El Tribunal Constitucional (TC) declaró infundado un recurso de amparo presentado por el expresidente Martín Vizcarra (2018-2020) para anular la inhabilitación por 5 años que le impuso el Congreso de la República.
Como se recuerda, Vizcarra Cornejo fue sancionado por el Parlamento en 2022 por la presunta infracción del artículo 126 de la Constitución Política, en su condición de exministro de Transportes y Comunicaciones.
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En el informe final de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) se señaló que el exmandatario no renunció a sus acciones en la empresa C y M Vizcarra SAC cuando ejerció el cargo de titular del MTC.
En el documento se concluye que Martín Vizcarra cometió infracción constitucional en cuanto a la prohibición de intervenir en la dirección o gestión de empresas y asociaciones privadas en el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski (PPK).
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En su resolución, el tribunal no advirtió vulneración alguna al debido procedimiento parlamentario y recalca que se ha hecho en el marco de las competencias exclusivas y excluyentes del Congreso de la República.
Asimismo, indica que el informe de determinación de los hechos, pertinencia de las pruebas y recomendaciones tampoco vulnera algún derecho fundamental de Vizcarra, en tanto solo hace un recuento de todo lo actuado y lo que estaría pendiente de realizar.
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Del mismo modo, refiere que el expresidente fue debidamente notificado para cada una de las sesiones que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales programó y que el exmandatario está cuestionando las competencias exclusivas y excluyentes del Congreso, mas no una vulneración a su derecho fundamental a la defensa.
Finalmente, el TC acotó que la resolución legislativa que consigna la inhabilitación aprobada contra Martín Vizcarra “sí contó con las garantías mínimas para su expedición, toda vez que no se advierte vulneración alguna a los derechos fundamentales invocados”.
Cabe recordar que el informe aprobado por el Congreso parte de la acusación constitucional que presentó en el 2019 la exparlamentaria Yeni Vilcatoma, quien señaló que Vizcarra Cornejo habría tenido participación en la empresa Obrainsa.
Si bien la conclusión del documento es que no existen elementos suficientes para demostrar que el exmandatario realizó actos a favor de Obrainsa, se propuso sancionarlo con la inhabilitación de la función pública por cinco años.
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Igualmente, manifestó que el expresidente habría favorecido los intereses económicos de la empresa Obrainsa con la adjudicación de obras públicas mientras desempeñaba el referido cargo.
El exmandatario ya había sido inhabilitado para ejercer cualquier cargo público por el caso de la vacunación irregular con dosis de Sinopharm, caso conocido como el ‘Vacunagate’, razón por la cual no pudo recibir su credencial de congresista electo por Somos Perú.
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Además, el pasado 11 de junio el Congreso aprobó una tercera inhabilitación contra Martín Vizcarra, esta vez por la disolución del Parlamento en el 2019.
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