

El Poder Judicial declaró fundado el pedido para que la Procuraduría Anticorrupción sea incluida como actor civil y pueda exigir reparación civil en el caso “Los Intocables de la Corrupción” en el que estaría implicado el expresidente Martín Vizcarra por presuntos actos de corrupción cometidos durante su gobierno.
La decisión fue tomada por el Séptimo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional el 13 de diciembre del 2024 en atención a la solicitud planteada por la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción.
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En total, se estima que el daño patrimonial y extrapatrimonial en todas las licitaciones presuntamente irregulares y entre todos los investigados entre empresarios y exfuncionarios del gobierno de Martín Vizcarra, ascendería a unos S/ 280 millones.
Esta investigación de presunta organización criminal, colusión y otros delitos involucra a Carlos Revilla como exdirector general de Provías Descentralizado; Alcides Villafuerte, exgerente de obras de esta institución; y a Elizabeth Ugarte Manrique, coordinadora de abastecimiento y control patrimonial.
También a Juan José Enciso Torres como miembro de comités de selección, y otros implicados como Xia Zhang, Luis Carlos Elías Pasapera y Raúl Alfonso García Alemán.
En respuesta al pedido de la procuraduría, los abogados de Revilla Loayza y Zhang se opusieron a la cifra planteada por considerar que es un número “ambiguo, desproporcional y no existe fundamento que ampare ese monto”, postura que fue rechazada por el juzgado que evaluó que se trata de un valor “provisional” que basta estar justificado en los hechos, mientras que no hay límite para estimar el daño extrapatrimonial.
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Con esta decisión, la procuraduría se encontrará facultada de poder solicitar una reparación civil cuando avancen las denuncias penales y se procedan a formalizar las acusaciones contra todos los involucrados en “Los Intocables de la Corrupción”.
La presunta organización criminal se habría apropiado de dinero del Estado a través de contrataciones públicas fraudulentas que se realizaron a través de pagos de coima a miembros de Provías Descentralizado.
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