutela. Incluso destacó que desde entonces, los abogados de Martín Vizcarra ya han presentado sus observaciones a dicha acusación de cara a la fase de control.

Margarita Salcedo firmó su decisión el pasado 18 de septiembre. No obstante, una semana después, la defensa presentó su apelación. Los nuevo objetivos son que una sala superior anule la resolución que rechazó la tutela de derechos, al considerar que no está bien fundamentada, y que esta vuelva a ser evaluada por un juzgado de primera instancia.. La magistrada concedió la apelación el pasado 12 de octubre y la elevó a la segunda instancia.

En ese lapso, el pasado 3 de octubre, Salcedo emitió otra resolución. Esta vez fue para programar el inicio de las audiencias de control de acusación para el 30 de ese mismo mes. En esas sesiones, como su denominación sugiere, se controlará si la acusación fiscal cumple con los requisitos de forma y de fondo para pasar a la etapa decisiva: el juicio oral.

El Comercio envió mensajes a Fernando Ugaz, abogado de Martín Vizcarra, para conocer más detalles de la tutela de derechos y su apelación. Sin embargo, hasta el cierre de esta nota, no hubo respuesta. En tanto, el penalista Andy Carrión comentó que si la apelación no ha sido resuelta por la sala superior antes del 30 de octubre, es probable que el inicio del control de acusación se postergue.

“Lo que van a hacer los abogados el día de la audiencia de control es señalar que queda un recurso pendiente de resolver y que este podría, ante la eventualidad de que sea amparado, declarar nulo el cierro de la investigación”, indico. Ante ello, se podría solicitar la reprogramación, lo que “sería lo más idóneo”.

El control de acusación o etapa intermedia es la fase previa al juicio. Allí se corrigen los posibles errores de forma que pudiera tener la acusaciónse resuelven los recurso que presenten los abogados para que el caso sea archivado y se evalúan que pruebas serán usadas en el futuro juicio. Al final, se emite un documento (autor de enjuiciamiento) que ordena formalmente que el caso pase a juicio oral.

En casos como los de Ollanta Humala y Keiko Fujimori, donde también se trabaja con acusaciones presentadas por el equipo especial Lava Jato, las audiencias de control de acusación duraron más de un año. En el caso de Alejandro Toledo, en contraste, solo duró dos meses.

No obstante, a diferencia de esos tres casos, la acusación contra Martín Vizcarra solo incluye al expresidente y es solo por el delito de colusión agravada. Fuentes ligadas al caso estiman que por ello, la etapa intermedia debería avanzar con mayor rapidez, siempre que esta tutela de derechos del expresidente no tenga éxito en segunda instancia.

Andy Carrión comentó que la jueza Margarita Salcedo “es especialmente célere con los controles de acusación, más que otros jueces”. “En el caso de Martín Vizcarra, tampoco estamos hablando de una carpeta pequeña, estamos hablando de ingente información y recursos. Yo estimaría que en dos a tres meses podría culminar”, dijo.

Culminadas las audiencias de control, la emisión del auto de enjuiciamiento también ha ocasionado demoras en casos similares. En el de Ollanta Humala, su juzgado demoró nueve meses; mientras que en el de Keiko Fujimori, han pasado cuatro meses desde que terminaron las audiencias y aún no se emite.

“La jueza Salcedo es más célere [...] En el caso de Martín Vizcarra no creo que pase tanto tiempo, podría demorar un mes para que se emita el auto de enjuiciamiento”, estimó Andy Carrión. Luego, el caso deberá pasar a un nuevo juzgado para que este encargue de programar el inicio del juicio.

Todo ese proceso, añadió el penalista, podría durar entre seis meses a un año, dependiendo de la velocidad con que actúe el Poder Judicial. Pero dependerá también de si esta tutela de derechos tiene éxito en la segunda instancia, logrando la anulación la acusación y el retroceso a la etapa de investigación.