Procuradora Ad hoc: “Elard Tejeda ya está condenado por pagar coimas a Martín Vizcarra. Eso ya lo determinó un juez”

En conversación con El Comercio, la procuradora comentó los avances del primer mes del juicio de Martín Vizcarra, en el que anticipa que habrá una sentencia condenatoria para el primer trimestres del 2025. Además, hace un balance del año que se va, en que muchos de los casos en los que participa llegaron a juicios o sentencias, lo que considera un posible “inicio del fin” del caso Lava Jato en Perú.

-Se ha cumplido ya poco más de un mes del juicio contra el expresidente Martín Vizcarra. ¿Qué balance hacen de lo avanzado hasta ahora?

Hemos entrado a un juicio con medios probatorios bastante sólidos, que acreditarían la responsabilidad del señor Martín Vizcarra. Creo han sido piezas importantes, y así entiendo que lo tendrá que evaluar el colegiado, las declaraciones de los señores Tejeda: los directivos de Obrainsa que finalmente han reconocido que pagaron sobornos al señor Vizcarra. Ambos ya han declarado en el juicio.

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-¿Cuán importante es esa declaración de los exdirectivos de Obrainsa?

Es importante que se entienda el valor de sus declaraciones en el juicio. Sus testimonios fueron parte de su cuaderno de colaboración eficaz y ese proceso ya concluyó con una sentencia. Eso significa que esos testimonios no son solo dichos, son testimonio que ya fueron corroborados, ya fueron valorados por un juez. El juez ya dijo que era legal la evidencia que corroboran esos dichos y los ha aprobado con una sentencia. Entonces, eso tiene calidad cosa juzgada, tiene una valoración judicial. No es un simple dicho o tiene estándar mínimo, como pretende decir la defensa del señor Vizcarra: ya es un dicho corroborado.

-Hace poco se conoció que el Poder Judicial aprobó la colaboración eficaz de Obrainsa como empresa y dos de sus exdirectivos. ¿Son ellos los que declararon en el juicio sobre las coimas a Martín Vizcarra?

Sí, correcto. Ellos dos, que han revelado que son colaboradores eficaces de la justicia peruana conjuntamente con la empresa Obrainsa, son los que han declararon en el juicio y han ratificado sus dichos, que además ya fueron corroborados por otro juez, indicando que pagaron sobornos al señor Martín Vizcarra por el proyecto Lomas de Ilo.

-Hemos visto en total ya declarar a 13 testigos, entre ellos los extrabajadores de Obrainsa que vieron al señor de Vizcarra en las oficinas de la empresa o el directivos que autorizó la emisión de los cheques para generar el dinero. ¿Cómo se valoran esas declaraciones en relación al testimonio ‘principal’, el de la entrega de dinero al acusado?

Eso es muy importante. Un testimonio es un medio de prueba que tiene el juez para valorar, recibir información, darle un valor determinado y crearse convicción sobre lo que se está diciendo (...) La información de calidad que transmiten los señores Tejeda en el juicio es importante, no solo porque son los protagonistas de la conducta, del ilícito, sino porque esa conducta ya ha sido corroborada con evidencia.

-Los defensores del señor Vizcarra parecen suelen reclamar algo: dónde está el video, donde está la foto de las entregas. ¿Es necesario que eso exista para que se pueda considerar probadas las coimas?

No solo no es necesario, sino que eso es algo muy excepcional, que probablemente nunca más volvamos a ver en los casos de corrupción. Eso pasó en los casos de los noventas. Es más: después de esa experiencia, el corruptor y el que se deja corromper difícilmente van a querer que los filmen, se van a cuidar más en la forma cómo reciben ese soborno. En estos delitos clandestinos, (las pruebas) se construyen a partir de indicios con una base objetiva. En este caso, el señor Tejeda está indicando cómo se le solicitó el dinero, cómo entregó el dinero, cómo le pidieron que contrate la avioneta. Y sobre la contratación de la avioneta, hay evidencia documental que da credibilidad a lo que dice el testigo.

-¿Y cómo se prueba un caso de corrupción de este tipo?

A través de los testimonios, a través de otros indicios u otra evidencia que comprueba que ese testimonio realmente señala lo que sucedió. Eso le va dando convicción al juez para determinar la responsabilidad, para convencerse de la responsabilidad. En el caso de los señores Tejeda, ellos han dicho que hubo un pacto con el señor Vizcarra, han dicho cómo se le entregó y cómo parte de ese dinero fue para contratar una avioneta. Los correos de esa contratación están plenamente identificados, la comunicación de la lista de personas que iba a ir por parte del señor Vizcarra. Eso le da credibilidad al testimonio.

-Sin embargo, hemos escuchado a la defensa intentar quitar relevancia a ese testimonio, llamando a los colaboradores ‘delincuentes confesos’. ¿Eso les quita algún tipo de verosimilitud a lo que digan?

Los colaboradores eficaces son personas que confiesan sus propios ilícitos y delatan a terceros. De eso se trata la colaboración: reconocer cargos propios y de terceros. Además, el colaborador puede delatar todo o parte de lo que considere que tiene que entregar a la justicia. Puede decidir sobre qué hechos va a confesar porque probablemente son sobre los que más evidencia tienen para corroborar. ¿Son delincuentes confesos? Sí, son colaboradores eficaces, esa es la figura de la colaboración eficaz.

-Antes de que se conozca la sentencia de Obrainsa, el señor Vizcarra había hecho enfásis en que Elard Paul Tejeda había declarado en su juicio no como colaborador eficaz, sino como testigo. ¿Eso hace alguna diferencia dentro del juzgamiento?

No. La manera correcta de introducir el testimonio del señor Tejeda, lo que él vivió y lo que le consta, es a través de un testimonio. Puede ser como testigo impropio, así se le denomina, si la persona fue investigada o acusada en el propio caso, y por ser colaboración sale del caso y viene a declarar testigo. El señor Tejeda no fue incluido o acusado en esta investigación porque ya estaba sometido a otro proceso penal, el de la colaboración eficaz. Una persona no puede estar sometida a dos investigaciones por el mismo hecho y por ese mismo hecho, él ya estaba sometido a una colaboración eficaz. Ese fue un proceso que terminó con una sentencia y él señor fue condenado por esos hechos. Es decir, no solo ha confesado, sino que está condenado por esos hechos, por haberle pagado sobornos al señor Vizcarra. Por ello tiene esta sentencia en ese proceso especial de colaboración y concurre como testigo al proceso que está en juicio oral y declara sobre un hecho que ya fue valorado judicialmente, por el cual él ya está condenado.

-Si bien entiendo que las colaboraciones tienen un margen de reserva, ¿podemos afirmar que él ya fue sentenciado por pagar coimas del señor Martín Vizcarra?

Está sentenciado. Ha sido condenado, encontrado responsable penalmente, por pagar coimas al señor Martín Vizcarra. Eso ya lo determinó un juez. Va a pagar una reparación civil en su proceso de colaboración eficaz. Él, el señor Manuel Tejeda y la empresa Obrainsa van a pagar una reparación.

-En el caso de Lomas de Ilo, la defensa sostiene que Martín Vizcarra no fue a las oficinas de Obrainsa en las fechas que alega la fiscalía, lo que se contradice con lo que han declarado al menos cuatro testigos en el juicio. ¿Con sus testimonios ese hecho se puede considerar probado?

Desde mi perspectiva, sí, porque ese mismo hecho el señor Tejeda lo introdujo en su proceso de colaboración eficaz y ha sido corroborado por un juez. Por lo tanto, está validado que sucedió. Sí puede decirse que ha sido probado judicialmente.

-¿Y también se tiene que establecer qué hizo Martín Vizcarra con ese dinero, dónde lo colocó? En el caso de Alejandro Toledo, por ejemplo, se le acusa de haber usado el dinero de las coimas para comprar inmuebles…

Eso no se requiere para este delito de cohecho, por el que está siendo acusado el señor Vizcarra. No se requiere conocer cuál fue el destino del dinero, se requiere probar que solicitó y se le entregó el dinero. Eso es lo que se tiene que probar y por lo que tiene que ser condenado.

-Pero entonces, si le pagaron S/ 2.3 millones, ¿a dónde se fue ese dinero?

Allí se podría hacer el seguimiento de a dónde fue ese dinero. Podría haber incluso otra figura legal, el lavado de activos, porque procede una fuente ilícita o un hecho ilícito previo. La fiscalía podría indagar a dónde fue ese dinero.

-¿Pero este proceso, este juicio, termina solo con la entrega del dinero, sin establecer a qué se destino?

El delito de cohecho se comete cuando se solicita el dinero o se recibe el dinero. En este caso, está aprobado que solicitó, y si no estuviese probado que solicitó, está solicitado que recibió. En cualquiera de los dos casos, el señor Vizcarra debería ser condenado por este delito.

-Hay un proceso aparte por extinción de dominio sobre sus bienes, donde se alega que estos estarían ligados a los actos de corrupción de Lomas de Ilo…

Esa es una noticia pública. Los procesos de extinción de dominio son reservados, nosotros no tenemos acceso a ello, pero la figura de extinción recae sobre esos bienes cuya procedencia ilícita se presume y se prueba que fue obtenida de manera ilíctia. Entonces, si hay una indagación patrimonial sobre los bienes del señor Vizcarra en el esquema de extinción de dominio, es porque la sospecha de la fiscalía es que han sido adquiridos de manera ilícita.

Este martes declara otro testigo clave en este caso, José Manuel Hernández, quien también tiene una sentencia de colaboración eficaz. ¿Su testimonio será igual de importante que el de Tejeda?

Estimo que sí. Por la reserva de la colaboración, no puedo anticipar lo que va a decir, pero si confirma lo que ha dicho en su proceso de colaboración, por lo que ya ha sido condenado, su testimonio va a ser absolutamente importante. Ya tiene una sentencia como colaborador y ahora falta que, como testigo, pueda confirmar lo que manifestó.

-Por todo lo que me dice, para ustedes no hay dudas de que el señor Vizcarra va a ser declarado culpable

Como Procuraduría, consideramos que hay elementos sólidos, solventes, de calidad, que acreditarían que el señor Vizcarra sí recibió ese soborno y que debe ser condenado.

-Al ritmo en que se está avanzando, ¿cuándo tendremos la sentencia?

Proyectamos que este juicio va a terminar pronto, porque tiene un solo acusado y porque la prueba es bastante sólida. Estimaría que, al ritmo en que se están programando las audiencias, en el primer trimestre del próximo ya deberíamos tener un resultado, con una sentencia condenatoria.

-¿Ya hay una fecha para que la condena de Alejandro Toledo por el caso Interoceánica Sur se vea en segunda instancia?

No, todavía no. Está pendiente. Las defensas han presentado sus apelaciones y estamos a la espera de que la sala nos convoque. Creo que hacia marzo o abril deberíamos tener una fecha.

-¿Y en el Caso Ecoteva, para cuándo cuándo tendríamos una sentencia?

En este caso, que ha demorado un poco más en el juicio, pero tiene más de un año, deberíamos tener un resultado en el primer semestre del próximo año.

-El Tribunal Constitucional publicará su sentencia en los próximos días respecto a un pedido para que se haga público la totalidad del acuerdo de colaboración eficaz con Odebrecht. ¿Cuál es la postura de la procuraduría del caso Lava Jato al respecto?

Autorizar o no la entrega del acuerdo es una potestad del Poder Judicial, porque el acuerdo de colaboración eficaz con Odebrecht fue aprobado con una sentencia. La sentencia es un instrumento y el acta del acuerdo es otro, que lo tiene el Poder Judicial, porque con eso aprobó la sentencia. Yo consideraría que hay riesgos (en que se publique todo el acuerdo) respecto a la información que se refiere a investigaciones en trámite. Odebrecht no solo entregó información respecto a los cuatro proyectos que ya conocemos: Interoceánica Sur, Metro de Lima, Vía Evitamiento Cusco y Costa Verde Callao. Es más, el primer de esos casos ya tiene sentencia y los otros están yendo a juicio oral. Esa parte ya la conocemos. Pero respecto a la información de casos que aún están en trámite sí me parece un riesgo, porque se puede poner en alerta a la contraparte. Seguramente ellos se podrán defender de esa prueba cuando la fiscalía la ingrese y tendrán todos los recursos para defenderse, pero sí podría estar anticipándose una información y podría obstruirse alguna parte de la investigación.

-¿Hay información en el acuerdo que aún no es pública o conocida por los investigados?

Exacto. Esa ponderación es importante que se haga. Además, sentaría precedentes en otros procesos de colaboración eficaz. Hay información en otros casos sensibles que todavía ni se conocen. Es riesgoso, se pueden afectar investigaciones en trámite que ni siquiera conocemos

-¿No hay nada que estén tratando de esconder a la opinión pública?

No, no hay nada que se quiera ocultar. El celo que se ha tenido hasta ahora, y entiendo que también es la preocupación del Poder Judicial, es porque se considera que hay parte del acuerdo que no se puede publicar. Esa ponderación la ha hecho el Poder Judicial. No es que se quiera ocultar información secreta, clandestina, sino que es información de investigaciones en trámite. Es simplemente la protección de la propia investigación. En lo relacionado a la reparación civil, todo ya se conoce. Nosotros mismos lo hemos informado de forma pública porque no tenemos nada que no se pueda conocer.

-¿Qué opinión le merece el dictamen del Congreso para poner un plazo de 10 años para cobrar reparaciones civiles?

Va en contra de nuestro ordenamiento legal respecto a los temas de indemnización por hechos ilícitos. Podría llegar a dejar sin protección a la víctima que merece ser resarcida y que por el paso del tiempo, que no depende de ella, no pueda recibir la indemnización que merece. En el tema de corrupción, es un incentivo para la gente sometida a casos de corrupción, donde se podría dilatar los procesos para llegar a los diez años y no pagar la reparación civil.

-Por ejemplo, si yo fui víctima de un estafa o un robo y busco que me paguen de vuelta el monto que me robaron, ya no podría si pasan más de diez años…

Claro, porque lo que se haría, por ley, es limitar el derecho que tiene todo agraviado a cobrar una indemnización por un hecho ilícito por el cual se siente afectado.

-¿Qué balance hacen del año 2024 para el caso Lava Jato en Perú?

Creo que este año se ha evidenciado, con mucha más fuerza, el inicio del fin de los principales casos de Lava Jato. Han terminado controles de acusación importantes, como el de Susana Villarán. Además, tuvimos la sentencia del Caso Interoceánica, del caso Bonos Soberanos. Hemos iniciado el juicio de Vía Evitamiento Cusco, seguimos en el juicio de Metro de Lima. La parte estelar del caso Lava Jato está llegando a su fin. Y creemos que para el 2025 vendrán más sentencias condenatorias. Lo evidenciado hasta ahora es que la producción de pruebas en cada caso ha sido sólida, solvente y abundante (...) Si había alguna duda respecto a los resultados que se iban a conseguir, ahora los estamos viendo: son sentencias condenatorias.

-Esto a pesar que desde el Congreso parecen estar, más bien, quitándoles herramientas…

Desde el punto de vista legislativo, ha sido un año duro en nuestro trabajo. Sentimos que la legislación que teníamos para hacer un trabajo serio, que llegue a buen puerto, está siendo entorpecido no en los propios procesos judiciales, sino desde la parte legislativa. Es muy importante el actor que tenemos en el Poder Judicial. Han sido solventes para no aplicar o para inaplicar algunas de las leyes que el Congreso ha dictado. Los jueces tienen esa facultad y creo que han hecho un labor muy importante y valiente. Eso, finalmente, hace que en nuestro país, un caso como Lava Jato se pueda seguir investigando.