Martín Vizcarra y su intento de “manipular al sistema judicial”: los elementos que definieron su prisión preventiva

“No, eso no va a ocurrir, porque la justicia va a hablar” respondió Martín Vizcarra este miércoles por la mañana cuando una reportera le preguntó si estaba por convertirse en el quinto expresidente peruano en ser llevado a Barbadillo, el penal dedicado exclusivamente al internamiento de exinquilinos de Palacio de Gobierno con condenas o prisiones preventivas.

Aparentemente confiado y aupado por una ‘portátil’ de su partido Perú Primero, Martín Vizcarra llegó así a la sede de la Corte Superior Nacional (CSN) para lo que iba a ser su nueva audiencia de prisión preventiva dentro del proceso en su contra por presuntamente haber recibido sobornos de empresas constructoras.

LEE TAMBIÉN | Acción Popular entre tensiones y líos internos: ¿Cuáles son las dos facciones en las que está dividida la bancada?

La aparente confianza se entendía, precisamente, por ya haberse librado de ser sometido a esta medida en dos ocasiones: en marzo del 2021, al inicio de su proceso, y en junio del 2025, cuando el caso ya estaba en pleno juicio oral. En ambos casos, dos jueces distintos consideraron que no había suficiente riesgo de fuga, al margen de la sospecha de que habría cometido el delito que se le imputa.

Además, el exgobernador moqueguano también tenía la ‘suerte’ de ser uno de los pocos políticos de alto perfil procesados por casos emblemáticos en no haber pasado nunca por una prisión preventiva, pese a la solidez de los indicios en su contra. Si las prisiones preventivas son justas o no es otro debate, lo cierto es que Martín Vizcarra había logrado sortear esta medida. Hasta ahora.

La conocida suerte del también exembajador de Canadá cambió solo horas después. El juez Jorge Chávez Tamariz, de la CSN, le impuso prisión preventiva por cinco meses. Lo hizo bajo el cálculo de que en ese plazo, que vencerá el 12 de enero del 2026, su juicio por los presuntas sobornos ya habrá acabado con una sentencia, que puede ser de condena o de absolución.

Dentro de ese juicio, a cargo del Cuarto Juzgado Colegiado de la CSN desde octubre pasado, la fiscalía pide 15 años de condena para Martín Vizcarra. Así, si esta prisión preventiva se confirma en segunda instancia y si luego el juicio termina con la condena que pide el Ministerio Público, el expresidente podría permanecer preso hasta el 2040.

Los elementos que derivaron en la decisión del juez Jorge Chávez Tamariz fueron prácticamente los mismos por los que otro juez de la CSN, Víctor Alcocer, había rechazado darle prisión preventiva a Martín Vizcarra a fines de junio. Aquella vez, el magistrado consideró que no había suficiente riesgo de fuga y optó por solo imponerle reglas de conducta e impedimento de salida del país.

Esa decisión fue recurrida y, en segunda instancia, la Tercera Sala de Apelaciones determinó que Alcócer incurrió en errores de fundamentación y contradicciones. Por ello, se ordenó que el mismo pedido vuelva a ser evaluado por otro juez de primera instancia. Fue así que el caso llegó al despacho de Chávez Tamariz, quien en el pasado dictó medidas similares contra personajes disímiles como Pedro Pablo Kuczynski, Susana Villarán, José Luna Gálvez, los abogados del caso Arbitrajes de Odebrecht o los investigados del Caso Los Dinámicos del Centro.

En la audiencia de este miércoles, como en su pedido original hecho en junio, el fiscal Germán Juárez justificó que la medida era necesaria al existir un riesgo de fuga de Martín Vizcarra ante la inminente sentencia en su contra (prevista para fin de año) y para asegurar que esta pueda ser cumplida. El representante del equipo especial Lava Jato incluso citó los casos de la ex primera dama Nadine Heredia y el exviceministro Jorge Cuba, quienes fugaron poco antes de ser condenados por el Caso Odebrecht, como ejemplo de lo que se quería evitar.

Sin embargo, en la decisión del juez Chávez Tamariz, emitida de forma célere luego de cinco horas de audiencia casi ininterrumpidas, tuvo peso su rechazo a otra característica ligada (para bien o para mal) a la figura de Martín Vizcarra: aquello que podríamos llamar la ‘viveza’.

Luego de analizar los elementos aportados por la fiscalía y la defensa, el magistrado determinó que el acusado “buscó manipular al sistema judicial con contratos y documentos para evitar medidas en su contra, ante las graves acusaciones. Incluso después del primer pedido de prisión preventiva, buscó desesperadamente sanear este arraigo (laboral)”.

Irónicamente, para llegar a esa conclusión, el juez evaluó principalmente dos elementos no presentados por la fiscalía, sino por la defensa de Martín Vizcarra: los contratos con los que buscó probar que tenía trabajo estable o “arraigo laboral”. El primero fue un contrato con Urbaniza 3D, una empresa familiar, y el segundo fue un contrato como ‘asesor’ de Perú Primero, partido que lidera y con el que se promociona como candidato a la presidencia pese a esta inhabilitado para ejercer cualquier cargo público.

Al respecto, el juez cuestionó que el primer contrato sea supuestamente de abril, pero que recién haya sido legalizado en junio, cuando se discutía el anterior pedido de prisión preventiva. Incidió en que la gerente general sea su esposa, las socias fundadoras sean sus hijas y que quien firmó el contrato fue una contadora que también trabaja para el estudio de su abogado. Además, apuntó que el servicio de “habilitación urbana” objeto del contrato fue para un terreno que fue propiedad de una empresa que tenían Martín Vizcarra y su hermano.

“En palabras llanas, es un contrato entre cónyuges y para evitar que sea esto descubierto por las autoridades, lo ha firmado la apoderada”, consideró el juez. “Verifico que se trata de un círculo familiar, donde la propiedad pasa de un lugar a otro, constituido entre los hermanos Vizcarra Cornejo, en el que el acusado era socio; no sin antes vender el terreno a la empresa Urbaniza, que ahora lo contrata, siempre referido al mismo terreno”.

Todo ello hace evidente, para el juez, que “se instrumentalizó todo ello para generar un arraigo laboral”.

Una conclusión similar tuvo respecto del otro contrato, con el partido Perú Primero, que también fue legalizado cuando se discutía la prisión preventiva. El juez advirtió que el objeto del contrato eran “actividades genéricas” y que los informes que emitió como parte de su supuesto trabajo no contienen datos o información específica: solo se listaban viajes y reuniones con grupos de ciudadanos en distintas ciudades.

También consideró “llamativo” que los pagos por estos servicios por un período de nueve meses no hayan sido mensuales, sino que fue uno solo por S/ 18 mil el pasado 2 de julio, luego de la anterior audiencia de prisión preventiva. “Esto sin perder de vista que el acusado Martín Vizcarra es el fundador del partido político”, añadió.

“Existe en los contratos un común denominador: que las clausulas contractuales son genéricas, al igual que el contenido de los informes de Perú Primero que emitió el acusado (…) Eso deja en claro que trata, de forma encubierta, como un común denominador, evitar la justicia. Esto no puede ser ajeno para este juzgado, porque nadie está por encima de la ley ni la Constitución”.

Por otro lado, también consideró que el acusado no tiene suficientemente arraigo familiar, al no existir una “dependencia económica” por parte de sus hijos, que ya son casi todos mayores de edad. “No existe, demostrablemente, una dependencia. Si bien el acusado tiene un hijo menor de edad, el domicilio de él y su madre es en Moquegua, y el del acusado es en Lima, en San Isidro”, indicó.

Luego, el juez recordó que el objetivo de esta medida es asegurar la presencia del acusado para lo que resta de su juicio y, de ser el caso, para que cumpla una eventual condena: “Se está próximo a la emisión de una sentencia contra el acusado Vizcarra. Asegurar su presencia física cuando su situación jurídica deba ser resuelta es imprescindible, más si el plazo que se solicita para privarlo de su libertad es extraordinariamente breve: seis meses frente a los 180 meses, 15 años de pena, por el que se le acusa”.

Por otro lado, destacó que no es lo mismo que el acusado esté presente en una lectura de resolución de prisión preventiva de seis mese a que esté presente el día que se decida si se le imponen 15 años de condena.

“Por máxima de experiencia, en la aplicación de una pena grave, el imputado puede temer la condena. En ese sentido, basado en el peligro procesal, existe alta probabilidad de que el acusado rehúya la acción de la justicia ante una sentencia condenatoria”, concluyó. “El doble objetivo es que la culpa no escape y la inocencia no sufra”, reflexionó luego.

Otros elementos valorados por el juez para llegar a la conclusión del riesgo de fuga fue la ocasión en que asistió a una actividad en un colegio de Moquegua cuando solo se le había dado permiso para viajar a la región para trabajar y los audios en que un allegado suyo y un miembro de su escolta estarían coordinando qué poner en los informes sobre sus actividades.

“Si bien existe arraigo domiciliario, más aún si hoy no cuenta con una medida vigente (…), es cuestionable o inexistentes el arraigo laboral y familiar. Existe magnitud del daño causado, la pena a imponer es alta y el comportamiento (es) cuestionable. Aunque manifiesta que viaja a diferentes partes del país y retorna, esto debe evaluarse en el contexto de una acusación con graves cargos de corrupción, próxima a sentencia”, finalizó.

Luego de esta conclusión, el juez leyó los elementos que sustentan la acusación contra Martín Vizcarra de haber recibido S/ 2,3 millones en coimas de las empresas Obrainsa (S/ 1 millón) e ICCGSA (S/ 1,3 millón) por los proyectos Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua, respectivamente. Estos incluyen declaraciones de testigos y colaboradores eficaces, pericias, registros de llamadas y otros documentos.

Por todo ello, determinó que existen “graves y fundados elementos de convicción” sobre la comisión del delito de cohecho (soborno) en relación con ambos proyectos. Como en toda prisión preventiva, la parte fundamental era el peligro de fuga o peligro procesal. Así, el cumplimiento de este otro requisito no hizo más que ratificar que el juez iba a dictar la medida.

Opiniones

Dos penalista comentan la decisión judicial

Andy Carrión , abogado penalista:

"Desde mi perspectiva, fue correcta la decisión del juez Jorge Chávez Tamariz de imponer la prisión preventiva en contra de Martín Vizcarra en atención a dos motivos fundamentales. El primero de ellos es la inexistencia de un arraigo familiar, en atención a que no existirían personas dependientes. Y en segundo lugar, el tema de la estructuración dolosa, de la generación de arraigos laborales, constancias de trabajo, etc., que no indicarían una real despliegue laboral por parte de Martín Vizcarra, sino, nás bien, una construcción dolosa para aparentar este tipo de arraigo.

Miguel Reyes, abogado penalista:

"El juez ha desconocido la excepcionalidad de la prisión preventiva cuando justifica el subprincipio de necesidad señalando que no tiene medida de coerción, ya que las reglas de conducta caducaron y se encuentra con comparecencia simple (...) No se trata de adelantarle la ejecución de la condena, así exista sospecha grave". "Ha considerado que Vizcarra no cuenta con arraigo laboral y familiar, pero su fundamentación es cuestionable. En primer lugar porque, respecto al arraigo laboral, desestima sus contratos de trabajo bajo el argumento que provienen de empresas familiares (...) El arraigo familiar lo anula bajo el argumento que no tiene dependientes económicos, salvo un menor que vive en Moquegua, lo que significa que para el juzgador la no existencia de dependientes económicos supone la no existencia de una familia pese a tenerla".

Martín Vizcarra escuchó la decisión del juez, que duró alrededor de una hora y media, con un gesto en el rostro que apenas ocultaba su preocupación. La mayor parte del tiempo, se le vio con los brazos sobre el escritorio de su asiento y apoyando su cabeza sobre ellos. Por ratos, movía la cabeza de un lado a otro, como negando lo que decía el juez. Por ratos, asentía. Por ratos, le decía algo, siempre de forma breve, a su abogado, Erwin Siccha, quien oía la resolución con un gesto similar al de su defendido. La aparente calma y confianza con la que llegó por la mañana al juzgado se fueron esfumando con las horas.

“No se puede negar la idoneidad de una prisión preventiva, en cuanto a la necesidad (…) Es razonable”, dijo el magistrado casi al final de su lectura. “El acusado Vizcarra Cornejo no tiene medida de coerción en este momento, tiene solo comparecencia simple, que no es suficiente para asegurar su presencia en el juzgamiento. Con la reciente ley del Congreso, 32130, caducaron sus reglas de conducta. No hay regla que los constriña al proceso”.

Poco antes de las 4 p.m., el juez hizo oficial su decisión: “La petición es declarada fundada para imponer prisión preventiva al acusado Martín Vizcarra, por el delito de cohecho pasivo propio de dos obras de magnitud. El plazo es de cinco meses. Ordeno, ya que se encuentra presente, que pueda ser conducido a un establecimiento penitenciario y cumpla este mandato”. En respuesta, fiscal dijo estar conforme con la decisión y la defensa anunció una apelación.

De inmediato, agentes de la Policía Judicial ingresaron a sala de audiencias para detener, nuevamente, a un expresidente peruano, bajo la mirada de los agentes de Seguridad del Estado que hasta hoy le daban resguardo. El abogado de Martín Vizcarra conversó con el policía que se acercó a su defendido antes de que este se pusiera de pie para dirigirse hacia la parte posterior de la sala de audiencias, donde finalmente sería enmarrocado.

Antes, ante el llamado de los periodistas en el lugar, volteó por última vez hacia las cámaras para saludar, dibujando nuevamente una sonrisa, casi como en la mañana. Casi tres horas después, dejó la sede de la Corte Superior Nacional para ser puesto en custodia del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), que debe definir en qué penal será internado.

Al cierre de esta nota, el INPE aún no comunicaba su decisión. Sin embargo, todo apunta a que irá al penal de Barbadillo, donde ya se encuentran Pedro Castillo (bajo prisión preventiva), Ollanta Humala y Alejandro Toledo (sentenciado por el Caso Lava Jato).

Rechazan la resolución

Defensa dice que decisión es fruto de la “presión política” y la “decadencia judicial”

El abogado de Martín Vizcarra, Erwin Siccha, dijo a su salida de la audiencia que la decisión del juez es un ejemplo de “cuando los jueces se someten a la prisión política” y “una muestra más de la decadencia judicial”. Según deeclaró, el magistrado prácticamente “usurpó” la función de la fiscalía al evaluar si su defendido tenía arraigo familiar. Además, cuestionó la rapidez con la que se resolvió el pedido de prisión, indicando que la resolución ya había sido escrita previamente.

 “Terminada la audiencia y la participación de mi patrocinado, demoró cinco minutos para empezar a leer su resolución. Comenzó a leer, indicó que tenía cuadros elaborados. ¿Qué quiere decir? Que la resolución estaba previamente redactada. Eso es lo que se ha advertido: una resolución previamente redactada”, dijo.

Siccha añadió que están “convencidos de que esta decisión simplemente se ha sustentado en la presión que han realizado algunos medios de comunicación, algunos sectores que están en contra del señor Martín Vizcarra; pero más allá de connotaciones políticas, lo que debe tenerse en cuenta es que estas actitudes judiciales deben rechazarse no solo para el señor Vizcarra sino para cualquier ciudadano

También aseguró que el expresidente está “tranquilo porque está convencido de su inocencia, de que está siendo objeto de una persecución y que él, valientemente, la va a afrontar. Nosotros, a más tardar el día de mañana, estaremos presentando el recurso de apelación”. “Evidentemente, está preocupado más que por él, por su familia, siempre ha sido así. Está preocupado por sus partidarios, por sus amigos, pero él asume esto con la valentía que siempre lo ha caracterizad”, agregó.

El abogado también buscó cuestionar al juez con un dato falso: que su esposa es integrante del equipo especial Lava Jato, el mismo equipo que investigó y procesa a Martín Vizcarra. La cónyuge del juez, en realidad, es integrantes de las Fiscalías contra el Lavado de Activos.

En tanto, la cuenta de Tik Tok de Martín Vizcarra subió un video grabado previamente por el exmandatario en el que este asegura que, si se le había dictabo prisión preventiva, esto era fruto de una resolución que ya estaba firmada con este resultado, algo que él ya sabía “hace dos días”.

“Esto ya no se trata de justicia, se trata de política. Hay un pacto mafioso que gobierna el Perú y está copando todas la instituciones del Estado y ahora se demuestra metiéndose en el Poder Judicial (…) Me meten preso sin tener condena”, dijo el hoy detenido expresidente en ese video. Durante la audiencia, el juez le llamó la atención hasta en dos ocasiones por estar revisando su celular en medio de la sesión judicial.